Insistimos en que se trató de un hecho histórico porque, gracias a lo decidido por la Corte, Colombia empezó a liderar una tendencia mundial de 75 países que hoy protegen de manera amplia y brindan garantías para la autonomía reproductiva.
A nivel de América Latina, en la actualidad, 28 millones de mujeres y personas con capacidad de gestar viven en países que permiten plenamente el aborto a solicitud, con límites gestacionales variables: 24 semanas en Colombia,14 en Argentina, 12 en Cuba, Uruguay, Guyana Francesa y varias entidades federativas mexicanas y 8 en Guyana.
Nuestra apuesta desde el Movimiento Causa Justa siempre ha sido la eliminación total del delito de aborto voluntario. Con la demanda que presentamos en septiembre de 2020 aspirábamos a que el marco legal colombiano sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) regulara este servicio solo desde el enfoque de la salud como ocurre en Canadá, el distrito capital de Australia y el estado de Nueva York. En esos lugares ya se eliminó completamente la criminalización y la evidencia demuestra que más del 90% de quienes buscan un aborto lo hacen en las primeras semanas.
Los datos mencionados demuestran que cuando el acceso al aborto se garantiza de manera libre y segura, las mujeres se sienten más seguras y confiadas al acercarse a los servicios de salud.
No obstante, también confirman lo que numerosos estudios y expertas en derecho y salud pública han indicado durante años: la penalización no reduce la cantidad de abortos, sino que obliga a las personas a buscar procedimientos en condiciones inseguras que pueden poner en riesgo su salud y su vida.
De hecho, en marzo de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó nuevas directrices sobre el servicio de aborto y pidió a los estados del mundo despenalizarlo completamente. En esa guía técnica, la OMS recomendó liberalizar las leyes que regulan la IVE y no criminalizar el acompañamiento, la circulación de información y métodos para interrumpir el embarazo.
El organismo internacional reiteró que el aborto es un servicio esencial de salud que no debe postergarse. Es fundamental tener en cuenta que a nivel global 6 de cada 10 embarazos son no deseados y que en 3 de cada 10 embarazos las personas deciden la interrupción voluntaria, pero el 45% de esos procedimientos se realizan en condiciones inseguras.
Es esperanzador notar que a nivel nacional el panorama en materia de derechos reproductivos sigue evolucionando. El Estado colombiano ha demostrado compromiso en la implementación de esta decisión con la expedición de un marco regulatorio integral, a través de la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud.
Este documento determinó instrucciones oficiales a todo el sistema de salud sobre cómo debe darse cumplimiento a la jurisprudencia existente (Sentencias C-055 de 2022, C-355 del 2006 y SU-096 de 2018) sobre acceso a la IVE para garantizar acceso a ese servicio sin barreras.
Hoy nuestra legislación puede servir de inspiración para cientos de mujeres que siguen luchando en países como El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Jamaica, Haití, Suriname y Honduras, donde el aborto es criminalizado en todas las circunstancias, incluso cuando la vida de la gestante está en peligro.
Y específicamente en El Salvador donde hay un preocupante fenómeno que causa la criminalización de las emergencias obstétricas, con penas de hasta 50 años de prisión. De hecho, ya empezamos a ser referentes para el norte global, pues hoy las mujeres y personas con capacidad de gestar en Estados Unidos enfrentan barreras para acceder a este servicio, luego de que la Corte Suprema eliminara la protección federal para el derecho al aborto que había sentado el precedente de Roe vs. Wade, cuya defensa litigamos hasta el final desde el Centro de Derechos Reproductivos.
Colombia se unió hace una año a la gran marea verde que recorre el continente luego de que Argentina y México también avanzaran con marcos legales garantistas para acceder al aborto.
Sabemos que la lucha por nuestros derechos debe ser colectiva y sin fronteras, por eso desde el movimiento Causa Justa continuaremos apostando a la transformación del diálogo para que más personas entiendan que la decisión sobre continuar o no un embarazo es una elección que afecta profundamente el proyecto de vida y que debe ser tomada libremente.
Seguiremos alentando un debate público calificado, democrático y constructivo, que permita que en cada vez más partes del mundo se reconozca a las mujeres como sujetos plenos para tomar decisiones y participar en democracia.
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