Colombia reclama mayor transparencia en lo estatal

Colombia reclama mayor transparencia en lo estatal
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Juliana Uribe Villegas

Lo más alarmante de esta situación es que el país se está acostumbrando a ver con impotencia los escándalos que atentan contra los bolsillos de todas las personas, gracias a la ya sabida poca efectividad o negligencia que hoy tienen los mecanismos y entes de denuncia y sancionatorios en Colombia. Esto, sin duda, ha contribuido al quiebre de confianza de la ciudadanía con las entidades del Estado, los líderes políticos, servidores públicos y demás instituciones. No sorprende entonces que la corrupción sea la principal preocupación de la ciudadanía según todas las encuestas. Por eso, quien llegue al Palacio de Nariño en agosto, debe poner como una de sus prioridades la lucha contra la corrupción.

Este panorama, entonces, pone en tela de juicio el interés real, la independencia y la capacidad de las instituciones estatales para garantizar un óptimo uso de los recursos públicos, tanto en el nivel central como en el local, lo cual le demanda a la ciudadanía un compromiso para tomar acción desde el control político, la participación y la veeduría ciudadana para promover un ejercicio que le garantice a toda Colombia un Estado transparente.

Este no es un tema menor, por el contrario, reclama cambios estructurales que se deben dar en las diferentes instancias del poder público, privado, y en la misma cultura ciudadana.

Entendiendo estas problemáticas, en Movilizatorio decidimos trabajar de la mano de la ciudadanía desde diferentes frentes. Uno de ellos es la apertura de espacios como El Avispero y Avispando a la Capital, formatos diseñados para incentivar la participación ciudadana en la agenda electoral y conocer los programas de las candidaturas.

Gracias a esto, hemos identificado que una de las principales exigencias de la ciudadanía está relacionada con la muerte política para aquellos funcionarios que se ven vinculados a casos de corrupción, además de exigir la recuperación de todos los dineros perdidos, algo que ni siquiera debería ser pedido en el marco de un Estado que vela por los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos. En esta misma línea, existen otras peticiones como la imprescriptibilidad de los delitos en contra del Estado, y la extinción de dominio de la familia del delincuente hasta el segundo grado de consanguinidad.

Es por esto que las y los colombianos necesitamos contar con el apoyo del poder legislativo para hacer vigente una ley anticorrupción que ataque el problema de raíz y brinde herramientas óptimas para investigar y sancionar la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Ahora bien, como sociedad tenemos una responsabilidad enorme de cara a las elecciones que estamos próximos a vivir: cada uno de nosotros debe analizar y buscar en las propuestas de los candidatos las respuestas a estas problemáticas que vivimos a diario.

Entre los candidatos mucho se habla de luchar contra la corrupción, y por eso entramos a analizar sus propuestas concretas en el tema y si dan solución en cierta medida a estas problemáticas. Algunos ejemplos los podemos encontrar en la propuesta de reforma política de Sergio Fajardo o la propuesta de reforma a la justicia que hace parte del programa de gobierno de Gustavo Petro. De igual manera vemos como Enrique Gómez y Federico Gutiérrez, proponen aumentar las penas para funcionarios públicos corruptos, o lo planteado por Rodolfo Hernández y Gutierréz de reformar el Inpec.

Adicionalmente, propuestas asociadas al mejoramiento de los procesos de contratación pública mediante el uso de pliegos y proyectos, y el fortalecimiento de la transparencia de los mismos, se logran identificar en los programas de Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

Por su lado, candidatos como Sergio Fajardo e Íngrid Betancourt apuestan por un robustecimiento a nivel institucional que permita garantizar una óptima labor de investigación y sanción para los funcionarios que se vean involucrados en delitos contra las arcas del Estado. Hacen falta en general propuestas que vayan más allá de lo punitivo y las reformas legislativas y aborden el tema también como un cambio de cultura.

Llegó el momento de un nuevo liderazgo en el país que comenzará el próximo agosto. Nuestro voto cuenta para buscar un camino coherente con esta necesidad urgente de luchar contra la corrupción y defender los derechos ciudadanos, para que todos estos recursos, además, se vayan a atender tantos temas urgentes que existen en el país en materia social y de desarrollo. 

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