Colombia y Perú en mora de garantizar los derechos de las mujeres migrantes

Colombia y Perú en mora de garantizar los derechos de las mujeres migrantes
Foto Angélica Rodríguez(2).jpeg

El pasado 12 de julio, Amnistía Internacional (AI) emitió el informe Desprotegidas: violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú, en el que expone que las autoridades de ambos países están fallando en la tarea de garantizar los derechos de las mujeres venezolanas a una vida libre de violencia y discriminación.

Para hacerle frente a este tipo de desafíos, que requieren esfuerzos concretos para lograr la protección necesaria, merece la pena resaltar iniciativas como Every Woman Treaty (EWT), coalición global que impulsa un nuevo marco normativo global específico para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. En la investigación realizada por EWT se ha encontrado que en los marcos normativos existentes subsisten vacíos de protección para las niñas y mujeres frente a la violencia, tanto a nivel normativo, geográfico y de implementación, por lo que la normativa vigente es insuficiente.

Recordemos que Colombia y Perú son los dos principales países receptores de la población venezolana refugiada, con aproximadamente 1.8 y 1.29 millones respectivamente. En los últimos años se observa una tendencia que da cuenta de un proceso de feminización de la migración. En Colombia, las migrantes y refugiadas venezolanas pasaron de ser el 47% en 2017 al 50% en la actualidad y en Perú el incremento fue del 47% al 58% durante el mismo periodo.

Algunos datos útiles para entender la situación

Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas están expuestas a múltiples violencias basadas en género (VBG). Para esta población en Colombia, según el Observatorio Nacional de Violencias de Género, las cifras de VBG pasaron de 2.430 casos reportados en 2018 a 4.165 en 2020. En Perú, de acuerdo con los registros de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), estas cifras pasaron de 1.384 casos en 2019 a 1.818 en 2021.

Según el reciente informe de AI, las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas enfrentan múltiples VBG en distintos espacios. Durante el tránsito, pueden verse obligadas a tener sexo para poder transportarse o sufren acoso y/o violencia sexual en los pasos fronterizos no formales. Igualmente, durante esta etapa aumentan las posibilidades de que sean víctimas de grupos armados organizados o de ser captadas con fines de explotación laboral. Las VBG también se ejercen en el interior de los grupos de caminantes, cuando las mujeres que buscan seguridad se unen a grupos de hombres.

En la etapa de asentamiento, debe hacerse especial mención a la violencia intrafamiliar y en el ámbito laboral. En Colombia, según el Sivige, el 80.89% de los casos de violencia en contra de mujeres venezolanas ocurrió en la vivienda y; en Perú, el Programa Aurora señala que la violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas al interior de sus hogares aumentó del 75% en 2018 al 80.89% en 2020.

A nivel laboral, tanto en Colombia como en Perú las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas han encontrado obstáculos significativos a la hora de vincularse a un trabajo digno, en razón de su nacionalidad.

“A mí me pasó, llegando dije, voy a buscar trabajo, yo me voy así sea a vender tintos [café], vi que buscaban personal en panaderías, a varias partes fui. Lo primero que preguntaban era la nacionalidad, claro por el acento. ‘no, no, aquí no contratamos venezolanos’ de una vez.” Liz, mujer venezolana en Colombia.

“Llegué con una oferta de trabajo que terminó en amenazas y en acoso, y cuando me di cuenta de que estaba en riesgo, no me importó ni que no me pagaran, sino que quise, así como borrarme. Y así… ese fue mi comienzo.” Yenny, mujer venezolana en Perú.

Causas y desafíos

Dentro del informe de AI se señala que las principales causas que explican la violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en Perú y Colombia giran en torno a 5 elementos: la xenofobia; los mitos sobre la inseguridad provocada por la migración en las ciudades; los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres; el cambio en los roles de género en las relaciones de pareja o familiares durante el proceso migratorio y; el desafío a los roles de género preestablecidos socialmente.

Si bien es cierto que Colombia y Perú cuentan con marcos normativos para atender y sancionar las VBG, los datos expuestos demuestran que sobre el tema en general, y para las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en particular, existen desafíos mayúsculos. En primer lugar, no hay un acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria, principalmente porque las mujeres no reciben la información al respecto.

“Yo no sabía nada, no tenía información, pensé que a nosotros los migrantes como no teníamos documentos ni nada, las instituciones que hay en Colombia no nos podía ayudar.” Jazmín, mujer venezolana en Colombia.

En segundo lugar, hay una percepción generalizada de impunidad y de falta de efectividad de la justicia, lo que desincentiva a muchas mujeres a denunciar las VBG. A esto se suma la brecha en el acceso a la información sobre las rutas de atención para las personas sobrevivientes de VBG y el desconocimiento de los derechos y requisitos por parte de los funcionarios encargados de atender a sobrevivientes de VBG.

“Tú llegas a denunciar, yo lo hice. Yo fui a la comisaría la primera vez y no se me olvida la expresión del policía. Me miró de arriba abajo y me dijo: ‘veneca’.” Carmen, mujer venezolana en Perú.

También se identificaron deficiencias tales como la falta de disponibilidad y acceso a albergues temporales para sobrevivientes de VBG, que afecta en particular a las mujeres migrantes, quienes no cuentan con redes de apoyo y; la falta de recopilación adecuada de información estadística que permita diseñar políticas públicas que aborden el impacto diferenciado de estas violencias para las mujeres venezolanas.

Recomendaciones

El informe de AI propone una serie de recomendaciones en seis áreas: 

1. Acceso a la protección internacional: reforzar y ampliar la difusión de información para personas venezolanas sobre el acceso a la protección internacional y otras formas de regularización migratoria, así como capacitar a los funcionarios sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes.

2. Acceso a la justicia: implementar campañas masivas de información sobre las rutas de atención en casos de VBG. Igualmente, garantizar que todas las instituciones que atienden a supervivientes de VBG cuenten con protocolos sólidos de atención.

3. Atención y prevención de la violencia basada en género: mejorar la recopilación de datos sobre las VBG desglosados por género, orientación sexual, edad, discapacidad, relación entre el agresor y la víctima, y condición de migrante o minoría étnica de la víctima y; garantizar que los datos se revisen periódicamente y puedan servir para fundamentar la elaboración de políticas.

4. Acceso a la salud: adoptar medidas para garantizar una atención en salud integral para las personas sobrevivientes de VBG, independientemente de su estatus migratorio.

5. Combatir la estigmatización y discriminación: rechazar el uso de lenguaje que estigmatice, violente, desacredite o discrimine a las personas por su nacionalidad, comenzando por las autoridades y; desarrollar campañas de información y sensibilización para la población en general.

6.Cooperación internacional: fortalecer las respuestas estatales a las VBG, garantizando que la asistencia técnica u otros programas de la cooperación contemplen solicitar compromisos de las autoridades y dedicar recursos financieros para atender este desafío.

En ese orden de ideas, la propuesta de EWT complementa, refuerza y amplía las recomendaciones al ofrecer un conjunto de estrategias que han probado reducir drásticamente los índices de violencia contra mujeres y niñas. Dentro de ellas se destacan las estrategias de reforma de las leyes que perpetúan la violencia y el cierre de brechas legales; la formación específica para los funcionarios que enjuician a los agresores y atienden a las supervivientes; el desarrollo de campañas educativas de prevención de las VBG; la oferta de servicios para que las supervivientes reciban tratamiento y protección y; el desarrollo de un fondo que permita la implementación de las iniciativas.

Este proyecto ha encontrado respaldo en líderes mundiales como el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, las galardonadas con el Premio Nobel de la Paz Jody Williams, Shirin Ebadi y Tawakkol Karman, y la ex relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, la profesora Rashida Manjoo. Recientemente, durante la Segunda Sesión Plenaria de la IX Cumbre de las Américas, el saliente presidente de Colombia, Iván Duque, y la OEA, a través de su Secretario General, Luis Almagro, hicieron eco de este llamamiento abanderado por EWT, que tendría un efecto positivo en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas y que entraría a reforzar de manera sustantiva las recomendaciones formuladas por AI para garantizar los derechos de las mujeres migrantes.

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