Comisión Accidental del Senado hará seguimiento a la minería de carbón en el Caribe

Comisión Accidental del Senado hará seguimiento a la minería de carbón en el Caribe

El pasado 8 de septiembre de 2021, la mesa directiva del Senado de la República expidió la Resolución 037, mediante la cual se crea la Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano. 

En la proposición de la Comisión, hecha por nueve senadores en marzo del presente año, plantean la necesidad de estudiar y revisar, junto con la sociedad civil y la academia, los impactos causados por los proyectos carboníferos en el marco de las obligaciones estatales.

Dicha Comisión Accidental se crea en un momento crucial. De una parte, organismos internacionales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Ipcc) y el Banco Mundial, en sus recientes informes advierten sobre los efectos devastadores del cambio climático y la necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir las emisiones de CO2, fortalecer la adaptación al cambio climático y transitar a una nueva matriz energética.

De otra parte, los países vienen adoptando planes de recuperación económica para superar la crisis causada por la pandemia del covid, la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, en los que, como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), poco se corresponden con los compromisos globales en materia de cambio climático y sostenibilidad ambiental.

En este contexto global, que tiene implicaciones en el contexto nacional, Colombia aparece como una economía altamente dependiente de las exportaciones de materias primas, que se vieron afectadas durante el 2020 y 2021 por la pandemia.

Según Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el sector minero redujo su operación en un 75 por ciento. Esta contracción significó para la minería de carbón a cielo abierto de los departamentos del Cesar y La Guajira una crisis que, según las empresas trasnacionales mineras, obligó la suspensión de sus operaciones, la renuncia de sus títulos mineros y la declaración de insolvencia, como son los casos de Glencore de origen suizo (que opera en Colombia como Prodeco), y Consolidate Natural Resources de origen estadounidense (que opera en el país como Colombian Natural Resources (CNR)).

La dependencia económica del carbón de los departamentos del Cesar y La Guajira los ha hecho altamente vulnerables ante el declive en la demanda de carbón y la caída de precios internacionales, que aunque muestran una importante recuperación en 2021, se enfrentan a una crisis estructural impulsada por los avances en la implementación de agenda global ambiental, la transición energética y la renuncia progresiva del consumo de combustibles fósiles en Estados Unidos y Europa.

El informe sobre el comportamiento del mercado del carbón térmico y sus implicaciones para la economía de La Guajira y Cesar, advierte sobre los efectos que tendría para las economías de estos departamentos esta crisis estructural, la cual ya mostró sus efectos en 2020 y 2021 con el despido de trabajadores, la pérdida de empleos indirectos, la contracción de la economía local y la suspensión de sus obligaciones ambientales y sociales.

Esta situación pone de nuevo en la agenda pública la necesidad de debatir y tomar decisiones sobre los impactos de la minería de carbón a cielo abierto en el corredor Cesar, La Guajira y Magdalena.

La minería de carbón ha representado, de una parte, enormes ganancias para las compañías mineras, y de otra, la pérdida de la diversificación productiva, la riqueza ecológica y la vulneración a los derechos humanos tras más de 30 años de explotación. Y no se ha observado un mejoramiento de los índices de calidad de vida de la población de estos departamentos (que alcanzan un 46,8 % de pobreza multidimensional para el caso del Cesar, un 72,7 % para La Guajira y un 47 % para el Magdalena, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) en las proyecciones de 2020).

Esto sin contemplar los impactos sobre las fuentes hídricas y la pérdida de la cobertura vegetal del bosque seco tropical, considerado como un ecosistema estratégico que requiere de medidas urgentes para su protección.

Sin mayor análisis y debate técnico y político sobre la minería de carbón en un contexto de crisis climática global, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, se ha propuesto hacer de la minería un eje central en la reactivación económica para la pospandemia, buscando diversificar la matriz mineral, facilitando la inversión directa mediante incentivos que ayuden a reducir los costos de producción para alcanzar una mayor competitividad y de esta manera insertarse en el mercado asiático.

Esta propuesta, aunque la presentan como parte de la ecuación de la política de transición energética, se propone continuar con la explotación de carbón a través de medidas de compensación, pese a que el carbón es uno de los recursos que más contribuye a las emisiones globales de CO2, independientemente de dónde se extraiga y dónde se queme.

El programa de reactivación económica del Gobierno Nacional logró, en los últimos meses, dar vía libre a la renuncia de los títulos mineros que la empresa Prodeco tiene en el Cesar que, pese a su supuesta crisis financiera, se hizo propietaria de la totalidad de la operación de la mina de Cerrejón en La Guajira, y facilitó la adquisición de la totalidad de las acciones de la compañía Colombian Natural Resources en reorganización, por parte del Fondo Key Industries.

En este mismo sentido, el Gobierno viene realizando rondas mineras en las que está ofertando nuevas Áreas Estratégicas Mineras, delimitadas en el departamento del Cesar, particularmente en la Serranía del Perijá, donde se han presentado disputas jurídicas entre el Estado, las empresas mineras y el Pueblo Yukpa (al que en una reciente decisión de la Corte Constitucional se le ampara su derecho a la Consulta Previa, el debido proceso y la diversidad étnica y cultural, ordenando a la entidades competentes, abstenerse de otorgar títulos mineros, hasta tanto no se sanee y delimite su territorio).

Ante las crisis climática global y económica los impactos históricos de la minería de carbón y la agenda de reactivación económica del Gobierno Nacional, la recién creada Comisión Accidental del Senado tiene el reto de realizar un estudio juicioso de la actividad minera de carbón a gran escala en la región Caribe y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales aplicables a la actividad.

Esto debe hacerse desde una perspectiva de derechos humanos con el fin de hacer un control político adecuado a las entidades que participan en la promoción, inspección, vigilancia y control de los actores en toda su cadena de suministro.

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicales, sociales y las comunidades de la región Caribe que venimos haciendo un seguimiento a las operaciones mineras y hemos documentado los daños que esta ha acarreado para los ecosistemas, la economía y los pobladores de este territorio, estamos dispuestas a participar en las actividades que adelante la Comisión, promoviendo el debate con información, conocimiento y propuestas sobre la necesidad de avanzar decididamente en un proceso de transición socioecológica justa con garantías para la participación política frente a un asunto tan relevante para la región, el país y el mundo. 

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