Consejos de Juventud: ¿vencerán inercias de la política tradicional?

Consejos de Juventud: ¿vencerán inercias de la política tradicional?

Antes de que termine el 2021, los jóvenes colombianos de 14 a 28 años podrán elegir a sus representantes y ser elegidos en los Consejos de Juventud. 

Estas elecciones son una buena noticia y toda una novedad. Primero porque se diferencian de los demás espacios formales de participación del país por la forma en que serán seleccionados los consejeros y consejeras. Y segundo, porque se producirán en un contexto altamente convulsionado en el que, precisamente, los jóvenes han ganado centralidad.

La pregunta es si los jóvenes lograrán aterrizar sus demandas en estos Consejos y apalancar transformaciones desde allí.

Una respuesta cautelosa es que los Consejos de Juventud pueden jugar un papel relevante si superan dos inercias: aquellas que son propias de los espacios formales de participación, que los llevan a funcionar de manera desconectada. Y las del juego electoral. Para ello deben hacer de esta votación una fuente de legitimidad y no solo una plataforma para futuras elecciones.

Sobre los Consejos

La Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil de 2013 definió en su capítulo tres a los Consejos como espacios de encuentro entre instituciones y jóvenes para la consulta, concertación y control social de las acciones y políticas públicas sobre juventud.

La ley creó todo un sistema que, como lo señala Foro Nacional por Colombia “…contempla la intervención de organizaciones, redes, plataformas y jóvenes en escenarios de participación como los Consejos de Juventud: Consejo Nacional, Consejos departamentales, Consejos municipales, Distritales y Locales; las Plataformas departamentales, municipales, distritales y locales de Juventud y el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud”.

Sin embargo, la elección de consejeros y consejeras, era un pendiente. En 2018, mediante la Ley Estatutaria 1885 se convocó la elección de los Consejos Municipales, Locales y Distritales de Juventud, pero el proceso se frenó hasta el 2021. Actualmente hay más de 7.200 listas conformadas por cerca de 40 mil candidatos que irán a las urnas en tres meses.

Una fórmula repetida

Colombia cuenta con más de 25 espacios participativos locales creados por leyes nacionales. Allí se encuentran los Consejos de Planeación, los Consejos de Desarrollo Rural, los Comités de Justicia Transicional, y los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia, entre otros.

En cada uno de estos espacios, la institucionalidad invita a sectores ciudadanos relevantes (el número y diversidad de sectores varía de espacio a espacio) para que conozcan, recomienden o colaboren con las respectivas políticas públicas. Los Consejos de Juventud llegan a engrosar la lista.

Las ciudades capitales y los municipios más grandes tienen la capacidad de impulsar estos espacios (así no siempre lo hagan), pero en los municipios pequeños cada nueva instancia entra a competir con sus pares por recursos que son escasos, empezando por el tiempo de los funcionarios que organizan y asisten a estos espacios.

Adicionalmente, tienden a concentrarse en sus sectores y operan como silos. Desde una mirada territorial, la agenda de la planeación, desarrollo rural, las víctimas, paz y la agenda de los jóvenes (por mencionar solo algunas) no están desconectadas, pero la existencia de un consejo para cada uno de estos sectores no ha colaborado con la integración.

Estas inercias no solo dependen del papel de las personas que integran los espacios de participación, muchas veces altamente comprometidos con su territorio. Más bien son producto de un diseño institucional que repite la siguiente fórmula: créese por ley una política para el sector X que tenga su respectivo Consejo X.

De hecho, un propósito muy interesante que quedó plasmado en las bases del Plan de Desarrollo del actual Gobierno era la racionalización de instancias de participación. Desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP) vimos este propósito como una oportunidad e hicimos el llamado a que la racionalización no se entendiera como una restricción, sino como un mejor arreglo, que les permitiera a territorios tener más autonomía sobre los ejercicios participativos a impulsar. Sin embargo, los Consejos de Juventud entrarán en operación sin que ese propósito sea una realidad.

Una fuente de legitimidad

Hay que reconocer que la selección de los delegados a los Consejos de Juventud mediante elecciones es una novedad muy interesante. Quizás no deba ser la regla para todos los espacios de participación, pero ayuda a resolver dudas sobre la representatividad de sus integrantes. Es decir, un consejero o consejera de juventud elegido por los mismos jóvenes adquiere un respaldo democrático que no tendría si fuera designado por la autoridad local.

La ley señala unos porcentajes de composición del Consejo: 30 % postulados por procesos y prácticas organizativas; 30 % jóvenes de partidos o movimientos políticos; y 40 % de listas de jóvenes independientes. Por lo tanto, las elecciones de diciembre permitirán que los jóvenes se fogueen en política, lo que podría convertirse en un semillero de nuevos liderazgos. La clave, en todo caso, está en que estas elecciones no se permeen (o no se permeen demasiado) por prácticas de sectores políticos tradicionales.

El fuerte descontento ciudadano que presenciamos hace unos meses recoge múltiples agendas no necesariamente conectadas, pero que pusieron a la juventud en el centro del debate y el interés público.

Esto es así porque grupos distintos de jóvenes -como los estudiantes, o las llamadas primeras líneas- fueron asumiendo la vocería de la movilización y demostraron ser el corazón de las protestas. Quienes resulten electos para los Consejos de Juventud deben reconocer que detrás del descontento hay una fuerte crisis de representatividad que no deben reproducir.

Al contrario, deben, como representantes de los jóvenes, estar a la altura del momento y, sin pretender que en los Consejos de Juventud estén todas las soluciones, ayudar a que este espacio de participación aporte a la profundización democrática del país. 

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