Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Al sur del municipio de Buenaventura, casi en los límites del Cauca, se encuentra el consejo comunitario de Yurumanguí, un territorio colectivo de comunidades negras, organizado alrededor de 13 veredas a lo largo del río.
A estas comunidades les vengo siguiendo la pista desde el 2005 cuando las visité por primera vez y estoy en permanente comunicación con algunos de sus líderes. Ese primer viaje ocurría en un contexto complejo.
En ese momento, los ríos de Buenaventura estaban en relativa “paz”, el territorio era controlado por las antiguas Farc, pero no había disputas por el territorio. De alguna manera, las lógicas comunitarias y la vida de los líderes eran respetadas. La gente se estaba recuperando de la masacre y desplazamiento que ocurrió en el 2001 en la vereda El Firme.
Sin embargo, la zona urbana estaba en zozobra. Las AUC controlaban el territorio y la gente tenía miedo. Ir de la zona rural a la urbana, o viceversa, implicaba un riesgo, pues era cambiar de grupo armado y todo generaba sospecha.
10 años después regresé al río en el año 2015 en plena negociación de paz y cuando las Farc ya habían acordado el cese al fuego unilateral. La tranquilidad del momento nos permitió recorrer todo el río hasta la última comunidad, la vereda de Juntas, casi en los límites con el Parque Nacional Los Farallones de Cali.
Este recorrido me marcó profundamente, algo que narré en tres entregas para la revista Semana (1, 2, 3), pues además de vivir un paisaje espectacular, pude conocer de primera mano la organización comunitaria, en particular su resistencia a la minería ilegal. En ese recorrido, vi un río de aguas cristalinas, un bosque intervenido para cultivos de pancoger y una biodiversidad maravillosa.
Para ese entonces estudiaba el impacto de la ley 70 y la titulación colectiva de Yurumanguí ejemplificaba perfectamente los beneficios de formalizar los derechos de propiedad: acción colectiva para manejo del territorio, formalización de reglas para regular los recursos, fortalecimiento de la autoridad local.
En el 2017, colegas con quienes estudiábamos la presencia de cultivos de coca en la región regresaron para documentar la resistencia de la comunidad a los cultivos de coca, un fenómeno que ha comenzado a crecer en la zona rural de Buenaventura, aunque representa menos del 2% de la coca de la región del Pacífico. A pesar de las tensiones por la economía ilegal que amenazaba con expandirse en la zona, la relativa calma continuaba.
Cinco años después, regresamos para trabajar en los retos de la formalización minera. El coordinador de campo, Edison Valencia, líder comunitario y minero artesanal nos alertó que era mejor no entrar al río. La situación estaba difícil.
Desde el acuerdo de paz, diferentes grupos se disputan estos territorios y no era conveniente. Un mes después, el 28 de noviembre del 2021, Édison Valencia y Abencio Caicedo, líderes del consejo, fueron desaparecidos por disidencias de las Farc. Desde entonces las comunidades del río entraron en un espiral de confinamientos, desplazamientos y ocupación de sus territorios. Algo que hasta entonces no habían vivido.
#AlertaComunidadesNegras Confinamiento y desplazamiento inter territorial de comunidades negras del Río Yurmanguí zona rural de Buenaventura, por enfrentamiento entre grupos armado en la vereda Veneral del Carmen. @DefensoriaCol @ONUHumanRights @MisionONUCol @onucolombia pic.twitter.com/m1c0pBxSpZ
— PCN (@renacientes) February 26, 2023
Desde el pasado viernes 24 de febrero, último día en el que se adelantaba la asamblea de elección de la nueva Junta del Consejo Comunitario en Yurimanguí, se vienen presentando enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la parte baja del río Yurumanguí, específicamente en la vereda Veneral del Carmen.
Estos hechos han generado desplazamiento interno y autoconfinamiento por las comunidades, mientras se espera una respuesta en materia de seguridad. La comunidad sigue decidida a permanecer en el territorio, pero la resistencia comunitaria en medio de esta crítica situación de inseguridad y presencia de actores armados es cada vez más complicada y aumenta el riesgo para los líderes y lideresas.
El caso de Yurumanguí, que conozco de primera mano, y los momentos intermitentes que narro ilustran lo que han vivido las comunidades de la región en los últimos 30 años.
Desde la década de los noventa las comunidades negras han vivido ciclos de violencia y paz relativa en sus territorios, pero no han alcanzado la paz total. Por el contrario parece que con el tiempo todo se recrudece. Sus territorios, que se traslapan con las rutas de economías ilegales, son el escenario de la confrontación y las disputas territoriales entre grupos armados ilegales.
El Estado, más allá del reconocimiento de los derechos de propiedad colectiva, no ha logrado una presencia efectiva en el territorio y carece del monopolio de la fuerza. Las visitas intermitentes de la Armada y el Ejército, sobre todo en épocas de elecciones, no son garantía para las comunidades.
En Buenaventura urbana hubo una ilusión de paz con la tregua entre los “Espartanos” y los “Shottas”. Sin embargo, aún no hay una mesa con el gobierno nacional y no es clara la sostenibilidad de este acuerdo.
Las extorsiones continúan en la ciudad y las relaciones entre las organizaciones urbanas y las que hacen presencia en la zona rural deben entenderse y abordarse. Las lógicas de presencia territorial de los grupos armados trascienden las fronteras municipales y las autoridades locales no tienen la capacidad para abordar esta situación. Las autoridades municipales, departamentales y nacionales parecen no coordinarse para abordar la situación compleja que viven las comunidades.
No veo actualmente una estrategia de seguridad territorial enfocada en el bienestar de estas comunidades negras del Pacífico. Una estrategia que permita a las comunidades recuperar el control, la libre movilidad y el uso de su territorio.
¿Qué pasó después de la caravana humanitaria que recorrió el medio San Juan y Bajo Calima el pasado mes de enero? ¿Cuál es la ruta de acción para proteger a las comunidades que hoy resisten un nuevo confinamiento?
El Estado y la fuerza pública deben definir la presencia en estos territorios y recuperar su legitimidad. Las comunidades y sus líderes claman por un acuerdo humanitario como primer paso. Pero para que este sea sostenible en el tiempo, el Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza y enfocarse en proteger a las comunidades. Una tarea difícil, debo decir, mientras las rentas de las economías ilegales sean el motor de los grupos armados.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de Amazon Conservation Team (ACT)
