Cuando la solidaridad se vuelve injusticia

Cuando la solidaridad se vuelve injusticia
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Tengo 63 años de edad y 40 de trabajo, 30 de ellos como particular y 10 como servidor público. Acabo de solicitar mi pensión de jubilación y es previsible que la reciba pronto. Pero trabajé muy duro para que con mis ahorros se pensionen dos personas: una, que nunca trabajó, y yo, que trabajé unas 10 o 12 horas al día durante cuatro décadas, dictando clases desde las siete de la mañana (que las preparaba de noche) y trabajando además en horario de oficina. Y eso me tiene con rabia. Hay un punto en que la solidaridad se vuelve injusticia.

Recordemos que los requisitos para obtener una pensión de jubilación, en el régimen de prima media, son dos: cumplir la edad (57 años para las mujeres y 62 para los hombres) y haber cotizado durante 1.300 semanas (25 años).

Además, el aporte para pensión es el 16% del ingreso. Es decir, de cada 100 pesos que yo me gané, 16 pesos se fueron para pensiones.

Y si el trabajador gana más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), como era mi caso, la ley exige aportar para el Fondo de Solidaridad Pensional (como lo dice el artículo 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993), en un porcentaje que varía entre el 1% y el 2% de lo devengado, a medida que sube el salario. Así, si gana 4 smmlv, el trabajador paga de su salario el 1% ($46.400), y si gana 20 smmlv, paga el 2% ($464.000 o más, a medida que el salario sube).

Hay que tener presente que en Colombia la tasa de desempleo es hoy del 11,1%, y el empleo informal es del 53% (los trabajadores informales devengan pero no aportan). ¿Cuáles son las causas de eso? Hay varias causas, pero la más importante es la pobreza. Si tuviéramos mayor inversión y crecimiento económico, habría sin duda más industrias y, con ellas, más empleo.

Otras causas menores son, entre otras: algunos prefieren permanecer en la informalidad para no tener que cotizar, sea porque no les alcanza el dinero (las más de las veces), sea porque se pasa de “vivo” y se quiere ahorrar esa plata; otros, porque no tienen trabajo, a pesar de estar buscándolo; otros, porque no quieren trabajar, de pura pereza, a pesar de que la Biblia dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente (Génesis 3:19).

Como en Colombia hay pobreza, es deber de todos contribuir a paliar esa situación, por razones de dignidad, solidaridad y caridad. La mejor forma de contribuir sería crear empleos formales, como se anotó, pero eso exige capital (lo que implica otorgar estímulos y seguridad jurídica a los inversionistas).

Otra forma de contribuir es pagar impuestos; eso lo hacemos todos los colombianos, pero unos pagamos más que otros. En efecto, en Colombia la composición de los ingresos del Estado es la siguiente: por el impuesto de renta entra el 30% (de los cuales el 1% más rico de la población aporta el 38% y el 10% más rico aporta el 75%); por IVA, el 19% (los más ricos consumen más y pagan más); por otros impuestos nacionales, el 17%; por impuestos locales, el 18%; por parafiscales de nómina, el 7% (los empresarios); por parafiscales de servicios públicos, el 1% (los estratos altos); y por parafiscales de seguridad social, el 8% (también los estratos altos).

Es obvio que los más ricos pagan más impuestos, lo cual está bien, por razones de justicia redistributiva. Pero al mismo tiempo es de justicia que todos paguen algo, que a todos les duela.

Los que no contribuyen al Estado son inmunes. La palabra inmunidad y comunidad comparten la raíz latina "munus", que significa tributo; los inmunes no pagan tributo y la comunidad en cambio sí lo paga en su conjunto. Eso es antidemocrático e injusto. Los que no pagan impuesto tienen una especie de fuero, como en la Edad Media.

Aparte de pensiones, uno también contribuye a la salud y a los servicios públicos de la población más pobre, a través de los aportes de solidaridad, que algunos llaman subsidio cruzado.

El punto es que durante 40 años yo trabajé para recibir una renta básica mensual y otra persona que no trabajó también va a recibir una renta básica mensual, desde luego menor.

Promediando, digamos que en un escenario hipotético yo aporté al Fondo de Solidaridad Pensional $300.000 pesos mensuales de hoy durante 25 años (partiendo del supuesto de una cifra intermedia). Con el interés compuesto anualmente, y a una tasa de interés del 10.6% anual que fija Standard and Poor’s, se conforma un capital por valor superior a cuatrocientos millones de pesos ($409.525.622).

Con ese capital, la persona que no trabajó entonces va a recibir una renta básica mensual en forma gratuita, es decir, sin haber aportado ni un solo peso para ello. Ahora bien, como no hay nada gratis, entonces hay que concluir que "gratis" significa que otra persona paga.

En el caso mío, cuando yo me pensione, nos pensionaremos dos: yo y otro (se dice "otro y yo"). Ese otro no es hijo mío ni el artículo 411 del Código Civil lo incluye entre las personas a las que se deben alimentos. En otras palabras, debo inmolarme de por vida para financiar a alguien que no trabajó y que no es pariente mío.

Entonces llega un punto en el que la solidaridad se vuelve injusticia.

Y se vuelve injusticia porque se rompe la proporción entre fines y medios, porque se estira tanto el caucho que al final se rompe, porque el trabajador que sí aporta al Fondo al final se siente estafado. Y eso acarrea muchos problemas. Veamos:

Primero, un problema ético: la pensión gratuita hace entrar en línea de cuenta la pregunta por los límites de la solidaridad, la presencia de una ética de mínimos, el alcance de la compasión. Este tema es hondo y de él se han ocupado los filósofos (Lévinas, Ricoeur, Rorty, entre muchos otros). Pero en todo caso lo que sí podemos afirmar aquí es que la ética concierne a la naturaleza del ser y debe tener la capacidad de propiciar un ser digno, dueño de sí mismo. Pero una pensión caída del cielo propicia que el beneficiario crea que no tiene deberes y se abandone en los brazos del otro: dejar de ser sí mismo, renunciar a la libertad y, por esa vía, a la dignidad.

Las personas receptoras de la asistencia estatal, abusando del victimismo y dramatizando la desdicha, pasarían a asumir que no tienen responsabilidades sino solo derechos a exigir del “papá Estado” que las financie, en un mundo sin ética, poblado por idiotas morales. La persona vende su dignidad a cambio de pan. El asistencialismo cosifica. Gravísimo.

Por otra parte, desde un problema etimológico. "Solidaridad" proviene del latín "solidus", "sólido", y significa la estabilidad y firmeza con que varias partes se unen; o sea que la solidaridad implica dos personas, implica yo y el otro; pero si una de esas personas hace todo y la otra nada, no hay reconocimiento de la autoconciencia, en términos de Hegel (señor y siervo) y se destruye la solidaridad.

En otras palabras, desde el punto de vista ético, de un lado, para el aportante, es injusto que una persona trabaje 25 años para pensionar a un tercero que no hace nada y que no es pariente; y, para el beneficiario, también es injusto verse reducido a una cosa, pues la dependencia lo instrumentaliza, lo reduce a discapacitado moral. Doble injusticia. De allí el título de este escrito.

Como anota el filósofo del derecho Giorgio Del Vecchio, “cada uno tiene siempre el derecho de cumplir con su deber”. Y, en nuestro medio local, la Corte Constitucional afirma: “Todo fin exige un medio proporcionado para su realización... los deberes son el título jurídico de los derechos consecuenciales” (C-284/15).

Tercero, un problema político. El país, ya de por sí polarizado, se va a dividir en dos: los que aportan durante muchos años a las finanzas públicas a cambio de recibir un ingreso y los que nunca aportan nada, son inmunes, tienen fuero, y también van a recibir un ingreso. Entonces por esa vía va a ser más rentable no trabajar que trabajar. Está bien que a uno le duelan los demás, que uno socorra a los demás, creo que todos tenemos esa emoción. Pero ese noble sentimiento tiene límites, porque hay un momento en donde se pasa al abuso. El ingenuo deviene en tonto, y a nadie le gusta sentirse como un tonto.

Cuarto, un problema económico. En el largo plazo ese asistencialismo se hace insostenible y la economía se derrumbaría, lo cual arrastraría los ingresos del Estado. Fue lo que pasó en Cuba y Venezuela; un "déjà vu". No se puede “mamar” de una vaca a perpetuidad, porque se acaba la vaca y se acaba la leche. Primero hay que “cultivar” las vacas. En este caso la desmotivación para trabajar haría que los empleadores tuviesen problemas para encontrar mano de obra, por ejemplo. Llegaría un momento que los grandes contribuyentes simplemente se acabarían. Y la vaca lechera terminaría.

Cuando reciba mi pensión me pondré muy contento, pero al mismo tiempo tendré la sensación de que alguien me metió la mano al bolsillo durante 25 años de enorme esfuerzo.

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