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Al igual que a Poncho Zuleta, a muchos colombianos estas mañanas lluviosas nos dan ganas de llorar. Pero no a todos se nos cura igual de fácil ese guayabo. Ya empezó otra temporada invernal y, en lo que va, más de 360 emergencias se han reportado a lo largo y ancho del país. ¿A dónde vamos a parar con tanta tristeza, pérdidas y daños que las lluvias y otras amenazas naturales nos dejan?
De las mañanitas de invierno y otros demonios
Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungdr), desde el 16 de marzo de este año, más de 21 mil personas han sido afectadas por esta temporada de lluvias, entre los que se encuentran 30 colombianos que han muerto; 45 han sido heridos y 10 siguen desaparecidos. Además, el último comunicado especial del Ideam recomienda que las entidades encargadas se preparen para las contingencias que las inundaciones, avalanchas, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra puedan ocasionar en los próximos meses de la temporada.
Son tan comunes los aguaceros de mayo en el país que hasta canciones se les han compuesto. Sin embargo, no podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda ante la situación crítica que muchas personas en condición de pobreza y vulnerabilidad enfrentan cada vez más frecuente e intensamente. Que no se nos olvide que estos fenómenos extremos ponen en riesgo hasta los alentadores resultados de la disminución de la incidencia de la pobreza monetaria en el país.
Muchos de estos eventos se desarrollan tan rápido que una parte no despreciable de la gestión del desastre se convierte en una mera acción reactiva más que de prevención. Si bien ya se ha mencionado tantas veces la necesidad de pasar de un Gobierno que actúa cuando el desastre sucede, hacia uno que implemente políticas que ayuden a la adaptación, las últimas emergencias resaltan cómo aún queda mucho trecho en este camino.
La buena noticia es que Colombia fortaleció su sistema de protección social a raíz de la pandemia. Me refiero a esa asistencia del Gobierno para ayudar a las personas y familias, sobre todo en situación de pobreza y vulnerabilidad, a hacerle frente a las crisis, encontrar empleo o incluso protegerlos en la vejez. Mejor dicho, piense en cómo el Ingreso Solidario fue una de las políticas claves para mitigar los impactos socioeconómicos en los últimos dos años.
Traigo este tema porque qué peor crisis que la que se genera ante un evento natural extremo. Muchos hogares pierden sus cosechas. Otros se quedan hasta sin un techo donde vivir hasta tal punto de tener la necesidad de migrar, al menos temporalmente. Si nos acordamos que tanto la exposición como la vulnerabilidad ante una amenaza natural está estrechamente relacionada con la capacidad adquisitiva de los hogares, suena lógico que el sistema de protección social del país también empiece a pensar en cómo ir incluyendo estas crisis dentro de su asistencia social.
Estas crisis ambientales, tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad, son como el inverso del carnaval de Barranquilla: quien lo vive es quien lo sufre. Es por esto que es importante que sean los mismos individuos que conocen tanto las posibilidades como las limitaciones de sus espacios quienes lideren los procesos de adaptación. Sin embargo, en muchas ocasiones, no cuentan con la capacidad suficiente para hacer las inversiones, sobre todo de mediano y largo plazo, necesarias para crear esta resiliencia.
Una ayuda extra, tanto en capacidades técnicas como en alivio de las restricciones presupuestales y de la falta (e incluso imposibilidad) de acceso a los mercados financieros, puede ser la piedra angular de este proceso. Por ejemplo, en un condado de Kenya, Ng’ang’a y otros investigadores encontraron que los ingresos extras de hogares rurales, que provenían de algún miembro que había migrado, estaban siendo invertidos en estrategias de autoprotección ante desastres, incluso en medidas de adaptación de altos costos. Además en un país como el nuestro donde el capital social también se desarrolla en espacios naturales, incluso podríamos esperar una resilencia colectiva y un proceso de adaptación mucho más rápido con el impulso adecuado.
Otro de los puntos preocupantes es que, sin un sistema de protección a poblaciones vulnerables a eventos de desarrollo lento, como las sequías y la pérdida de productividad de los suelos, las migraciones masivas van a ser cada vez peores. En un país como el nuestro, donde el riesgo de desplazamiento por el conflicto armado es alto, sumarle nuevos desplazados como consecuencia del cambio climático no pinta como un buen panorama. Uno tampoco se puede olvidar que el desarrollo personal también está ligado al entorno donde se vive. Es por esto que aumentar la adaptación y la resiliencia in situ, cuando se pueda, debe estar entre las estrategias principales de gestión del desastre. Aunque nadie se va a quedar donde la vida ya es insostenible, la acciones a tiempo pueden evitar estos extremos.
Es urgente incluir la adaptación al cambio climático dentro de las prioridades de la asistencia social del Gobierno colombiano. Una ayuda monetaria del Estado a las personas en condición de vulnerabilidad ante las crisis ambientales, junto con acompañamiento técnico, podría ser parte de nuestro sistema de protección social, acelerar el proceso de adaptación y resiliencia. Incluso, hasta incentivar el cuidado de los ecosistemas boscosos del país y reducir la deforestación.
Si bien parte del problema es pensar de dónde saldría la plata, usted y yo sabemos que el impuesto nacional al carbono y el fondo de estabilización a los combustibles fósiles en el país necesita un ajuste. Podríamos dejar de subsidiar el consumo de gasolina en las personas más ricas del país y empezar a asignar los fondos públicos a quienes más lo necesitan, como lo son los habitantes de las zonas rurales del país donde la incidencia de la pobreza monetaria, a diferencia de las cifras urbanas, volvió a subir. Zonas donde las amenazas naturales son mucho más frecuentes, la vulnerabilidad mucho más alta y el conflicto armado sigue siendo parte del paisaje.
El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad está acentuando las amenazas naturales a las que el país se ve enfrentado. El avance que tuvo nuestro sistema de protección social durante la crisis de la pandemia puede continuar. La búsqueda de la prevención de resultados adversos es parte de la concepción de estos sistemas. Entonces, invertir en adaptación debería ser parte fundamental de estos. Si bien ya hemos visto los impactos positivos de Ingreso Solidario, ¿por qué no empezar a pensar en algo similar para mitigar y aliviar los impactos de las crisis ambientales que los hogares colombianos, sobre todo rurales, están atravesando?
*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.
