¿Debe el DANE hacer la encuesta sobre explotación sexual a los niños?

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Claro que el DANE debe hacer la encuesta, la información es un insumo fundamental para la protección de los niños, pero acogiendo a los estándares nacionales e internacionales de trabajo con niños para no vulnerar sus derechos.

La preocupación de una madre por las preguntas que le haría el DANE a su hija en materia de explotación sexual, a través del Colegio, merece toda nuestra atención (se trata de la Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niños, niñas y adolescentes escolarizados – ECAS 2016). Si bien es absolutamente necesario que el país cuente con información para la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan el bienestar de niños, niñas y adolescentes, al definir los métodos para obtenerla debemos reflexionar sobre sus implicaciones éticas y, especialmente, sobre el cuidado de los menores de 18 años.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la Resolución N° 8430 de 1993 del Ministerio de Salud establece que para que menores de edad participen en procesos de recolección de información es obligatorio contar con el consentimiento informado de la persona que ejerza su patria potestad o representación legal. Adicionalmente, la Resolución pide que a los menores de 18 años se les explique claramente y se cuente con su aceptación para ser sujetos de la investigación.

En este orden de ideas, lo primero que cabe resaltar es que los padres y madres deben poder saber cuál es el objetivo de la encuesta, qué tipo de preguntas incluye, quién y cómo se va a realizar la aplicación, cómo se van a manejar los datos, de qué manera se va a divulgar la información obtenida y qué posibilidad tienen de aceptar o no que su hijo o hija participe en el proceso. Así mismo, los padres deberían saber cuáles son las inquietudes o dudas que puede despertar un cuestionario de este tipo en su hijo o hija, y cómo se pueden preparar para manejarlas.

En segundo lugar, vale la pena tener en cuenta la preocupación genuina de las directivas docentes. Es de vital importancia asegurar que, una vez hecha la encuesta anónima, a sus alumnos se les ofrezca la información necesaria para que, dado el caso, ellos puedan recurrir a una red de apoyo. A través de esa red se debe poder identificar situaciones que les incomodan o les generan malestar o curiosidad.

Ahora bien, las preocupaciones de madres, padres y directivas docentes también revelan un aspecto positivo: que en el país la ciudadanía está cada vez más informada sobre sus derechos y está más dispuesta a participar en las decisiones que le afectan. Esta participación es fundamental cuando se trata de investigaciones que involucran menores de 18 años, más aún en este caso, que se realiza a cerca de 145.000 escolares sobre un tema tan sensible como lo es la sexualidad y, sobretodo, cuando se indaga por experiencias relacionadas con delitos de abuso o explotación sexual.

En Colombia la ya mencionada Resolución también establece que cuando se realizan investigaciones en humanos éstas deben ser revisadas previamente por un Comité de Ética que se encarga de analizar los posibles riesgos, define alternativas para contrarrestarlos y resuelve todos los asuntos relacionados. Algunas de esas medidas en este caso pueden ser las siguientes:

1. Someter a revisión las preguntas para verificar que se adecúan a los diferentes rangos de edad y etapas del desarrollo.

2. Solicitar el consentimiento informado a padres, madres o acudientes y el asentimiento de los niños.

3. Establecer o definir el material informativo para padres, madres, acudientes y personal docente con las preguntas que puede despertar la encuesta en los escolares y la mejor manera de responderlas.

4. Definir un mecanismo para informar a las niñas y los niños que participen sobre las situaciones que pueden ponerlos en riesgo de abuso o explotación sexual y los recursos disponibles en su entorno para atenderlas.

5. Identificar estrategias de divulgación de los resultados de la encuesta que garanticen la confidencialidad de la información pero que faciliten a las personas implicadas establecer alternativas de acción para proteger a niñas y niños de situaciones de abuso y explotación sexual.

 

El debate que ha suscitado esta encuesta, evidencia nuevamente la preocupación que hay en torno al manejo de los temas relativos a la sexualidad de niñas y niños, y la urgente necesidad que tenemos las personas adultas de formarnos para abordar estos asuntos de manera efectiva.

Claro que el DANE debe hacer la encuesta, la información que esta produce es un insumo fundamental para generar estrategias para la protección de los niños y niñas. Pero al hacerla debe acogerse a los estándares nacionales e internacionales de trabajo con niños, los cuales buscan protegerlos de los riesgos que pueden eventualmente generar este tipo de estudios. Pero más allá de esto, el tema es una oportunidad maravillosa para que el DANE involucre a madres, padres, docentes, estudiantes y expertos en la temática, en la definición de un protocolo que se ajuste a los estándares éticos que implica la metodología propuesta. Esta sería una grandiosa muestra de madurez de un país que reconoce, escucha y valida el genuino interés de padres, madres y educadores por participar y aportar, sin poner en riesgo la necesaria información que le urge al país en materia de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 

Carolina Piñeros Ospina

Directora Ejecutiva de Red PaPaz

www.redpapaz.org  @CaroPineros  director@redpapaz.org

*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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