Diego Molano y la guerra de la desinformación

El Ministerio de la Verdad, perdón, el Ministerio de Defensa gasta dinero público en desinformación. Todo, según el muy confuso video del ministro Molano, bajo el amparo de la ley y con la excusa de que las tropas están desmoralizadas. Nada de lo que diga él o cualquier representante del gobierno será suficiente para tapar la verdad: Duque ha transformado a Colombia en una democracia iliberal. 

Las democracias iliberales, como la que está formando el Gobierno Duque, son básicamente las “democracias sí pero no así”, quizá inspiradas en las experiencias de países como Hungría y Polonia: países en los que es posible protestar, crear ONG, publicar noticias o ser críticos del Estado hasta cierto punto, pero con la respuesta del escrutinio por parte del Gobierno y ataques por parte de un aparato comunicativo a favor de este. Un espacio, además, en el que la independencia de las instituciones es absolutamente despreciada o, para ser más precisos, desarmada.

En esos países, los gobiernos han desmantelado el sistema de pesos y contrapesos y del Estado de derecho para que las instituciones que están hechas para salvaguardar la democracia se vuelvan un adorno, un saludo a la bandera, una vergüenza en términos democráticos. Algo que no es difícil comparar con el gobierno Duque y su sello personal de nombrar y ternar a personas en diversos cargos bajo el solo criterio de la amistad de infancia o universitaria. 

Una parte fundamental de este proceso es la cooptación y la inundación del debate público. Durante los últimos años, varios expertos han señalado que algunos gobiernos poco afines con la idea de una democracia plural han aprovechado las ventajas de la libertad de expresión para asfixiar la libertad de expresión de otros. Así, el problema no radica en una falta de información si no en el exceso de esta, en ruido, en estática que difumina cualquier crítica u opinión diversa. Algunos lo llaman “censura en reversa”. 

Así, tranquilamente, los “Molano” del mundo establecen, promueven y defienden todo tipo de “estrategia de comunicaciones” que los ponga en una posición dominante del debate público. No es difícil ver el falso positivo digital del Ministerio de Defensa y pensar en la “brigada web” del gobierno ruso, encargada de diseminar todo tipo de noticias falsas con el fin de promover intereses políticos en lugares estratégicos como Ucrania. 

Es cierto que mentir en Twitter no es delito. El problema está en quién lo hace. El Ministerio de Defensa y, en general, el Gobierno y sus funcionarios, tienen obligaciones de prudencia y respeto de los derechos de terceros al momento de hacer sus expresiones públicas. Es por esto que la Corte Constitucional consideró que Marta Lucía Ramírez no podía andar consagrando al país a la Virgen de Fátima en sus comunicaciones en Twitter. También es por esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Gobierno de Venezuela violó la libertad de expresión de varios periodistas a través de sus declaraciones estigmatizantes. 

Y es por esta misma razón que el Ministerio de Defensa, así Molano diga lo contrario, no actuó dentro del marco de la legalidad al momento de crear una campaña fundamentada en una noticia falsa. Esto es más obvio si se tiene en cuenta que el efecto, ya sea cándidamente indeseado o astutamente planeado, es el de deslegitimizar la crítica pública por parte de la ciudadanía en las redes sociales. Todo parte de un fenómeno clásico de las democracias iliberales: la retórica anti-crítica, anti libertad de expresión del otro, anti voces opuestas. 

Este problema, que no es exclusivo de Colombia, fue señalado recientemente por los relatores de libertad de expresión de la Cidh, de la ONU y de sus pares en Europa y África. Según explicaron estos expertos, los Estados están obligados a brindar garantías para crear un ambiente propicio para que todos ejerzamos la libertad de expresión sin miedo, por lo que estos no pueden “participar ni financiar comportamientos inauténticos coordinados u otras operaciones de influencia en línea que tengan como objetivo influir en las opiniones o actitudes del público o de un sector del público con fines políticos partidistas”.

Contrario a esto, el Gobierno Duque lleva tres largos años de guerra digital: perfilamientos de personas en redes, señalamiento de contenidos como terroristas y, según lo cuenta la Flip, falsos positivos digitales. Todo, mientras las instituciones pierden más y más credibilidad e independencia. El manual iliberal puesto en marcha.