Duque marca tendencia en censura

Duque marca tendencia en censura
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A pocos días de iniciar un año de elecciones, el ambiente para la libertad de prensa que ha formado el gobierno Duque es pésimo. Esto no solo significa que la posibilidad para ejercer la crítica y denuncia durante el año entrante va a ser difícil, sino que puede verse como un aliento para que los gobernantes del futuro se comporten igual. La vanidad y la prepotencia de los gobernantes que son incapaces de construir una imagen a partir de méritos es abono suficiente para acallar la crítica y la denuncia y así hundirnos en el silencio. 

Iván Duque, ese triste representante de la unidad nacional, ha hecho todo lo que tenga a su alcance para desmontar el Estado de Derecho. En este camino, nuestro vanidoso, prepotente y superfluo presidente ha hecho de todo para mantener una imágen limpia. La censura, ya sea por desidia o por voluntad, ha sido su aliada.

Así, Duque hace suficientes méritos para que los galardones de la censura de este año lleven su nombre. Esta es apenas una muestra de lo que nuestro presidente deja como tendencia para quien venga a remplazarlo:

El peor maquillaje

El presidente deja ver en muchos momentos que la libertad de expresión que prefiere es la suya y que se muere por presentar sus propias noticias. Por eso es que nos tuvo durante 15 meses amarrados a la programación de Prevención y Acción y que hizo una autoentrevista en inglés. 

Duque invirtió dineros públicos en autopromocionarse y, aunque a primera vista uno podría decir que un gobernante tiene derecho a mostrar los frutos de su trabajo, esto no es excusa para que esto se convierta en un comité de aplausos. La ley prohíbe expresamente que los funcionarios públicos usen dineros del Estado para publicitarse a sí mismos. Además, los gobiernos tienen una obligación de que sus comunicaciones con el público sean más cuidadosas que las de una persona del común. Que un presidente haga y pague publireportajes es muy dañino para el debate público porque la gente no necesariamente va a entender que él tiene un sesgo enfocado en defender lo que hace. 

La intervención más violenta

La respuesta del Estado a las protestas de este año fue una de las más violentas de la historia. En su visita a Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) registró 1.790 personas heridas según la Campaña Defender la Libertad, 1.617 víctimas de violencia física, según Temblores, entre otras cifras de violaciones de derechos humanos como lesiones oculares y violencia sexual. Contrario a esto, el derecho internacional dice que las respuestas del Estado a las protestas que se salen de control deben ser necesarias y proporcionales. Es decir, el uso de la fuerza debe ser el último recurso y debe ser contra las personas particulares que ejercen violencia.

Además de esto, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) registró 354 ataques contra la prensa con 403 periodistas víctimas durante el desarrollo de las protestas. Esto es grave porque se parte de que los periodistas son observadores que recopilan información sobre lo que sucede en estos eventos para poder informar a la ciudadanía sobre estos hechos, incluyendo la violencia por parte de manifestantes o de oficiales estatales. Es increíble que este tipo de ataques contra la prensa sigan sucediendo nueve años después la sentencia de Vélez Restrepo contra Colombia, en la que el Estado fue condenado por las agresiones del ejército contra un periodista que cubría una protesta en 1996.

La revictimización

Quedará registrada para siempre la vergonzosa decisión del representante de Colombia, Camilo Gómez, de retirarse de la audiencia del caso de Jineth y de recusar a los jueces -es decir, pedir que se apartaran del caso- por hacer preguntas que trataban de forma respetuosa y digna a una periodista que fue víctima de los crímenes más atroces por ejercer su trabajo y por ser mujer. La Corte Interamericana, obviamente, negó la recusación y dijo que lo que estaba haciendo el Estado era silenciar a los jueces en su trabajo de indagación sobre los hechos con el fin de que su forma de actuar se acomodara a sus intereses. 

La Corte también dijo que el Estado, al haber puesto en tela de juicio su imparcialidad por haber actuado de una forma que brindara un ambiente cómodo y seguro para una víctima de violencia sexual, estaba llevando a una revictimización y reexperimentación de la experiencia traumática que sufrió Jineth hace 21 años.

El silencio cómplice

El silencio también ha sido un aliado clave de Duque. Un ejemplo de esto fue la decisión de ampliar los términos de respuesta a los derechos de petición cuando inició la pandemia. Esto, en la práctica, ha resultado en que varios periodistas que piden información a las entidades públicas terminan esperando meses para poder obtener información que es crucial para su trabajo. En el mundo de las noticias, la información es perecedera y cualquier demora hace que esta pierda su valor. 

Otro gran ejemplo del silencio cómplice es el de haber vetado a Daniel Samper de un especial informativo. El presidente olvidó que la libertad de expresión implica el derecho de cualquier persona a buscar y recibir información y que la posibilidad de hacer preguntas en espacios como este forma parte del trabajo de reportería y de recolección de insumos para que la sociedad esté informada. Vetar a un periodista tiene como resultado que el enfoque de esta persona se pierda y que su inquietud no sea resuelta. Gana el ego del presidente, pero pierde la democracia.

Premio al estigma

El Gobierno Duque y su partido disfrutan de señalar a la crítica y a la gente que piensa distinto a ellos. El ministro Molano es un estandarte de esta técnica de censura y el mejor ejemplo lo dio con el lanzamiento de la campaña "Colombia es mi verdad". El Ministerio se dedicó a etiquetar información como "terrorismo digital" y lanzó "ciberpatrulleros" para identificar enemigos de su forma de pensar, todo un Ministerio de la verdad. También merece una mención de honor el fiscal Barbosa, miembro ad honorem del gobierno, con su decisión de llamar a sus críticos como "delincuentes parapetados".

Con este tipo de pronunciamientos, nuestros gobernantes olvidan una vez más que los funcionarios públicos deben ser cuidadosos con sus comunicaciones y evitar hacer señalamientos que puedan poner en riesgo la vida o integridad de las personas. Los pronunciamientos del Estado, por su nivel de amplificación, pueden verse como instigaciones, instrucciones, autorizaciones o apoyo para atacar a quienes critican al gobierno.

La visión más simplista de la democracia es que el gobernante de turno sea el que reciba más votos. Aunque esto es importante, no es lo único que se necesita para que evitemos el autoritarismo. Las democracias sanas necesitan de "árbitros" libres con la capacidad de cuestionar o controlar al poder y este último debe mostrar cierta deferencia a la labor de estas personas. Por esto es que un presidente debe tener cuidado de nombrar a sus amigos en puestos públicos diseñados para el control constitucional y debe dar garantías plenas y claras para la crítica y la denuncia por parte de los medios y la sociedad civil.

En el gobierno actual hemos visto todo lo opuesto y, aunque las instituciones de control existen en el papel, están en manos de personas sobre las que la presidencia tiene una influencia, incluso si es solo aparente. También hemos visto una serie de hechos que muestran que Duque no está interesado en conceder el espacio para que el periodismo lo cuestione.  Esto siembra una narrativa de irrespeto sobre los derechos de quienes critican o denuncian y puede convertirse en la guía para algunos candidatos en el 2022. Esto es algo que, poco a poco, contribuye a que las instituciones sean menos fuertes y los posibles sucesores de Duque, al igual que otros políticos en altos cargos, sigan pasando límites. 

Lo más seguro es que estos no sean los últimos aportes de Duque al desmoronamiento del Estado de derecho. El presidente marcó tendencia y lo más seguro es que habrá candidatos que sigan su ejemplo y decidan hacer todo para superarlo.

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