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Según el Centro Virtual Cervantes, la expresión “nada nuevo bajo el sol” significa que “lo que parece novedoso puede no serlo, ya que todo tiene su precedente”. Este refrán le queda perfecto a la reciente propuesta del Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre ofrecer un plan de retiro voluntario para aquellos maestros que, estando pensionados, continúan ejerciendo la profesión docente. El portavoz de esta propuesta es el viceministro de Preescolar, Educación Básica y Media, Hernando Bayona.
Esta propuesta es maquillada con el rimbombante slogan de “jubilación digna por una vida dedicada a la docencia”, pero en realidad es un nuevo intento del neoliberalismo por pisotear derechos adquiridos durante décadas de lucha por la dignificación de la docencia en Colombia. Pero entonces, ¿en dónde apareció antes esta propuesta?
La Ley 715 del 2001 es un instrumento de precarización del gasto público creado para “organizar la prestación de los servicios de educación, salud y saneamiento básico", es decir, darle forma al Sistema General de Participaciones (SGP).
Luego, el Acto Legislativo 01 del 2001 crea una fórmula de transferencias que hoy tiene al SGP desfinanciado. Las necesidades sociales crecen más rápido que los recursos. De tal manera no sorprende que en el artículo 26 de la Ley 715 se lea que:
"ARTÍCULO 26. De la bonificación para retiros voluntarios. El Gobierno Nacional podrá establecer una bonificación para los docentes y directivos docentes pensionados que se retiren voluntariamente del servicio".
Posteriormente, en el año 2014, la Fundación Compartir publica el informe “Tras la excelencia docente: cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos”. Este es un documento centrado en la “calidad educativa” (p. 2) a partir del “desempeño en pruebas de conocimiento internacionales” (p. 12).
Aquí observamos el principal sesgo del informe: equiparar calidad con el desempeño de las pruebas, una fórmula estrecha, oportunista y facilista que permite que los autores identifiquen rápidamente un culpable: el docente. Fieles al paradigma neoliberal de disponer de los recursos públicos como si fueran recompensas, proponen:
“Premiar a docentes, rectores e instituciones educativas excepcionales de forma que se incentive y se visibilice su trabajo. Además, este eje contempla un régimen de transición y, en el largo plazo, un plan de retiro voluntario y gradual para los docentes regidos por el antiguo estatuto” (p. 26-27).
El problema que encuentran los autores del informe es la existencia de “dos estatutos con diferentes incentivos y reglas del juego para los docentes”. Luego definen los tres caminos que le quedan a los maestros del 2277:
“Los maestros que se encuentran en el Estatuto 2277 también podrían acceder a estos beneficios (los autores proponen algunos beneficios, como la creación de un Plan de vivienda para docentes), bien sea aceptando que se les evalúe con las herramientas y procedimientos contemplados para el Estatuto 1278 (lo cual les permitiría acceder a bonificaciones y becas de maestría o doctorado) o ingresando a un régimen de transición voluntario para trasladarse completamente al nuevo estatuto (en cuyo caso podrían beneficiarse plenamente de todas las propuestas antes descritas). Adicionalmente se propone un programa de retiro voluntario anticipado con un incentivo pecuniario importante” (p. 388).
Finalmente, los autores explican brevemente cómo sería el plan de retiro voluntario, para no dejar dudas sobre su inconveniencia para los docentes que se acojan a ella:
“Los maestros que decidan retirarse anticipadamente obtendrían un incentivo monetario equivalente a un porcentaje de sus ingresos futuros esperados, el cual tendría en cuenta las posibilidades de ascenso y retiro según edad y grado en el escalafón” (p. 389).
En las páginas siguientes de este informe se desmenuzan los costos de la iniciativa y sugiero su lectura a los docentes que lo deseen. Creo que la ligereza de esta propuesta deja por fuera dos aspectos que pongo a consideración.
- Muchos docentes que se pensionan y continúan trabajando lo hacen debido al bajo salario y a la merma salarial que se produce cuando llega la edad de pensión (75% del salario). La lucha es por un salario profesional con acceso universal. En la actualidad, hay menos de 3.000 docentes de ambos decretos con un salario superior a 5 millones de pesos (fuente: informe: «memoria, sindicalismos y sus luchas»).
- Otros continúan laborando por su amor a la pedagogía y su compromiso con la educación pública. ¿Acaso no sería verdaderamente dignificador aprovechar la experiencia de estos docentes y vincularlos como líderes de proyectos que hoy ejecutan empresas privadas?
La propuesta de Bayona ve a los maestros mayores de 60 años como un estorbo o, en el mejor de los casos, como un gasto innecesario para la racionalización del presupuesto públicos, otra falacia para indicar que se quieren reducir los recursos.
Lo que necesitamos es avanzar en la reducción de brechas: invertir en infraestructura, disminuir el parámetro de estudiantes por maestro, crear equipos interdisciplinares de orientación escolar y, por supuesto, nombrar en propiedad a los miles de docentes provisionales que le han entregado su vida a la educación pública del país.
Finalmente, quiero dejar las siguientes preguntas planteadas. ¿Qué porcentaje sería realmente el que recibirían los docentes que acepten? ¿Los docentes que acepten serían reemplazados por provisionales? ¿De haber concurso, los docentes mayores de 45 años quedarían excluidos?
