Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El ministro de Educación Alejandro Gaviria dijo, hace unos días, que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa en Colombia ha fracasado porque se ha vuelto una “tortura” que inhibe la innovación en las instituciones educativas y restringe la autonomía universitaria.
En varios medios, Gaviria ha venido planteando una ‘revolución’ en la educación superior y la necesidad de reformar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), lo cual inició con el anuncio de la derogación de las resoluciones 15224 y la 21795 de 2020 (referidas a las condiciones de registro calificado para programas académicos) que habrían llevado a la excesiva burocratización del proceso.
Según comentó el Rector de la Universidad Pedagógica, Alejandro Álvarez, el SAC se ha centrado más en la heteroevaluación, que lleva a que las instituciones y sus programas académicos se ajusten a los requerimientos del Ministerio de Educación el cual, a su vez, responde más a las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que a las demandas y particularidades de la educación superior colombiana.
Lo anterior puede traducirse en que el sistema promueve más la heteronomía al centrarse en demandas de agencias transnacionales y del Ministerio de Educación, y en el énfasis en la evaluación externa de pares académicos y comisiones de calidad, en lugar de la autonomía, entendida como la capacidad de autorregularse y la libertad de pensamiento y de acciones necesarias para que las instituciones cumplan con su misión. Es decir, ejercer su “mayoría de edad”, la cual Kant definía como “la capacidad de servirse de la propia razón sin la guía de otro”.
Pero el ejercicio de la razón tiene dos caminos: el de la razón instrumental, de los medios y herramientas; o el camino de la razón sustantiva, que va hacia el logro de los fines. El actual SAC se centra más en los insumos y datos cuantitativos, como por ejemplo el número de doctores, la cantidad de libros, de edificios y medios educativos y la cantidad de encuestas a egresados que pueden evidenciar las IES; y no en qué grado cumplen con los fines y objetivos de la educación: formar ciudadanos y profesionales y producir conocimientos para contribuir a satisfacer demandas del entorno cultural y productivo y a resolver problemas sociales, esto significa que, se centra en los insumos y no en los productos e impactos.
La autonomía aplica no solo a las universidades, sino a todos los niveles educativos. La ley 30 extiende, en su artículo 29, a las instituciones de educación superior IES (universitarias, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas profesionales) la autonomía que confiere a las universidades en el artículo 28. Así mismo, los artículos 73 y 77 de la Ley General de Educación prescriben que los colegios gozan de autonomía para darse su Proyecto Educativo Institucional, organizar áreas de conocimientos, adaptarlas a contextos regionales, entre otras materias.
La falta de autonomía o la restricción de la mayoría de edad está presente en los diferentes estamentos y actores del sector educativo. Y no solamente por injerencia externa sino también por falta de iniciativa. Identificar estas limitaciones, impuestas o autoimpuestas, puede ser el primer paso para hacer propuestas audaces que sustenten una genuina revolución o reforma educativa.
A continuación me referiré a algunas de esas restricciones en varios estamentos educativos:
- Autonomía y mayoría de edad en las instituciones y en sus gremios
Francisco Marmolejo, académico mexicano y presidente de la División de Educación Superior de la Fundación Catar dice:
“Es paradójico observar que las instituciones de educación superior son el mejor laboratorio social de cambio, pero muchas veces tienden a inhibir su capacidad de innovación”.
Es notoria la ausencia de propuestas innovadoras por parte de las IES. Aunque conocen de lo incompletas que resultan las evaluaciones externas de pares o de exámenes estandarizados para medir su calidad o la de sus estudiantes, brillan por su ausencia las iniciativas para diversificar esas evaluaciones o propuestas de otros modos y modelos de medir la calidad.
Tampoco se conocen propuestas de sus gremios para modificar la arquitectura institucional que elimine la redundancia entre el sistema de condiciones mínimas de calidad -Conaces- y el sistema de alta calidad -CNA- o para crear diversos modelos y agencias de aseguramiento de la calidad especializadas de acuerdo con la naturaleza, la modalidad y la metodología de sus IES afiliadas y que contribuyan realmente a los procesos de mejora de las mismas midiendo los fines y no los medios.
- Autonomía y mayoría de edad en docentes
La profesión docente en Colombia se ha convertido en un ejercicio altamente heterónomo en virtud a que el Ministerio define no sólo los lineamientos y estándares curriculares y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), sino que prescribe modelos paralelos de medición de calidad, saturando al profesorado con excesiva demanda de información y de trámites burocráticos, lo cual pone límites a su función pedagógica.
Sumado a esto, los y las docentes deben implantar modelos prefabricados por consultores contratistas y todo tipo de cátedras “obligatorias” creadas por agentes externos a la escuela que tienen la convicción de que mediante ellas se pueden resolver, desde la escuela, problemas sociales como la violencia, la discriminación, la falta de emprendimiento o para enraizar, de una buena vez, la paz en el país.
Se espera que el profesorado ejerza su mayoría de edad; es decir, que investigue y produzca contenidos para sus cátedras y para mejorar el currículo; haga planteamientos dirigidos a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes; fortalezca los vínculos de la escuela con las comunidades para fortalecer la participación democrática y ayudar a la solución de problemáticas sociales y no que se limite a ser un técnico de un currículo determinado por fuera de las fronteras de la escuela; o, como lo propuso el Movimiento Pedagógico hace 40 años, que sea un intelectual de la cultura y rescate la pedagogía.
- Autonomía y mayoría de edad en estudiantes
El ejercicio de la autonomía, como el ejercicio de la mayoría de edad en los estudiantes, significa tomar un papel activo en su aprendizaje y en su desarrollo; ir más allá de lo que le piden sus docentes y los libros de texto y abrirse al pensamiento crítico; constituirse en sujetos políticos y llenar de significado su vida sumándose a contribuir con las soluciones que demanda su entorno inmediato y su sociedad.
- Autonomía y mayoría de edad de los pares académicos
En este grupo, su mayoría de edad consiste en emanciparse de su rol como verificadores de evidencias estándar, centradas en lo numérico y volverse innovadores para mejorar la arquitectura del SAC. Así mismo, proponer mejoras de su propio rol de acuerdo con la diversidad de su formación y experiencia; contribuir a superar la visión instrumental y cuantitativa del SAC y priorizar la verificación de impacto, relevancia y pertinencia de la educación.
En conclusión: la ley dice para qué pueden usar la autonomía las instituciones educativas: para darse sus normas, para crear sus programas, para titular y para nombrar sus funcionarios pero no que la autonomía debe ser el ejercicio de la libertad de pensamiento y cátedra para formar ciudadanos comprometidos y profesionales y generar conocimiento pertinente.
Este debería ser el objetivo de una genuina revolución de los sistemas de educación superior y de gestión de la calidad y el Ministerio debe liderar los cambios para que se creen las condiciones para fortalecer la autonomía en todo el sistema educativo. Los encuentros regionales para la transformación del SAC convocados por el MEN son un avance en esa dirección.
@cesarseducacion
