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Si a la luna llegara un campesino
Muy seguro al otro día Toparía un nacimiento
Una fuente de agua pura en las alturas
Y en cuestión de una semana
Ya tendría montado un huerto
Fundaría el primer corral de pollos
De gallina extraterrestre
Y con tanto que le rinde al campesino
Después de solo un año ya tendría la luna verde.
El Empiezo, Edson Velandia
En el último siglo, la declaración de áreas protegidas ha sido el mecanismo más usado para conservar la biodiversidad. A partir del modelo estadounidense de exclusión de población de zonas ambientales consideradas importantes, los países latinoamericanos tomaron como referencia estos modelos de conservación. Esto ha generado conflictos en países tropicales como el nuestro, que ha sido milenariamente ocupado por poblaciones ancestrales.
La idea de zonas deshabitadas, salvajes y carentes de historia, era parte de los primeros imaginarios de los conservacionistas americanos que reflejan una fuerte influencia del cristianismo y el mito del Paraíso Terrenal.
Este modelo de conservación de las áreas protegidas con modelos restrictivos sobre el uso del suelo y la exclusión de la población local en la gestión y manejo ambiental es un tanto problemático en un contexto como el colombiano, en el cual confluyen conflictos alrededor de la tierra, la expulsión de pobladores de sus zonas de origen, la implementación de políticas públicas agrarias y ambientales que en algunos casos se contradicen en su aplicación. En esencia, la naturaleza intocada no existe, la historia ambiental del país da cuenta de diversos conflictos, intereses e interacciones sociales que han modificado el paisaje.
Por su parte, para la cooperación internacional y los agentes implementadores de las políticas públicas ambientales, el campo de acción y de implementación debe ser copado por expertos que en la mayoría de casos desconocen derechos territoriales, desdibujan la participación ambiental de las comunidades en la gestión ambiental, los cuales son considerados como inferiores o carentes de conocimientos para estas labores y, como Adán en el Edén, deben ser expulsados para admirar la naturaleza exuberante.
Las tareas de la conservación suelen ser parte de cumplimiento de indicadores y de metas que se apartan de los contextos locales, los tipos de población y los conflictos socioambientales. También se parte de fragmentar el territorio para conservar reductos naturales que, desde una racionalidad económica, generan cargas desiguales sobre las comunidades locales que se reflejan en el tratamiento desigual frente a las responsabilidades sobre el manejo de la actual crisis climática.
Estas cargas generan compromisos ambientales sobre las comunidades sin valorar aspectos más estructurales como el sistema económico, los costos ecológicos y sociales, las prácticas industriales y agrícolas que generan afectaciones sobre el ambiente, los ecosistemas y, por supuesto, los niveles de consumo y contaminación de los países industrializados que financian parte de la solución a la crisis.
Sumado a lo anterior, se están generando despojos verdes y desplazamientos por conservación. La gestión ambiental no puede contribuir a hacer más daño sobre las comunidades que han sufrido el rigor de la guerra; las cargas y las estrategias de coerción no pueden recaer sobre los grupos sociales más pobres, como el campesinado que deben acudir a actividades como la agricultura para su subsistencia.
Por ello, los sistemas de gobernanza ambiental deben incluir las necesidades culturales y sociales de las comunidades campesinas que hacen uso de la biodiversidad y que tienen diferentes medidas, acuerdos y normas comunitarias para el uso y la conservación de los bienes comunes.
En Colombia, un país megadiverso en material cultural y natural, es necesario que la institucionalidad incorpore en la gestión de las áreas protegidas otras formas de participación y de ampliación de la democracia ambiental con las comunidades locales: una visión intercultural que posibilite intercambio de saberes y apropiación del conocimiento de quienes conocen de cerca su territorio, sus modelos de ocupación y de gestión, sus identidades colectivas y sus formas de regulación de los bienes naturales.
El campesino conoce el ciclo de la luna para el cultivo, los ciclos biológicos, las tecnologías adecuadas para el manejo del suelo, la conservación del nacedero. A través de formas institucionales locales, como las Juntas de Acción Comunal en zonas de colonización, se han impulsado formas de control social y comunitario para la protección de la selva que han garantizado su subsistencia colectiva; ven no solo en los territorios que ocupan una forma de trabajo, producción y un medio de vida, sino una relación estrecha con la tierra y la naturaleza.
Algunos casos concretos reflejan que la práctica comunitaria para la conservación de la biodiversidad es posible, incluso sin intervención estatal. Algunas de estas prácticas han tenido impactos positivos: se han recuperado especies de fauna y de flora, se han conservado grandes porciones de selva virgen, se han conservado semillas nativas y se ha dispuesto en las agendas políticas de las organizaciones la conservación de la diversidad biológica. Las experiencias de las Zonas de Reserva Campesina en Colombia o la experiencia de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala reflejan que el trabajo comunitario de gestión de la biodiversidad es posible.
Estas experiencias evidencian que, para las comunidades campesinas, la solución a la crisis ambiental va más allá de las prácticas legales, para pasar a ser formas consuetudinarias y de importancia en sus practicas organizativas. Así pues, las prácticas de las comunidades campesinas se reflejan en formas materiales que tienen que ver con prácticas concretas ejercidas en el marco de la gobernanza local como poner límites a la caza, la tala de árboles, las vedas de pesca, la repartición de la tierra y la zonificación ambiental.
Y por formas inmateriales que se reflejan en mitos y simbolismos que se entretejen en la tradición oral y la cultura para poder implementar acciones de conservación. Algunas experiencias internacionales y nacionales dan cuenta de las posibilidades de conservación y de gobernanza local con comunidades campesinas.
La Asociación Campesina del Losada-Guayabero ha implementado y adelantado normas comunitarias a través de las Juntas de Acción Comunal. A través del Acuerdo 001 de 2007 se establecieron límites a la tumba de selva, la caza, la consolidación de zonas de conservación en ríos de alrededor de 100 metros, reforestación de las orillas de los ríos, caños y quebradas con árboles como carbón, guamos, bambú, picus, especies que son nativas y frenan la erosión. Por otro lado, bajo las resoluciones 01, 02 y 03 se aborda la conservación de la selva virgen en el que está permitido explotar 100 bloques de madera para la subsistencia de la familia campesina, se incluye también la conservación del armadillo, de los osos y del arauco.
La experiencia de la línea amarilla -llamada así porque se pintaban los árboles de este color para delimitar la zona de conservación de las actividades que avanzaban en la zona como la explotación de las minas y la madera- es una experiencia exitosa de conservación impulsada por campesinos colonos que llegaron a la zona desplazados de otras regiones por razones de la violencia estatal.
Estos acuerdos mantuvieron intacta una zona de aproximadamente 70 mil hectáreas en la Serranía de San Lucas.
En 2015, en un área de estudio de 50 kilómetros cuadrados en la jurisdicción de los municipios de San Pablo y Remedios en una alianza entre la Acvc, Parques Nacionales Naturales y algunas ONG se pudo caracterizar la riqueza de la zona: 300 especies de mariposas, 29 especies de anfibios y 47 especies de reptiles, 32 especies de pequeños mamíferos, 11 especies de medianos y grandes mamíferos, 5 especies de primates, 330 morfoespecies vegetales 263 especies de aves y 45 especies de escarabajos. A su vez, el polígono de la línea amarilla fue incluido en la moratoria minera bajo la resolución 1433 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads).
Tal vez una de las experiencias más sonadas en los últimos años sobre la posibilidad de conservar produciendo y producir conservando es la experiencia de las comunidades asentadas en la Reserva de la Biósfera Maya en Petén. Allí, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas otorgó derechos de aprovechamiento de productos forestales entre 1994 y 2002 a las organizaciones de la zona, lo cual ha sido un ejercicio para la conservación de 500 mil hectáreas.
Un reciente estudio realizado por la FAO sobre el Estado de los Bosques del Mundo de 2020 determinó que, en las 533 mil hectáreas de la zona de usos múltiples de la Reserva, la deforestación disminuyó, se ha conservado el jaguar y se han controlado de manera efectiva los incendios forestales.
No se quiere con estas experiencias mostrar una visión esencialista y una relación intrínseca de las comunidades campesinas y la conservación como algo dado de forma natural. Simplemente es parte de los aprendizajes locales que pueden ser acogidos para enfrentar la actual crisis climática. La cuestión también radica en potenciar las condiciones que favorece tener instituciones y organizaciones locales fuertes que posibiliten acciones y acuerdos para conservar la biodiversidad y mantener la vida campesina.
Parte de estas estrategias de gobernanza ambiental y comunitaria pueden ser vinculantes en los diferentes instrumentos impulsados a nivel internacional que han reconocido a las comunidades locales como parte importante de la red de actores para la conservación y la gestión ambiental. Estas acciones no solo corresponden a ampliar la democracia en materia ambiental, también es un acto de justicia con un sector de la población que ha sido víctima del conflicto armado y de la exclusión política.
Y como diría Edson Velandia en El Empiezo, “y con tanto que le rinde al campesino ya después tendría la luna verde”, ya tendría la semilla, el agua, la selva y el pan.
*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.
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