El caudillo y el sacerdote de cara a la verdad

El caudillo y el sacerdote de cara a la verdad

La filósofa colombiana María del Rosario Acosta y Esteban Restrepo señalan que el género del derecho que mejor representa a América Latina puede encontrarse en la novela de dictador. “En este género literario la continuidad entre el derecho y la violencia aparece representada en la figura del dictador que, a su turno, debe ser leída como una emanación del mito fundante latinoamericano de la civilización y la barbarie”, escriben Acosta y Restrepo. En su estudio analizan tres obras centrales: “El recurso del método”, de Alejo Carpentier; “Yo el Supremo”, de Augusto Roa Bastos, y “El otoño del patriarca” de Gabriel García Márquez.

Álvaro Uribe no fue un dictador, como los personajes de estas novelas; eso debe quedar claro desde una perspectiva de análisis político o sociológico. Pero es un expresidente con el arresto del déspota y del autócrata, y con un doble discurso. Se presenta en los escenarios internacionales y frente a instituciones como la Comisión de la Verdad (CV) como un ciudadano del mundo, respetuoso de los derechos, benevolente, inocente de toda culpa, amante de la verdad y la justicia, dedicado a su familia y a la prosperidad económica de Tomás y Jerónimo. Pero, de otro lado, reacciona ante cualquier crítica con los mismos insultos y ferocidad con que reaccionó el personaje de Carpentier, el “Primer Magistrado”, contra los revoltosos: a los alzados en armas hay que “cercarlos, sitiarlos, acorralarlos, y, al fin, ponerlos de espaldas a una pared de convento, iglesia o cementerio, y tronarlos”. Así, “el orden de ‘El discurso del método’, narrado en parisina primera persona, se transforma, en las tierras calientes y feraces de América Latina, en el violento ‘Recurso del método’ relatado por un narrador omnisciente”, escribe Acosta.

El encuentro de Álvaro Uribe con el padre Francisco de Roux, Lucía González y Leyner Palacios se dio en un lugar, como escribe Carpentier, “de lagunas violáceas en perpetuo burbujeo y borborigmo de animales y reptiles ocultos bajo la engañosa quietud de las victorias regias”. Sí, se oían animales, relinchar de caballos, el rebuznar de un burro y las intervenciones agresivas de un personaje no identificado, que de todas formas nunca ha debido estar ahí. El escenario de la entrevista fue muy bien preparado. Uribe se ubicó detrás de una gran mesa, arriba, simulando un pedestal napoleónico que lo ponía por encima de sus visitantes; eso le permitía mostrarse, según dice Maquiavelo del príncipe, como un león que podía abalanzarse sobre sus súbditos si lo cuestionaban, como sucedió realmente cuando increpó a la comisionada Lucía González.

El padre de Roux fue sentado en un sillón bajo, que lo obligaba a mirar hacia arriba. Uribe y sus consejeros sabían que en los asuntos de la verdad, el perdón y la culpa en el contexto de la CV, la mirada horizontal es fundamental; había que evitarla.

De este modo, la relación espacial no fue de igual a igual, como no lo fueron tampoco la relación comunicativa ni la jurídica.

La relación comunicativa fue totalmente desigual. El expresidente Uribe dijo, tras ser invitado a ir a la CV y después de que el expresidente Santos hiciera su comparecencia formal, que no iría a esa institución que surgió del Acuerdo Final (AF), porque la consideraba ilegítima, así como siempre calificó de ilegítimos todos los mecanismos del sistema de justicia transicional.

Ante la insistencia del presidente de la CV para que contara su verdad, se acordó una visita a su finca en Llanogrande, Antioquia. Aunque el padre de Roux fue con dos comisionados con el fin de darle a la visita un carácter institucional, Uribe la interpretó y trató como una conversación informal con unos simples ciudadanos, invitados a oírle su “Guía para la conversación con el padre de Roux”.

Al definir Uribe que no estaba ante una comparecencia, los comisionados quedaron relegados a tomar nota por largas horas. Pero, además, su contribución a la verdad fue adquiriendo a lo largo de la exposición el carácter de la única verdad. No aceptó ninguna crítica; trató con dureza, acompañado de su agresivo hijo Tomás, a la comisionada Lucía González, al acusarla de tener un sesgo en su contra; no pidió perdón; se centró en justificar los graves crímenes cometidos en su gobierno; ofendió a las víctimas y a la JEP; negó cualquier responsabilidad sobre la existencia y sistematicidad de los falsos positivos: “La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia. Es del incapaz criminal que, para demostrar resultados, produce crímenes”, dijo. De esta manera atribuyó la responsabilidad a los militares: “Los soldados me engañaron: el día que llegué Cajamarca me dijeron que unas personas habían fallecido en un combate con las Farc. Pero, no fue así”.

Sin embargo, no todo fue fábula; hubo algo de verdad para la tribuna de las redes sociales. Sobre los falsos positivos, aceptó que se equivocó cuando justificó la muerte de esas personas con la indignante frase “no estarían recogiendo café”. Y aceptó que fue un error decir, cuando fue gobernador, que las Convivir debían tener armas largas. En suma, errores lingüísticos, confesó los pecadillos veniales y se guardó en la profundidad de su conciencia los mortales, los cuales en términos jurídicos se denominan crímenes de lesa humanidad.

El padre de Roux obró de buena fe y de manera legítima al propiciar este difícil encuentro fuera del marco procedimental de la CV. Fue un ardid maquiavélico que Uribe le tendió al sacerdote jesuita, pero para la CV hay un propósito moral superior que el padre de Roux expresó así: “Siguiendo el principio de Nelson Mandela, de escuchar al enemigo, en términos de adversario, de contraparte, había que escuchar a Uribe como la cabeza de los opositores del Acuerdo de Paz. Hay que llegar donde las cosas son más difíciles”.

Ahora bien, el asunto más complicado de todo este entramado es la afirmación del punto 59 de la “Guía” en el cual Uribe, como máximo líder de la oposición al Proceso de Paz, dice no reconocer legitimidad a la CV como institución estatal. Según el expresidente Uribe, las instituciones derivadas del AF son ilegales porque el triunfo del “no” en el plebiscito no fue reconocido y todo se arregló con una proposición en el Congreso. Esta es la mirada de Uribe y de todos sus copartidarios políticos, la cual ha hundido al país en la peor división. Su posición adversa contra la paz, con la que ha influido profundamente en la sociedad colombiana, nos ha puesto en la relación política más fragmentada: el otro es el enemigo absoluto que hay que destruir; no el enemigo con el que se puede hablar, negociar, el adversario. Uribe no acepta el derecho que emergió del AF como un orden normativo de la justicia que busca sacar a Colombia de la violencia de lo vengativo. Pretende permanecer en el orden de la venganza.

En “Agamenón”, de Esquilo, la venganza es justicia: la esposa asesina a su esposo en razón del sacrificio que este ha hecho de la hija; por ello, el hijo asesina a su madre y es entonces perseguido por las diosas de la venganza, dado que ya no queda ningún otro miembro de la familia que pueda hacerlo. “La violencia de la venganza está cifrada en el hecho de que debe reproducirse infinitamente, en la locura de asesinarse unos a otros”, escribe Christoph Menke.

La venganza es justa, porque es justificada. Pero la pregunta que la venganza plantea dice: ¿existe un acto de la justicia que no continúe infinitamente su cadena de venganza, que no sea violencia?

En el AF, que es derecho, quedó planteado ese ideal que el padre de Roux le formuló a Uribe así: “¿Por qué no hacer una colaboración generosa para unir a los colombianos y no convertir el AF en una razón de conflicto?”.

La afirmación de Uribe “no iré a la Comisión de la Verdad” es políticamente muy extraña y manifiesta no solo un interés por destruir el AF, sino también la Constitución, con el fin de devolvernos al estado de naturaleza hobbesiano de los poderes ilimitados.

La existencia del derecho y de todo orden jurídico supone la realidad de un Estado con el monopolio de poder respectivo, el cual debe ser obedecido. Frente a la ley, es claro que el Estado no solamente debe prohibir una conducta, sino que también debe hacer cumplir la prohibición. “La regla del derecho es, antes que nada, una expresión del sentido de nosotros mismos como una única comunidad histórica comprometida en el auto-gobierno a través del derecho. En esta concepción, obedecer el derecho es participar en el proyecto de soberanía popular. Este proyecto nos hace una comunidad singular con una única y únicamente significativa historia”, señala Paul Kahn.

Las instituciones jurídicas del sistema de justicia transicional (la JEP, la CV y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas) hacen parte del derecho positivo colombiano, aunque sean elementos de una justicia transicional de carácter transitorio. El Gobierno de Santos vinculó el AF a la Constitución de 1991 al quedar establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2017 que el Acto Legislativo 02 de 2017 es exequible. Fue depositado, en calidad de acuerdo humanitario, ante la Federación Suiza y ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Congreso elevó el AF a rango de criterio constitucional de orientación e interpretación de las normas que lo deban implementar.

De esto se deduce que ningún ciudadano que directa o indirectamente haya estado involucrado en el conflicto armado puede, porque no reconoce la legalidad ni la legitimidad del sistema de justicia transicional, desconocer las obligaciones jurídicas establecidas en los estatutos de la JEP o las obligaciones políticas y morales de contribuir con la reconstrucción de la verdad ante la CV.

Si Uribe tiene razones fuertes, universalmente válidas, contra el AF y las instituciones del Sistema Integral, debe como ciudadano buscar cambiar o derogar esas leyes en el único lugar en donde esto puede suceder: en el Congreso. Ciertamente el Centro Democrático lo ha intentado; sin embargo, no lo ha conseguido. Lo que no puede hacer Uribe como ciudadano es rechazar la norma basándose en que, como sujeto privado, la considera injusta. Esto constituye una violación del derecho.

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