El delito político y la negociación de paz con las AGC

El delito político y la negociación de paz con las AGC
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Esta columna fue escrita en coautoría con Liz Vanessa Gutiérrez Simanca, investigadora auxiliar del Centro de Investigación Socio-jurídica de la Universidad Libre Seccional Barranquilla.

A manera de Introducción, consideramos relevante precisar que uno de los debates más álgidos en los últimos procesos de paz en Colombia gira en torno al estatus político de la organización armada convocada a los diálogos de paz.

La presente columna pretende ofrecer una serie de insumos de orden conceptual y político de cara a la necesidad de pensar y reflexionar sobre las metodologías y formas de abordar la salida al conflicto armado desde el punto de vista de la Paz Total.

Por ello, uno de los ejes centrales es la discusión sobre si el accionar político-militar de las AGC se encuentra dentro de los márgenes de los delitos políticos tipificados en el ordenamiento jurídico colombiano y, además, si estos delitos son suficientes para la legitimidad de una posible negociación de paz.

Adicional a ello, la presente columna nace como respuesta al debate propuesto por los investigadores Luis Trejos Rosero y Reynell Badillo Sarmiento en su columna Criminales o políticos: cuestionemos los falsos dilemas sobre la Paz Total. En este mismo sentido, nuestro texto se plantea como un intento de aportar a la compresión del actual conflicto armado, la negociación de paz y la construcción de cultura de paz.

Apuntes preliminares

El historiador ingles Eric Hobsbawm señala con claridad: "No sabemos a dónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este punto y (…) por qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos”.

Hay que insistir en la necesidad de la construcción de nuevas bases, estrategias y paradigmas para comprender los desarrollos y dinámicas de los conflictos armados contemporáneos en Colombia. Por ello, esgrimir y conceptualizar el delito político en Colombia resulta tan complejo como necesario bajo el entendido de que este tipo de delito ha ido avanzando y mutando en la medida en que los armisticios o pactos de paz se van presentando.

La violencia política, como una de las expresiones del conflicto armado, ha determinado gran parte de nuestra vida republicana. Por otro lado, no existe duda de que Colombia, como resultado de los distintos tratados de paz, es uno de los países del mundo occidental que durante los dos últimos siglos ha utilizado como recurso el delito político como parte y eje fundamental de las negociaciones de paz.

De lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿el actual concepto de delito político se adapta a las necesidades de la “Paz Total”? Este interrogante se aplica fundamentalmente al acuerdo de paz que podría llevarse a cabo con las AGC.

A manera de aproximación y como hipótesis planteamos que no resulta absolutamente necesario darles el tratamiento como rebeldes y sediciosos para legitimar un posible pacto de paz con las AGC y el Estado colombiano.

En consecuencia con lo anterior, uno de los elementos centrales sobre los que avanza y se edifica parte de la legitimidad jurídica y política de los procesos de paz en Colombia es el delito político. Esta categoría descansa sobre la posibilidad de indultar o amnistiar a los miembros de las organizaciones que, a lo largo de la historia, apelaron a la violencia armada como método político para subvertir el orden establecido. No obstante, dadas las dinámicas, prolongación y complejidades de la guerra en Colombia resulta necesario revisar el origen epistemológico, social, político y jurídico de esta categoría. Esta premisa está sustentada en la idea de que la rebelión y la sedición como expresiones máximas del delito político emergen de los contextos sociales y jurídicos propios del siglo XVIII.

También es necesario mencionar que, de acuerdo con la legislación penal del siglo pasado y las premisas de Reyes Echandía (que generaron frutos en el código penal del año de 1980), “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.

De acuerdo con la ley 599 de 2000, por la cual se expide el código penal colombiano, se tipifican los delitos políticos de la siguiente manera:

  • Artículo 467. Rebelión: los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente incurrirán en prisión de seis a nueve años y multa de cien a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Artículo 468. Sedición: los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de dos a ocho años y multa de cincuenta a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Artículo 469. Asonada: los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones incurrirán en prisión de uno a dos años.

Breve aproximación conceptual e histórica al delito político

Respecto a la rebelión y la sedición, de acuerdo con Reyes Echandia, “si la rebelión y la sedición llevan ínsito el combate, resulta difícil pensar en una figura de esta naturaleza en la que no se produzcan necesariamente, otras adecuaciones típicas, que por lo general serán el homicidio y las lesiones personales. En el fondo no se está consagrando impunidad alguna, sino que se está aceptando una realidad y es la que el combate, para que sea tal, conlleva otros resultados, por su misma naturaleza; de lo contrario, no deberíamos hablar de ‘alzamiento en armas’”.

Clan del Golfo: ¿falso dilema o realidad constitucional y política?

En la columna mencionada anteriormente, los investigadores Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo señalan lo siguiente: “Todo indica que hay consenso en torno al carácter político-militar del ELN, lo que legitima una negociación de fin de conflicto con esa organización. No obstante, también parece que ese escenario es imposible para organizaciones armadas que no tengan un carácter o discurso revolucionario, como en el caso de las AGC”.

No obstante, en contravía al argumento de los investigadores, el consenso alrededor del tópico mencionado sobre la legitimidad política del ELN se verá posiblemente enfrentado a una prueba de fuego cuando esta organización armada, en el marco de un eventual proceso de paz, tenga la necesidad de demostrarles a la opinión pública y al Estado colombiano que todo su accionar militar estuvo dentro de los cánones del delito político de la rebelión, por ejemplo, el reclutamiento forzado a menores de edad, los daños ambientales producto de la voladura de oleoductos, las infracciones al DIH y, por supuesto, el narcotráfico. Es preciso mencionar sobre la conexidad del narcotráfico y la rebelión que existe como precedente el Acuerdo de Paz con las Farc, aunque es necesario aclarar que son contextos diferentes.

Por otro lado, los investigadores también plantean la siguiente pregunta: “¿Qué es específicamente lo que le confiere atributos políticos a un grupo armado?” Esta pregunta abre una disputa conceptual frente a la aplicación del delito político en organizaciones armadas que no tengan como eje y centro de su accionar militar y la toma del poder político por la vía de las armas.

En cuanto a la toma del poder político por la vía de la violencia armada y organizada en una plataforma política, los investigadores señalan lo siguiente: “Es un lugar común en el análisis señalar que lo político radica en la pretensión de toma del poder y el establecimiento de un nuevo sistema político-económico. Esta “pretensión revolucionaria” como identificador de la politización de un grupo armado tenía mucho sentido durante la Guerra Fría. Desde la década de los sesenta, varios grupos armados emergieron en Colombia con el propósito explícito de hacer una revolución”. 

Con respecto a lo anterior, hay que indicar que el origen del delito político en Colombia se encuentra bajo el amparo de las premisas de la revolución francesa de 1789, en el entendido de que encontrar o apelar a un recurso o método político que le permita al hombre liberarse de la opresión, la tiranía o cualquier forma de régimen que descanse en el autoritarismo. En este orden de ideas, la rebelión como delito político se dibuja dentro de los fundamentos del altruismo.

En virtud de lo planteado por el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz: “Esa tradición occidental, que tiene en la Revolución Francesa un hito inocultable, contradijo abruptamente la mentalidad prevalente hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave de los hechos pensables. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible. Esa impecable línea doctrinaria fue recogida por el constitucionalismo colombiano y respetada aun por las Constituciones de cuño conservador como la de 1886 que, al reimplantar la pena de muerte, abolida por completo en la constitución de 1863, excluyó expresamente de ese castigo a los responsables de delitos políticos”.

Esto demuestra que la rebelión como delito político tiene una acogida dentro del constitucionalismo y el régimen político colombiano desde el inicio mismo de la república.

Continúan Trejos y Badillo: la “amenaza revolucionaria” de la Guerra Fría logró perdurar, con un discurso transformado y medianamente actualizado, hasta casi entrado el siglo XXI. En Colombia, entonces, hubo una larga guerra fría que permitía que siguieran vigentes varias de las premisas para leer la guerra durante este periodo”. 

Ante esto, la rebelión como delito político en Colombia no es un derivado exclusivo de las dinámicas de la Guerra Fría. Dentro de la espiral y exacerbación de la violencia en Colombia, encontramos el caso de los levantamientos en armados de corte liberal después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Es preciso mencionar que este es un conflicto anterior a la Guerra Fría.

Refiriéndose a las que comúnmente se les conoce como guerrillas liberales, Alfredo molano plantea lo siguiente: “Al comienzo tuvo un carácter defensivo contra los chulavitas provenientes del norte de Boyacá. El carácter defensivo de esta organización armada se mantuvo hasta el final del proceso de paz en el año de 1953”. Las organizaciones liberales en armas no tenían una plataforma política en donde se evidenciara la toma del poder político del Estado por medio de la violencia.

En este sentido, estas estructuras armadas funcionaban como un ejército de autodefensa. No obstante, durante la negociación política con Rojas Pinillas estos fueron tratados por parte del Gobierno como delincuentes políticos, aplicándose así una amnistía general que les permitió a los excombatientes el tránsito a la vida civil gozando de garantías constitucionales y sociales. Por ejemplo, el derecho a ser elegido por medio del voto popular.

Otro caso emblemático en el marco de los procesos de paz en Colombia fue la negociación entre las AUC y el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde consecuentemente se abrió el debate sobre la legitimidad política y la sedición como delito político y sustento de ese pacto de paz. Allí se abrió la discusión nacional sobre si las AUC eran una estructura paramilitar o un ejército de autodefensas. Como resultado de este debate se creó un sistema de justicia transicional y esta organización criminal se somete a él sin obtener beneficios políticos como curules en el congreso de la República o la conformación y transición a un partido político legal que surgiera del Acuerdo de Paz.

¿Ejercen las AGC poder político en Colombia y de qué forma?

Esta pregunta surge de cara al debate frente al estatus político de esta organización armada en una posible negociación de paz. En este entendido, para referirnos a la terminología de “poder político” se hace indispensable precisar el concepto de “poder” que ha sido desarrollado por Max weber como “la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena”.

Partiendo de esta definición, es importante señalar que el poder puede ser ejercido por diferentes medios, métodos y circunstancias, uno de ellos es la coerción física, la cual ha sido asumida por Weber para abordar la categoría de poder. Sin embargo, otros pensadores contemporáneos como Foucault plantean que, además de ser un ejercicio coercitivo, el poder es un ejercicio dada su naturaleza coactiva.

En el marco de los conflictos armados, la coacción y coerción física es uno de los medios propios del accionar militar de las estructuras armadas, quienes ejercen y mantienen control económico, político y administración de justicia a través del uso de las armas.

De ello se deriva una gobernanza armada como forma de poder político. Es decir, los grupos armados organizados, los cuales rompen con el monopolio del uso de las armas, una atribución que le corresponde ejecutar solamente al Estado por medio de sus Fuerzas Militares y de la Policía nacional (véase articulo 223 constitución política de Colombia de 1991).

Actualmente, las AGC ejercen control político en distintos lugares del territorio nacional, a diferencia de como lo hacían los grupos paramilitares en Colombia, los cuales nacieron como una organización clandestina del Estado ante la poca capacidad de este último para defender la estabilidad institucional, social y política en el país. Es decir, los paramilitares obraron como actores armados ilegales que fueron creados y auspiciados por algunos agentes del Estado, logrando así posicionarse y controlar a la sociedad a través de la violencia, el terror y el miedo.

Conclusiones

Lo anterior nos permite abrir o aportar al debate conceptual y teórico alrededor de lo que en nuestro sistema jurídico-político se entiende por delito político, amparado en la idea de que el siglo XXI permitió, desde las lógicas y dinámicas del conflicto armado en Colombia, nuevas y distintas formas de construir poder político por parte de los actores que participan en el conflicto armado interno.

Por último, de acuerdo con las premisas abordadas en párrafos anteriores, la legitimidad política de un armisticio o un acuerdo de paz con las AGC está dada mas allá de lo tipificado como delito político en Colombia. 

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