El exterminio de los pueblos indígenas en Colombia continúa

El exterminio de los pueblos indígenas en Colombia continúa

Los pueblos indígenas en Colombia históricamente hemos tenido que enfrentarnos a innumerables escenarios y hechos de violencia que, según el contexto, el periodo de tiempo y los órdenes sociorraciales, han estado enmarcados en un orden estructural de racismo, estigmatización y eliminación tanto física como cultural.  

Con el paso de los años, el Estado colombiano fue estableciendo imaginarios que moldearon las formas de relacionamiento entre la sociedad mestiza o criolla con los pueblos indígenas por medio de las cuales afianzó conceptos culturales y religiosos sobre las capacidades intelectuales y sociales de las personas consideradas como “primitivas” o “incipientes”.

Dichas concepciones daban por sentado que los pueblos indígenas tenían poca capacidad para valerse por sí mismos y, por lo tanto, había que someterlos, reducirlos o adherirlos a una vida civilizada, acorde a los retos de la evolución de la sociedad colombiana.

Esto, a pesar de que, con la Constitución Política de 1991, los pueblos indígenas fuimos reconocidos como sujetos de derechos y fueron creadas medidas o normativas para reconocer y respetar nuestras formas de gobierno, de autonomía o autodeterminación.

Lo cierto es que la violencia, la persecución, la estigmatización y el exterminio indígena no pararon. Por el contrario, el conflicto armado siguió agudizándose, y así sus efectos desproporcionados en nuestros pueblos.

Aun después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, los hechos de violencia, muerte y dolor han seguido marcando la vida de los pueblos y comunidades indígenas por todo el territorio colombiano. Lo anterior se ve reflejado en el incremento de las amenazas, atentados y asesinatos de autoridades y liderazgos indígenas.

La violencia no cesa en nuestros territorios, la poca o nula presencia del Estado evidencia el poco interés o capacidad para garantizar la seguridad y protección, así como el respeto por nuestros derechos fundamentales y territoriales.

Esta es una de las principales causas que exacerban las problemáticas que enfrentan día a día los pueblos indígenas.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Violencia Sociopolítica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (Odtpi), de la Secretaria Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Cnti), en Colombia asesinan, en promedio, a una persona indígena cada tres días.

La imposición de órdenes sociorraciales en este país ha configurado laboratorios de violencia, de desarraigo territorial, de exterminio físico y cultural que desconocen la relación directa de los pueblos indígenas con la madre naturaleza.

Colombia es un país que asesina y vulnera los derechos fundamentales que deben ser protegidos por ley, derechos que están contemplados y reconocidos en la Constitución Política; entre ellos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como el derecho fundamental a la vida.

Por ejemplo, en el marco de la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, realizada el 12 de octubre de 2020, se levantó la voz en rechazo a los asesinatos selectivos, las masacres y todo tipo de intimidaciones que padecen los pueblos indígenas a manos de grupos armados que disputan el control o dominio de nuestros territorios, así como por la violación de nuestros derechos y el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz.

Este panorama de persecución, estigmatización y exterminio se vio agudizado en los escenarios de movilización indígenas que le dieron continuidad a la Minga social y popular en el marco del Paro Nacional que tuvo expresión este año.

Este fue un espacio de resistencia que terminó siendo estigmatizado con afirmaciones racistas, discriminatorias y mentirosas por parte de la opinión pública y representantes de gremios económicos y políticos, quienes pusieron en riesgo la integridad y la vida de personas que hemos luchado por el reconocimiento de los derechos. Con esto podríamos preguntarnos: ¿qué garantías existen para el cumplimiento de las iniciativas y los acuerdos pactados para la construcción de paz?

Este 26 de septiembre se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz y las discusiones continúan en torno a la implementación urgente del capítulo étnico, debido al fracaso actual de su aplicación y a la violencia que sigue afectando de manera directa a las comunidades y a los territorios indígenas a nivel nacional.

Son más de 361 los asesinatos contra la población indígena desde la adopción del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. Un registro del Odtpi, comprendido entre 2017 y 2020, para ese último año da cuenta de una tasa de incremento del 200 por ciento en el homicidio a los líderes indígenas.

Es necesario hacerle un llamado al Gobierno que, dada su responsabilidad, debe garantizar las condiciones mínimas para que las autoridades, los líderes, lideresas y sabedores espirituales indígenas se puedan ejercer el gobierno propio, control y armonización territorial, así como la protección de su integridad física. Asimismo, debe propender por la formalización y la seguridad jurídica de los territorios, de manera ágil y eficiente, porque son vocerías que, bajo el mandato colectivo de sus pueblos y comunidades, velan por el equilibrio territorial, social, cultural y político, y por la defensa de los derechos territoriales.

¡Basta ya de señalamientos que ponen en riesgo nuestra vida! Los pueblos indígenas somos guardianes y guardianas de nuestros territorios. Creemos que la deuda histórica con los pueblos indígenas continúa, deuda a la que se suma, entre muchas cosas, el incumplimiento de los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz en el año 2016, y la falta de voluntad política por parte del Gobierno. Esto sigue provocando nuestra revictimización y exterminio, así como la destrucción de los territorios y sitios sagrados indispensables para la armonía territorial.

Es urgente que nuestros territorios sean reconocidos como sujetos de derechos y como víctimas, debido a los impactos del conflicto armado, entre los que están: desplazamientos, confinamientos, desapariciones forzadas y homicidios que han puesto en riesgo nuestra pervivencia física y cultural en el país.

¡Protegemos los territorios, tejemos la vida!

Temas destacados

Este espacio es posible gracias a

Étnica

*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

Compartir
0
Preloader
  • Amigo
  • Lector
  • Usuario

Cargando...

Preloader
  • Los periodistas están prendiendo sus computadores
  • Micrófonos encendidos
  • Estamos cargando últimas noticias