No es la primera vez que las tomas de tierras ocupan un lugar central en el debate político. En 1970, las noticias de tomas de tierras dominaron el debate nacional y, como resultado, la política pública sobre tierras cambió profundamente, al tiempo que los conflictos irresueltos alimentaron otros ciclos de violencia.
En esta columna, analizamos las tomas de tierras contemporáneas —y las respuestas de distintos actores— a la luz de una comparación con episodios similares en la década del setenta.
Aunque la naturaleza y la lógica de las tomas de hace medio siglo difiere de lo que ocurre ahora, hay similitudes importantes que merecen un análisis cuidadoso de los legados de dichos episodios en dos dimensiones: i) la violencia en nombre de la defensa de la propiedad privada y ii) la política agraria y de tierras.
Estas implicaciones cobran mayor importancia en el inicio del primer Gobierno de izquierda del país, que fue elegido con un mandato popular de trabajar por un país más justo y por el desarrollo rural. La respuesta del Gobierno nacional frente a la movilización rural determinará el rumbo del desarrollo rural y tendrá consecuencias significativas en la legitimidad frente al movimiento social, que ha sido uno de sus principales aliados hasta el momento.
¿Una agenda unificada de toma de tierras?
Una revisión de las noticias que han circulado en las últimas semanas sobre la “ola invasiones” sugiere que estos eventos no formarían parte de un mismo proceso, sino que responden a lógicas muy distintas.
Por un lado, están los episodios en el Norte del Cauca y el sur del Valle en los que han sido protagonistas comunidades indígenas y afrocolombianas. Como explicaremos más adelante, estos episodios hacen parte de una agenda de movilización que no es nueva ni se despertó con el nuevo Gobierno.
El conflicto de la tierra en esta región del país es profundo y responde tanto a una distribución desigual de la tierra —que alcanza el 0,90 del coeficiente de Gini de tierras— como a conflictos territoriales entre indígenas, afrodescendientes, campesinos y empresas agroindustriales. Como lo ha documentado el profesor Carlos Duarte, la gran concentración de la tierra choca con reclamos de comunidades que se traslapan en los mismos territorios y buscan dominio de poca tierra, en contravía de la agroindustria a gran escala.
Las dinámicas del conflicto en esta región están atravesadas por la implantación de un modelo multicultural sin garantías redistributivas, que está incrustado en el modelo de desarrollo extractivista y, en últimas, agudiza los conflictos de la tierra.
En el Cauca, este conflicto es de larga data. De hecho, hay denuncias de 71 predios afectados desde 2014 en los municipios de Guachené, Padilla, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada. Para el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), las tomas son procesos históricos de recuperación de tierras frente a la acumulación de la propiedad rural en la región.
En la misma línea, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) subrayó que las recuperaciones de tierras hacen parte de una reforma agraria popular e integral, la cual apunta a devolver la tierra que ha sido acumulada por los grandes capitales nacionales y extranjeros. Con todo, las tomas han dejado explícitas tensiones entre los indígenas y algunos trabajadores del sector azucarero, así como entre los indígenas y campesinos que piden tierra frente a afrodescendientes y corteros que marchan por el trabajo y la propiedad privada.
Por otro lado, el conflicto por la tierra en el Cauca parece ser muy distinto a lo que está ocurriendo en otras regiones del país, lo cual ha sido calificado como “invasiones” por los medios de comunicación.
El caso de Magdalena ha captado buena parte de la atención mediática. Aunque a veces la prensa se refiere a invasiones, las denuncias realmente son sobre amenazas de invasiones. Así lo expresó el ganadero Jefry Molina a la Revista Semana: “Hay una serie de indicios que nos permite concluir que están a punto de invadir. Hemos encontrado marcas en diferentes partes, a 200 metros una de la otra, lo que nos quiere decir que hay gente que se quiere meter a la zona que es pacífica, ganadera y agrícola”.
En nuestra búsqueda, no encontramos declaraciones de la Fuerza Pública al respecto que verifiquen o esclarezcan los videos y fotos que circulan en redes sociales. Las denuncias de invasiones vienen en su mayoría de José Félix Lafaurie, Fedegán y el alcalde del municipio del Plato.
Además, la mayoría de las notas de prensa provienen o citan un solo portal de noticias, que fue fundado en junio de 2022 y publica mayoritariamente sobre invasiones de tierras. Curiosamente, de las cuatro columnas de opinión, dos son escritas por José Félix Lafaurie y están enfocadas en las invasiones. Así mismo, Lafaurie y la procuradora Cabello han atribuido las invasiones a mafias (acá y acá).
Por su parte, el gobernador del departamento, Carlos Caicedo, ha controvertido esas declaraciones. Aunque no está claro quién está detrás de las amenazas de invasión, la lógica parece ser muy distinta a los patrones históricos de tomas de tierras que vemos en el caso del Cauca.
Otros episodios en otros departamentos sugieren que la lógica parece distar significativamente de la agenda rural de recuperación de tierras. En el municipio de Dagua (Valle del Cauca), unas personas ocuparon un predio de la SAE y, al final, se retiraron de manera pacífica. En Neiva, un grupo de personas están ubicadas en los linderos de la ciudad y, según información disponible, se trata de personas que han sido desplazadas y no hay un reclamo de reinvidicación de la tierra. En Boyacá ocurrió un conflicto entre vecinos que dio paso a un proceso judicial. Las denuncias en Girón (Santander) hacen alusión a las ocupaciones de personas armadas. Por último, llama la atención el caso de Tamalameque, Cesar, que se diferencia de los otros porque las organización campesinas se han manifestado al respecto. En un video, los recuperadores del proceso Renacer Campesino explican que están asentados en el territorio desde hace un año y, debido a los procesos de recuperación, uno de sus líderes fue asesinado.
La variedad de lógicas detrás de la “ola de invasiones” sugiere cautela para entender y abordar estos hechos. Por ello, resulta desafortunado el anuncio del Gobierno nacional que califica estos hechos como si pertenecieran a un mismo fenómeno y prevé el desalojo forzado como herramienta de solución. Como lo evidencia la experiencia de la década del setenta, la respuesta a los reclamos de tierras tiene efectos profundos no solo en la política de tierras hacia el futuro, sino también en los conflictos irresueltos por la tierra y los posteriores ciclos de violencia.
La toma de tierras: un repertorio de movilización de larga data
Contrario a lo sugerido por algunas voces disidentes, las tomas de tierras no surgen repentinamente con la entrada del nuevo Gobierno, sino que constituyen un repertorio de movilización rural con una larga historia, como lo muestra la Figura 1.
En las décadas del veinte y treinta, el conflicto por la tierra —también llamado el conflicto entre el machete y el papel sellado— enfrentó a colonos y terratenientes por las disputas sobre tierras que los primeros alegaban eran públicas y los segundos defendían como privadas a partir de títulos dudosos. Como lo ha analizado la profesora Catherine LeGrand, esa movilización forjó una reforma agraria relativamente promisoria —que, en la implementación, falló en redistribuir la tierra— y promovió la institucionalidad alrededor del desarrollo rural.
Figura 1. Tomas de tierras 1975-2020
La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
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