El grito de Cachicamo

La situación empeora en el Guayabero, una región ubicada en el centro de los intereses de pocos que afectan a muchos, todo indica que aquí nos regresamos a los tiempos “La ley del monte”, documental de Adelaida Trujillo que relata la historia de esta gente invisible que fue lanzada a la selva en la vorágine de la violencia, el despojo y la desesperanza.

Asesinatos, amenazas, emergencia de disidencias guerrilleras, militarización oficial, fracaso de la sustitución de los cultivos de coca, negligencia y falta de Estado y de soberanía son el contexto de este drama.

Los incumplimientos a los acuerdos de los paros agrarios, de los acuerdos de paz y de los compromisos del Estado, son respondidos con violaciones a derechos humanos, sanciones y confiscaciones de ganado en Parques Naturales. Por aquí confluyen los PNN Macarena, Tinigua, Picachos, Chiribiquete y la reserva natural Nukak. El Estado no termina de llegar aquí y un nuevo ciclo de violencia se abre para cobrar con muertos y cárcel la incapacidad de llegar con soluciones de política pública e inversión social que logre la inclusión y la justicia.

El Grito de Cachicamo se suma al del reciente foro ambiental de La Macarena, los que sufren la violencia tienen propuestas que se estrellan contra el oído sordo de un Gobierno que sigue quedando lejos.

La siguiente es la declaración de Cachicamo, con las propuestas del campesinado del Guayabero:

DECLARACIÓN POLÍTICA

Primer encuentro de comunidades campesinas

“Por la defensa de nuestras tierras y el territorio”

Los más de 2.000 campesinos y campesinas, representados en las Juntas de Acción Comunal, aso-juntas y organizaciones campesinas de Guaviare y el sur del Meta, reunidos en el Primer (I) Encuentro de Comunidades Campesinas Por la Defensa de la Tierra y el Territorio, durante los días 17, 18, 19 y 20 del mes de noviembre de 2018, damos a conocer a la comunidad nacional e internacional, la presente declaración política:

Partimos de recordarle al Estado y a los gobiernos de turno, que ancestralmente vivíamos al interior del país, donde teníamos nuestras formas de vida, que nos servían de sustento propio y a nuestras familias, pero que, debido a las políticas públicas en favor de los terratenientes y latifundistas con la anuencia de los poderes estatales decretaron la violencia en Colombia con la cual, sembraron el terror, masacraron a parte de nuestros ancestros, nos despojaron de las mejores tierras y los que pudimos sobrevivir nos refugiamos: unos engrosando los cinturones de miseria en las grandes ciudades y otros, nos adentramos a lo profundo de las selvas colombianas y a los cortes de colonización.

Recordarle al Estado y al gobierno de turno que a través de las instituciones de ese entonces como el INCORA, se organizaron diferentes frentes de colonización. Estos frentes de colonización en esta región se dieron en la década de los años sesenta (60). Uno de ellos se conoce como El Parque Tinigua en la región de la ESPELDA, hoy, ubicada dentro del municipio de Uribe departamento del Meta, otro frente de colonización en El Municipio de El Retorno Guaviare, otro frente de colonización se ubica en La Macarena Meta. Con lo anterior podemos determinar que, los habitantes de esta región, se encuentran entrelazado en estos frentes de colonización dirigidas por los gobiernos de turno en sus momentos.

Con la política de su momento del INCORA induce a los colonos a la deforestación, ya que se les exigía que derribaran montaña para que se sembrara pasto para como mínimo sostener el pastoreo de 50 reses y poder acceder a créditos.

Fue el Estado que creó e indujo la cultura de colonización, reclutando campesinos sin tierra del sur-occidente y centro de Colombia. Otros Llegamos a estos cortes de colonización, desplazados del interior del país en forma individual e improvisada pero debido también a la violencia política.

En su momento ninguna entidad nacional se acercó a los colonos a notificar que no podían consolidar los asentamientos por motivos de protección ambiental, cultural, de riesgo geológico o de reserva biológica. Al contrario, siempre tuvimos presencia institucional – estatal; lo cual permitió y sigue permitiendo nuestra formalización en las Juntas de Acción Comunal al reconocernos como personas jurídicas, lo que equivale a reconocer la legitimidad de los asentamientos campesinos. la antigua Caja Agraria, hoy

Banco AGRARIO ha otorgado créditos a altos intereses a algunos finqueros colonos; han reconocido nuestro asentamiento a través de la aplicación de las encuestas del SISBEN; nos han reconocido los establecimientos educativos al nombrar docentes y el mejoramiento de la infraestructura, han impulsado programas de transporte escolar y en materia de control sanitario para la tenencia del ganado vacuno, ya que los tenedores de ganados estamos inscritos en el ICA.

Pero, además, sin importar que estos territorios han venido siendo ocupados e intervenidos por los colonos campesinos, han diseñado e impuesto toda una política con leyes, sentencias, decretos, resoluciones y demás, conformando y ampliando toda una cantidad de territorio para determinarlos como áreas protegidas y Parques Naturales Nacionales, sin consultar con los colonos campesinos y población en general quienes habitan allí y que, han venido desarrollando actividades productivas para el sustento de las familias.

El Estado, solo en los últimos tiempos, se le ha ocurrido sin brindarnos alternativas reales ni garantías, que tenemos que abandonar la permanencia en estos territorios forzosamente, lo cual genera una gran crisis humanitaria como la que sufrimos antes de llegar a esta región.

Lo anterior muestra, que no somos nosotros los culpables de estar viviendo en estos territorios desde hace más de 50 años haciendo patria.

Por todo lo anterior:

1-   Nos oponemos a las medidas represivas del estado colombiano, que por intermedio de las autoridades ambientales, militares, policiales, judiciales y demás instituciones, pretenden desalojarnos del territorio de manera violenta, so pretexto de dar cumplimiento a leyes, sentencias, decretos y resoluciones ambientales, que solo abren paso a la confrontación con las comunidades campesinas de la región.

Como alternativa, proponemos se busque la concertación y el dialogo, la construcción urgente y de manera inmediata sin dilaciones y prolongación de tiempos, la construcción de la política pública al interior de los parques Nacionales Naturales y de las áreas protegidas.

2-   Exigimos a PNN la continuidad de la Mesa Nacional de Concertación entre las organizaciones campesinas y PNN, para ello la instalación de la Mesa Regional campesina e interinstitucional para la resolución de conflictos ambientales y territoriales, la cual debe ser instalada de manera inmediata, y todas sus actividades en adelante deben ser financiadas por las gobernaciones de Meta y Guaviare.

En la reanudación de la Mesa Nacional de concertación y la Mesa Regional se deben definir tiempos concretos en los que se lleguen a consensos para construir esa política

pública y que permita el desarrollo de actividades productivas, para la conservación de la cultura campesina al interior de las áreas protegidas intervenidas.

3-   Rechazamos la forma como se viene ejecutando en el territorio la Sentencia 4360 de 2018, emitida por la Corte Suprema de Justicia, en la medida que las autoridades ambientales, civiles y militares, solo están poniendo en práctica, medidas represivas, policivas y judiciales contra las y los campesinos del territorio, desconociendo las otras ordenes que en ella se establecen.

De igual manera, rechazamos las violaciones a derechos campesinos y el trato militar que se le viene dando a una problemática social y ambiental, que requiere de diálogo y concertación con las comunidades para ser solucionado.

Exigimos, que el pacto intergeneracional por la defensa de la amazonia, sea una instancia formal, de toma de decisiones, en la ejecución del plan de acción para detener la desforestación y que las propuestas campesinas, queden incluidas en el plan de acción

Exigimos una modulación a la sentenencia 4360, donde se definan claramente los tiempos de ejecución, así mismo, el financiamiento de las actividades e iniciativas del plan de acción.

Rechazamos la criminalización y la estigmatización de la cual venimos siendo víctimas las comunidades campesinas que habitamos las áreas protegidas, toda vez que nos señalan como invasores de áreas protegidas, destructores del medio ambiente y criminales de la desforestación.

4-   Rechazamos también la determinación reciente de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de su, “estrategia investigativa contra la deforestación en la cuenca amazónica”, al darle un tratamiento judicial a las intervenciones de los campesinos en las áreas protegidas so pretexto de cumplimiento de dicha sentencia.

Para ello exigimos al Estado en su conjunto, que los planes o el plan de acción que se construya en torno a frenar la deforestación, debe adelantarse en concertación con las comunidades y sus organizaciones sociales que habitamos al interior de dichas áreas.

5-   Rechazamos la construcción del gigantesco oleoducto que atraviesa las planicies de los departamentos del Guaviare y Meta, al igual que a las cordilleras para llegar al Pacífico Colombiano, a través del proyecto TAPIR. E igualmente con fines de extracción de hidrocarburos y minería.

Lo anterior nos muestra, que el estado colombiano no está pensando en defender el medio ambiente, sino que utilizan el tema ambiental como pretexto para desalojar al campesinado y entregarles el territorio a las trasnacionales de la explotación de petróleo y minera, afectando gravemente las dichosas áreas protegidas como P.N.N., ley 2 de 1959, entre otras.

6-   Rechazamos los asesinatos que se vienen presentando en la región y pedimos a las autoridades correspondientes adelanten las respectivas investigaciones para que se determinen sus autores.

7-   Rechazamos los señalamientos y estigmatizaciones, por parte del Ejercito Nacional, a la protesta social que hemos adelantado las comunidades de Guaviare y Sur del Meta, para visibilizar y exigir que se nos respeten los derechos que tenemos como ciudadanos.

8-   Rechazamos la presencia de grupos armados, legales e ilegales, dentro del territorio. En vista de la amenaza que para la vida y la libertad de los habitantes de la región supone la presencia de cualquier actor armado en la región, como ha venido sucediendo con los líderes sociales asesinados en el país. Las comunidades le apostamos a construir un territorio de paz con justicia social, libre de armas y de confrontaciones bélicas.

No consideramos necesaria y por el contrario rechazamos la construcción de bases militares del Ejército Nacional en los alrededores de los centros poblados de la región como la que tienen proyectada construir en Puerto Cachicamo, pues esto intensificaría el conflicto armado en la región y coloca a la población civil en medio del fuego cruzado entre los grupos amados en confrontación.

Como alternativa, para la seguridad de las comunidades, exigimos la legitimidad y el reconocimiento jurídico del proceso organizativo de la guardia campesina, el cual se conformará con la participación activa de los habitantes de este territorio

9-   Rechazamos la judicialización de campesinos y líderes sociales de la región, en base a cargos como concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, entre otros. Haciendo clara diferenciación entre campesinos y actores del conflicto armado.

Exigimos el cese inmediato de la persecución sistemática contra líderes y campesinos de la región.

Las comunidades manifestamos nuestro rechazo a estas acusaciones por considerar que se trata de montajes judiciales o “falsos positivos judiciales” que solo buscan intimidar y desestabilizar a las comunidades. Señalamos que las personas detenidas hasta ahora, las reconocemos como personas de bien y líderes activos de la región, a quienes no se les conoce vínculo alguno con grupos al margen de la ley.

10- Apoyamos y respaldamos la acción encaminada a construir una Mesa defensorial entre los entes de control como: Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el acompañamiento de las Naciones Unidas que se viene adelantando por parte de las comunidades de La Macarena Meta.