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Las observaciones y recomendaciones de la Visita de Trabajo a Colombia hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han sido mal interpretadas y distorsionadas tanto por el Gobierno del presidente Duque como por sus fuerzas de apoyo en el Congreso.
El informe de la Cidh y los negacionistas
El informe ha sido leído como el respaldo de fuerzas liberales y de izquierda internacionales - ancladas en instituciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) - a los manifestantes de las jornadas de protesta. El presidente Duque, la canciller, el embajador ante la OEA y los miembros del partido de Gobierno, han hecho muy poco por entender el contenido de este informe y lo han rechazado de forma irracional. Esto pone a Colombia en el mismo nivel que Estados que han cerrado sus puertas a la verificación internacional, como lo han hecho Nicaragua y Venezuela.
Es, a todas luces, falsa la afirmación del presidente Duque, según la cual la Cidh no puede “recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”. La imprecisión de esta afirmación contrasta con lo que dice el Informe en las recomendaciones 15 y 33: “La Cidh pide sancionar, respetando el debido proceso, todas las violencias ocurridas en las protestas, tanto los delitos de particulares contra bienes públicos o derechos de terceros, como las violaciones de derechos humanos por agentes estatales”.
El rechazo al reconocimiento del conjunto de hechos violentos denunciados por el Informe de la Cidh, como fuerza policial desproporcionada, los terribles atropellos a mujeres e indígenas, los casos de violencia sexual, y más de 80 casos de jóvenes reportados como desaparecidos (de los cuales cinco han aparecido muertos), se une a otro tipo de rechazo que es más de fondo: a saber, la negación de la existencia de causas estructurales que están en la base del profundo descontento social y político de las mayorías en el país, origen de las masivas manifestaciones y protestas de 2019 y de 2021.
Estas causas estructurales tienen que ver con la pobreza monetaria (en 2020 llegó a 42,5 por ciento o 21 millones de personas), la pobreza monetaria extrema (15,1 por ciento o 7.5 millones), el aumento de la desigualdad -que se refleja en un índice Gini (que calcula la desigualdad entre ciudadanos de un país) de 0.5638- la dificultad para el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud, el deterioro del sistema político debido a la corrupción, la crisis de la democracia representativa y de los partidos, y la incapacidad del modelo económico para generar riqueza como un bien común para Colombia, así como trabajo y condiciones justas para los trabajadores en general.
En este sentido, lo que se puso de manifiesto en las masivas jornadas de movilización del 2021 (6 mil 328 concentraciones, 2 mil 300 marchas, 3 mil 190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas) es la crisis estructural del actual modelo político y económico, que se organizó a partir de una interpretación instrumental y sesgada de la Constitución de 1991, la cual se articuló de manera funcional con una economía de mercado orientada por una concepción neoliberal.
La Constitución de 1991, que resultó de una profunda crisis política y de grandes movilizaciones sociales, generó inmensas expectativas sobre cambios fundamentales en la garantía e implementación de los derechos y libertades individuales, y de los derechos sociales y culturales. Sin embargo, esos sueños que inspiraron al constituyente del 91, particularmente la consecución de la paz y la ampliación de los derechos sociales, no han podido concretarse porque ha faltado voluntad política por parte de los gobiernos de estas últimas dos décadas y de la élite económica y empresarial.
Colombia, al igual que otros países de la región como Chile, Argentina, Brasil, Perú, y México, entró progresivamente en la senda neoliberal desde la década de los ochenta, lo cual se tradujo en institucionalizar la primacía de la racionalidad económica sobre otras áreas de la vida intentando crear una sociedad de mercado. En términos generales, el neoliberalismo es la razón del capitalismo contemporáneo, la cual además de configurar todos los aspectos de la existencia en términos económicos, está anulando elementos básicos de la democracia.
Al concentrar el poder en manos de los actores económicos más poderosos en detrimento de la masa de los ciudadanos, el neoliberalismo desactiva la democracia y fragmenta la sociedad. Entre los elementos de la democracia que son anulados por el neoliberalismo se cuentan la justicia, las instituciones de protección de los derechos sociales de educación, salud, pensiones, los principios democráticos de la libertad y la igualdad, e incluso el principio de la soberanía popular.
El neoliberalismo en Colombia no siguió la senda de una modernización capitalista acelerada como la que se dio en Japón o Corea del Sur. Colombia, en sentido estricto, no es una sociedad capitalista, no tiene una infraestructura industrial ni un mercado capitalista. Es un capitalismo clientelista que depende no de la búsqueda de la acumulación de riqueza gracias al aumento de la capacidad productiva de las empresas, de la generación de empleo, y del fomento de la investigación, sino de las relaciones de los empresarios con el gobierno y de las subvenciones que reciben de este en términos tributarios y condiciones favorables para que los negocios más grandes tengan su rentabilidad garantizada.
El tipo de neoliberalismo clientelista que tiene Colombia está orientado a la privatización de los derechos sociales. Esto se aprecia claramente en los sistemas de salud, educación y pensiones. En salud, el Estado tuvo como meta hacer que entidades de servicio público hospitalario produzcan de un modo supuestamente más eficiente, como si fueran empresas privadas. Estas reformas condujeron a muchos hospitales y clínicas al cierre, a retirar camas de hospitales, a reducir personal sanitario y a la expulsión de millones de personas del sistema de salud.
La educación universitaria ha sido también sometida a estos cambios. En este sentido, se propuso que la universidad actúe como una empresa manejada estratégicamente buscando el éxito en la competencia por fondos de financiación, profesores y estudiantes, y abandone la idea de la comunidad científica como una institución básica de la producción colaborativa del conocimiento para avanzar hacia la producción de un conocimiento competitivo como un bien privado para obtener rentas monopólicas en la competencia global para la innovación económica como lo sugiere Richard Münch.
El sistema pensional ha sido también estructurado en función de la creación de un mercado privado de prestadores de servicios pensionales. Los fondos privados de pensiones transfirieron a los ciudadanos una cantidad de riesgos de longevidad, financieros y macroeconómicos. Después de décadas de funcionamiento, el resultado es que millones de colombianos tienen pensiones bajísimas.
En su dimensión política, el modelo colombiano de democracia representativa ha estado marcado por la corrupción. Al plantear en el modelo neoliberal que todas las actividades del Estado se deben concebir según el modelo de empresa, se crearon las condiciones que hicieron posible el incremento de los riesgos de corrupción. En democracias neoliberales se debilita el Estado en la medida en que se anula la justicia y las instituciones de protección de los derechos sociales. El debilitamiento de la institucionalidad del Estado abre las puertas para el despliegue de la corrupción en todos los niveles. Al no haber formas efectivas de control ético y jurídico que limiten las actuaciones de empresarios, políticos, y jueces, la economía crece descontroladamente, guiada solamente por la acumulación de riqueza, que deriva en corrupción.
He señalado que existen unas causas estructurales que están en la base del profundo descontento social y político de las mayorías en el país, y he mostrado que el gobierno de Duque niega la existencia de estas causas. Para Duque, se trata simplemente de hacerle ajustes al modelo, conservando sus elementos básicos: preservación de los imperativos del mercado en la esfera de los derechos sociales, mantenimiento de la apertura de la economía a los inversionistas extranjeros, y continuación de las políticas policiales agresivas contra la protesta social. De esta actitud negacionista se desprende como una necesidad lógica la negación del Informe de la Cidh. Otro ejemplo de esta actitud negacionista lo dio la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando afirmó que las muertes en la protesta fueron debidas al vandalismo, desconociendo con esto que hay evidencias sólidas que señalan a miembros de la policía en al menos 25 homicidios.
Se trata con esto de darle continuidad a una política del olvido que ha sido determinante en Colombia. El olvido ha dominado la lógica de la política y del derecho durante muchos años debido al dominio que han ejercido presidentes autoritarios o élites hegemónicas. Por esta razón la actitud negacionista del presidente Duque y la canciller frente al Informe de la Cidh se expresa en la idea de que es necesario tapar con un manto de silencio las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales y salvaguardarlos así de la acción judicial.
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