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La Asociación Colombiana de Medios de Información denunció el viernes que un proyecto de ley anticorrupción agendado para el lunes 6 de diciembre incluye un orangután de censura. Contrario a cualquier estándar de derechos humanos y, precisamente, perjudicial para la lucha contra la corrupción, un grupo de padres de la patria quiere que los críticos y denunciantes de hechos de corrupción reciban penas más severas que los propios denunciados.
El orangután de censura en el Congreso
Con una redacción muy confusa, el orangután de censura establece que quien cometa una injuria y calumnia con el fin de "atacar u obstruir las funciones constitucionales de algún funcionario público" a través de la denuncia de "hechos falsos sobre él o sobre su familia" podrá ser castigado con hasta diez años de prisión sin ningún tipo de beneficio, como la prisión domiciliaria de la que gozan tantos funcionarios corruptos, y deberá pagar una multa de hasta 1.500 salarios mínimos, como haciendo vaca para compensar la plata que otros se roban.
Si este adefesio es aprobado por el Congreso y si es firmado por el Presidente, nos estará enviando demasiadas décadas, o siglos, hacia el pasado. Nos estará pidiendo que empaquemos y olvidemos la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y de lucha contra la corrupción y páginas y páginas de sentencias de nuestra Corte Constitucional y de las Cortes internacionales. Entraríamos en un régimen en el que pesa más el amor propio de un funcionario ofendido que la denuncia ciudadana sobre temas de interés público.
En los noventa, América Latina tuvo una serie de cambios constitucionales basados en que la ciudadanía debía ser deliberante, servirse de su propia inteligencia e involucrarse en los asuntos públicos mediante la crítica y la denuncia. De forma opuesta, el orangután de censura se basa en el concepto del "ciudadano ejemplar" que promueven los regímenes autoritarios: personas que le entregan toda su capacidad de decisión y pensamiento al Estado, que agradecen los beneficios o derechos como si fueran regalos recibidos por gracia de un tirano bondadoso.
Estos cambios constitucionales llevaron a que una parte importante de países de la región, con el liderazgo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, derogara las leyes de "desacato": normas con delitos que castigan "la expresión que ofende, insulta o amenaza a un funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales". Es decir, privilegios para la honra de esas personas como si fueran seres especiales e infalibles.
Se podría escribir un tratado de todos los estándares internacionales que este artículo contradice, pero con un par es suficiente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que forma parte Colombia, no permite que se use el derecho penal para proteger el honor de funcionarios públicos. Esa Corte también ha dicho que el derecho penal no puede usarse a la ligera porque el miedo a las sanciones penales desproporcionadas puede llevar a que el debate público se sofoque y la gente prefiera quedarse callada.
Lo que hace esta norma es facilitar algo conocido como los pleitos estratégicos contra la participación pública. Es un concepto que nació en Estados Unidos como Strategic Litigation Against Public Participation (Slapp) y que desde El Veinte hemos llamado Presiones con Litigio Abusivo Generador de Autocensura (Plaga).
Se trata de aquellos casos en que los funcionarios, empresarios poderosos o personajes públicos en general, se aprovechan del sistema judicial para censurar a las personas. A través de denuncias o demandas millonarias, buscan que sus críticos o denunciantes guarden silencio por el miedo a un castigo o al desgaste de un proceso judicial. La Corte Constitucional ya dijo este año que las normas que facilitan este tipo de pleitos son contrarias a la Constitución.
Este deseo de acabar con la participación pública es evidente desde la primera línea, pero se hace mucho más claro cuando dice que, si la injuria y la calumnia contra un funcionario la comete un "representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria", se procederá a cancelar la personería jurídica de esa entidad.
En resumen, esta norma autoriza que se cierren medios de comunicación comunitarios, organizaciones de derechos humanos y muchas otras personas jurídicas que pueden caber dentro de esa redacción tan ambigua. En la práctica, no se limitaría a castigar al periodista o defensor que hizo la denuncia, sino que también ordenaría que se cierre el lugar de trabajo de esa persona y, como resultado obvio, se pierdan muchas voces dentro del debate público. Esto se vuelve una herramienta esencial para que cualquier alcalde, concejal, u otros acaben con el trabajo de las personas que hacen veeduría y denuncia en las regiones.
Es muy probable que la presión pública lleve a que esta norma no sea aprobada por el Congreso o que sea objetada por el presidente. De no ser así, es muy seguro que la Corte Constitucional tumbará al orangután en cuestión de meses.
Independiente de esto, hay un problema estructural que todavía no tendrá solución: hay gobernantes que reciben y administran dineros públicos y que toman decisiones fundamentales de nuestras vidas que creen que son intocables y que ven a la denuncia pública como una desventaja y un mal a erradicar.
Desde El Veinte redactamos y estamos promoviendo una ley completamente opuesta que parece tenerla muy difícil en este panorama: una ley "anti-Slapp" que permita la terminación temprana de los procesos judiciales que se inician con el fin de censurar. Esta ley, que ya tiene ponencia en segundo debate y está a la espera de ser agendada en plenaria del Senado, está basada en experiencias de otros países, en recomendaciones internacionales, en la ilusión de que nuestro país puede avanzar en ser cada vez más pluralista y promotor del debate público y en la preocupación de que el abuso del sistema judicial está incrementando.
Pero quizá soñar con que una herramienta así sea aprobada por el Congreso es un sueño muy ingenuo dentro de un ambiente tan favorable para la censura.
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