¡El primer paso es regular el cannabis de uso adulto ya!

¡El primer paso es regular el cannabis de uso adulto ya!
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Esta columna fue escrita en coautoría con Lucas Marín Llanes.

En la última década el mundo ha avanzado en la regulación del uso medicinal y adulto del cannabis. En el caso de Estados Unidos se han regulado tanto el consumo como la producción, y en varios estados se recaudan impuestos para financiar las estrategias para prevenir el consumo y reducir daños.

En América Latina se ha regulado el uso adulto del cannabis en México y en Uruguay. El diseño del marco regulatorio varía sustancialmente entre países. En cuanto a la regulación para el uso del cannabis medicinal, en América Latina se ha logrado implementar en Argentina, Chile, Colombia y Paraguay.

En Colombia, el marco regulatorio frente al uso de sustancias psicoactivas es contradictorio.

Por un lado, la Ley 30 de 1986 permite la dosis mínima de sustancias. En el caso de la marihuana, el límite es de 20 gramos. En la Sentencia C-221 de 1994 la Corte Constitucional concluyó que el artículo de la Ley 30 correspondiente a la dosis mínima es acorde a la Constitución y no fue modificado. Sin embargo, el Acto Legislativo 02 de 2009 introdujo al artículo 49 de la Constitución Política la prohibición del porte y consumo de estupefacientes y sicotrópicos.

A partir de esto se han desarrollado medidas de reglamentación del Código de Policía, como el Decreto 1844 de 2018, que criminaliza la posesión de sustancias. En el tema medicinal, la Ley 1787 de 2016 creó el marco regulatorio para el acceso al uso médico y científico del cannabis.

En este contexto jurídico, las nuevas iniciativas legislativas son fundamentales para lograr la regulación de sustancias psicoactivas. Una de las propuestas que puso sobre la mesa el nuevo Gobierno durante la campaña fue el cambio en el enfoque de la política de drogas, y el primer paso debería ser la regulación del cannabis de uso adulto.

En agosto de este año se radicó el Proyecto de Acto Legislativo 002 de 2022 de Juan Carlos Losada para modificar el artículo 49 y sustraer de la prohibición del porte y consumo de estupefacientes el cannabis; y el Proyecto de Ley 108 de 2022 de Gustavo Bolívar para regular el mercado del cannabis de uso adulto.

La reforma al artículo 49 de la Constitución es esencial para poder regular el mercado de producción y consumo de esta y todas las sustancias psicoactivas. De lo contrario es probable que la regulación del mercado pretendida en el PL 108 no pase el control de constitucionalidad.

Sin embargo, siguiendo planteamientos de organizaciones como Elementa y DeJusticia, es deseable que la reforma a la Constitución elimine la prohibición del porte y consumo de estupefacientes en general, en vez de solo sustraer el cannabis para no entrar en un ciclo de reformas a la Constitución en el proceso de regulación de sustancias que, esperamos, ocurra en los próximos años.

Los cambios planteados en estas iniciativas legislativas permiten enfocar el consumo desde una perspectiva de salud pública en vez de criminalizar a los consumidores. Este enfoque, además de reducir los daños asociados al consumo, es una estrategia efectiva para prevenir el consumo de adolescentes y hacerle seguimiento a la calidad de las sustancias consumidas.

El modelo de regulación del mercado para uso adulto del cannabis debe incluir a los campesinos y cultivadores históricos. Para esto es necesario implementar mercados con modelos de beneficios compartidos en los cuales los cultivadores hagan parte de toda la cadena de valor. Buena parte de la discusión sobre las licencias de este mercado tendrá que considerar el modelo de beneficios compartidos y garantizar la calidad del cannabis para los consumidores.

Más allá de los beneficios en términos de salud y reparación histórica a los cultivadores, un mercado regulado de cannabis liberaría recursos policiales y podría reducir la violencia. El argumento detrás de esta hipótesis es que la regulación permite asignar de manera más eficiente los recursos policiales y judiciales orientándolos al patrullaje, por ejemplo, en vez de a la persecución de consumidores y vendedores de cannabis. La evidencia de otras experiencias, como Estados Unidos y Londres, muestra que la regulación y la descriminalización, respectivamente, reducen la criminalidad.

En Colombia los datos de la Policía Nacional sugieren que la sustancia más incautada en el país es la marihuana y ocurre en todo el territorio nacional. Esto implica que se están destinando recursos importantes en términos económicos que se podrían destinar en dimensiones más relevantes para la protección de las comunidades y la seguridad ciudadana, urbana y rural. Mientras que en la mayoría de las regiones de Europa y Estados Unidos el consumo de cannabis es permitido, en Colombia gastamos recursos innecesarios y de manera ineficiente en perseguir a productores, comercializadores y consumidores de esta sustancia, en vez de regularla para aprovechar beneficios en varias dimensiones.

En el Gráfico 1 mostramos la evolución de las incautaciones por tipo de sustancia y se evidencia que durante la mayoría de los años entre el 2010 y el 2020 las incautaciones de marihuana superaron las de las demás sustancias. En el Mapa 1 mostramos que las incautaciones de marihuana ocurren en la mayoría de los municipios del territorio nacional.

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Gráfico 1. Evolución de las incautaciones por tipo de sustancia en Colombia

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Mapa 1. Distribución espacial de las incautaciones de marihuana en el 2020 (Elaborado por Carolina Hormizda)

En el Gráfico 2 mostramos que hasta el 2016 el 40% de incautaciones de marihuana fueron inferiores a la permitida por la Ley 30 de 1986 a través de la dosis mínima. Por lo tanto, dos de cada cinco esfuerzos policiales hasta 2016 en temas de incautaciones de marihuana se enfocaron en cantidades inferiores a 20 gramos. Desde el 2016 hubo una reducción en este indicador llegado a niveles inferiores al 10% en el 2020. 

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Gráfico 2. Incautaciones inferiores a la dosis mínima

Además de liberar recursos de la Policía y el sistema judicial en un mercado regulado, otro beneficio potencial de la regulación es el recaudo tributario que se generaría a partir de este mercado lícito. La discusión sobre el nivel óptimo de tributación del cannabis para uso adulto está aún comenzando, pero, según estimaciones de DeJusticia, el recaudo potencial de esta regulación equivale a 1,4 billones de pesos anuales. Este recaudo, como han planteado expertos en finanzas territoriales como Hernando Zuleta y Jaime Bonet, debe pensarse de manera subnacional y podría contribuir a robustecer las finanzas de los departamentos. Sin embargo, la orientación fiscal para el cannabis no debería tener como objetivo el recaudo fiscal sino desestimular el consumo y evitar la creación de mercados informales.

Hay temas que la regulación de este mercado debe tener en cuenta para evitar efectos no intencionados. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha mostrado que la regulación de la marihuana aumentó el consumo de esta sustancia en mayores de 21 años y las muertes por consumo de opioides. Especialmente, en el contexto actual colombiano en el que el consumo problemático de sustancias, como el basuco, ha crecido considerablemente en zonas urbanas y rurales, es necesaria una regulación que evite el aumento del consumo problemático de esta y otras sustancias.

Por lo tanto, un mercado regulado debe incluir elementos relacionados con la reducción de daños del consumo y una infraestructura de salud pública orientada a la protección de los consumidores. En ese sentido, actualmente también cursa el Proyecto de Ley Estatutaria 091 de 2022 de Daniel Carvalho que incluye aspectos importantes como: medidas de educación y prevención del consumo, así como disposiciones para brindar información a la ciudadanía sobre las sustancias incluso en los lugares de consumo habitual, garantizar la trazabilidad de las sustancias y crear puestos de análisis.

Estos elementos son fundamentales para complementar las otras iniciativas legislativas porque contribuyen a evitar que ocurran los efectos no intencionados de la regulación.

Estamos en el momento adecuado para que el Gobierno nacional y su bancada en el Congreso unifiquen esfuerzos para lograr la reforma constitucional al artículo 49 que permita el trámite de los demás proyectos de ley para regular el marcado del cannabis para uso adulto. Como mencionamos a lo largo de esta columna, el diseño institucional que se logre debe incluir la discusión sobre licencias para garantizar la calidad del producto y proteger a los consumidores, desarrollar sistemas de información para un consumo seguro e implementar programas de prevención de consumo adolescente.

Una nueva política de drogas necesita priorizar los esfuerzos y tener metas de corto, mediano y largo plazo. Celebramos el esfuerzo y trabajo de estos congresistas comprometidos con un cambio de enfoque en la política de drogas porque, sin lugar a dudas, el primer paso debería ser la regulación del mercado adulto del cannabis.¡Ya! 

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