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El Acuerdo final de Paz señala que el Gobierno nacional debe implementar en su integralidad lo acordado, es decir, los seis puntos aprobados: Reforma Rural Integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdo sobre las víctimas del conflicto, y la creación de la comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo Final (Csivi).
El primer quinquenio del Acuerdo de Paz: segunda parte
Señor presidente, el Acuerdo de Paz es para cumplirlo en su totalidad. No hacerlo es perfidia y traición a los miles de muertos, desaparecidos y los siete millones de víctimas reconocidas en el AFP y por las dos delegaciones, el Estado y la extinta insurgencia de las Farc-EP.
Los seis acuerdos mencionados se arrastran en el lodo de la indiferencia del gobierno actual, los avances son precarios. El Acuerdo Final de Paz contempla la entrega de tres millones de hectáreas de forma gratuita y la formalización de otras siete millones. Hoy no se ha entregado la primera hectárea.
Sobre drogas, el gobierno actúa en contra de lo pactado. El Estado le huye a la verdad plena frente a las víctimas, la desconexión de la institucionalidad con las comunidades es total.
Todo lo arrastra este gobierno, que legisla y gobierna para sus áulicos. El presidente Duque y su frágil gobierno pasará a la historia como quién quiso hacer trizas el Acuerdo de Paz, la esperanza de Colombia de vivir en paz y dignamente.
La implementación integral y eficaz de lo pactado es requisito indispensable para que sus efectos en la solución de los problemas sociales y medulares en que nos encontramos la sociedad colombiana llegue a las mayorías, sin desconocer la reincorporación integral de los ex combatientes y que avanza a rastras en medio de la incertidumbre, simulación y desfinanciación.
En medio de otra guerra que asciende y crece todos los días, sin que nadie lo note, más allá de las noticias diarias, donde un acontecimiento noticioso desvanece el anterior. Así vivimos en este país, siempre y por siempre hasta que el pueblo decida construir una patria amable, solidaria y humanista.
En relación con nuestra reincorporación integral a la sociedad, el gobierno se mueve en incumplimiento y unilateralidades, buscando sistemáticamente individualizar los proyectos productivos llevándolos a sus políticas de reintegración.
Así sigue el debate con el gobierno, como acaba de pasar con la discusión sobre tierras y vivienda. Esto significa profundas preocupaciones para la comunidad excombatiente, quienes creímos en el Estado.
La reincorporación integral se acordó para todos y todas quienes firmamos el Acuerdo, independientemente de nuestra militancia política y lugar de residencia y es responsabilidad del Estado garantizar estos derechos fundamentales y no pretender dividir a nuestro colectivo.
La lentitud, las garantías inexistentes para la sostenibilidad económica, demuestran cómo se arrastra nuestro acceso eficaz a la sociedad.
Huele todo esto a venganza disimulada, donde el estigma nos lacera en nuestros derechos fundamentales.
Los esfuerzos por territorializarnos obedecen a las necesidades de los excombatientes, sus familias, y las comunidades sin que el Gobierno haga lo necesario en estas vitales realidades.
Muchos firmantes de paz sobrevivimos a los múltiples obstáculos que nos pone la institucionalidad, eso fue un acuerdo entre dos fuerzas que ninguna venció a la otra en la contienda militar. ¿Qué tal hubiera sido producto de una derrota militar? Como pasó en el hermano pueblo del Perú, donde los guerrilleros sobrevivientes a la carnicería humana recibieron toda la injusticia del poder hasta la muerte.
Los firmantes de paz no estamos en oposición a la reincorporación, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar viviendas para cuatro o cinco años como las casas desechables que el Gobierno construyó. Dizque provisionales para la dejación de las armas, y luego de cuatro años está deshechas y cayéndose a pedazos, igual que los baños y sanitarios colectivos que se derrumbaron hace rato.
Al Acuerdo de paz le ha tocado soportar los ataques de una buena parte de la institucionalidad, poderosos personajes atados al pasado oscuro de la guerra.
Un partido de gobierno empecinado en destruir esta esperanza de Colombia. Crearon desesperanza e incertidumbre para exguerrilleros frente a la implementación de lo pactado. A muchos y muchas les ha tocado abandonar los espacios asignados para su reincorporación para poder sobrevivir en medio de las amenazas, persecución y muerte.
A la fecha van 285 asesinatos de firmantes de paz.
La desfinanciación para la implementación eficaz e integral, la poca participación efectiva del gobierno en las instancias del seguimiento a la implementación como la Csivi. Embelecos y mulas muertas atravesadas en el camino como la llamada “Paz con Legalidad”.
Está sobre el escenario político una verdadera batalla por la paz o la guerra. Hay fuerzas políticas poderosas que han logrado revertir los oscuros propósitos del partido de gobierno, iniciando por el huésped de la Casa de Nariño.
No solamente una buena parte de la institucionalidad está contra el Acuerdo de Paz, también la inseguridad a la vida la representa bandas criminales de todas las expresiones. Que lejos de combatirlas y judicializarlas de parte de las autoridades, son cada vez más poderosas y organizadas.
En Colombia no hay monopolio de las armas, las hay por millares en manos de civiles, e igualmente no existe una justicia robusta, la impunidad, el vencimiento de términos y otras figuras, colocan en la calle delincuentes a granel, sobre todo los de “cuello blanco”.
En muchas partes, sin excepción, la pistola es la justicia callejera. Tampoco la hacienda pública es controlada por el Estado. La corrupción es un cáncer terminal. Las extorsiones, el chantaje, llenan de miles de millones los bolsillos de fuerzas poderosas que desafían a la sociedad.
A los cinco años del Acuerdo Final de Paz, a pesar de todos los obstáculos en un país que persiste, en una violencia cuya efervescencia crece impresionantemente, donde la muerte ronda la cotidianidad de las mayorías, sin que el Gobierno asuma su responsabilidad de preservar la vida, honra y bienes de los y las colombianas.
Los exguerrilleros firmantes de paz seguiremos en la lucha por la construcción de la paz estable y duradera. Colombia entera lucha por construir la paz y vida digna, por eso está marchando en las calles. Por eso, fue la causa del estallido social.
El Acuerdo de Paz es indestructible, no existe otra esperanza cierta. Construir una Colombia amable y en paz sí es posible. Hacerlo realidad es un asunto de toda la sociedad en su conjunto. En el primer quinquenio del Acuerdo Final de Paz, sí hay razones para brindar por la vida y la esperanza.
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