Lo que no debería ser considerado como problemático, pero tiene en un estado de exasperación a los sectores sociales privilegiados, gremios, a la academia de centro-derecha y la gran prensa, es el proyecto de realización de los derechos sociales.
Este proyecto se concreta en las propuestas de reforma a los sistemas de salud, pensiones, laboral, tributaria, educación superior, con las cuales el actual gobierno tiene la pretensión de realizar una serie de cambios sistemáticos en algunas instituciones del Estado para convertir los derechos sociales —junto con los derechos subjetivos de libertad y los derechos políticos de participación—en los derechos que tienen que estar asegurados, para mujeres y hombres, en una democracia radical y liberal.
Con estos proyectos pretende el actual gobierno acentuar la dimensión social de la democracia y aspira a que la comunidad política pueda tener también una dimensión social, en la cual sus miembros no sean solamente ciudadanos con un estatus jurídico y políticamente activos, sino que también sean ciudadanos sociales.
El dispositivo de los derechos sociales comprende una serie de instituciones comunes y servicios ofrecidos a todos los ciudadanos, cuyo uso hace posible la práctica de la ciudadanía social, como son las escuelas y universidades públicas, el servicio de salud pública, el sistema social de pensiones, entre otros.
Reformar estas instituciones es necesario porque en su estado actual no satisfacen las necesidades de toda la población. Por ejemplo, las EPS, que se presentan como el mejor sistema de salud del mundo, mantienen por meses a cientos de miles de personas esperando mientras las tutelas son resueltas.
El discurso sobre los derechos sociales ha tenido en nuestro país un efecto democráticamente progresivo en la defensa de los derechos de los ciudadanos que habitan los espacios contractualizados, pero muy poco o ningún efecto en la protección de los derechos de quienes habitan los espacios descontractualizados, escribe Mauricio García Villegas.
En los ámbitos contractualizados, en los cuales las relaciones sociales están mediadas por el derecho, el Estado actúa como garantizador de los mismos. Pero, en los lugares en que no opera el Estado, en las zonas no-contractualizadas o zonas salvajes –mundo agrario– creadas por las dinámicas de la exclusión económica, social y política, allí los derechos sociales son inoperantes.
Si ponemos esto en números, según los cálculos de pobreza hechos por el Dane en el 2021 en Colombia hay 21.021.564 personas pobres y 7.420.265 están ubicadas en la categoría de pobreza absoluta.
En el campo las desigualdades son enormes: en 2017 “el 2,27% de los propietarios tendría en su poder el 52,62% de las hectáreas de propiedad privada (o 15,38 millones) ubicadas dentro de la frontera agraria, mientras que el 62,22% de los propietarios tendría apenas el 4,53% de ese mismo territorio (o 1,3 millones de hectáreas)”, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Estas cifras permiten ver con cierta precisión quienes y cuantos son aquellos que habitan en los denominados espacios descontractualizados.
A partir de estos argumentos es posible entender el sentido de la crítica de quienes se oponen a las transformaciones propuestas por el gobierno de Petro. Los privilegiados que, a través de su trabajo, educación, capital heredado, esfuerzo individual y apoyo estatal, han alcanzado una posición social y disfrutan en las zonas contractualizadas, tanto de los derechos liberales individuales, los políticos de participación y los sociales, no quieren que nadie más entre a su espacio.
Ellos consideran que están a salvo y para defender su posición entonan el lema de sobra conocido: “el barco está lleno”. Esta no es la consigna de nacionalistas extremos o discriminadores. Se trata del sentir de muchas personas que disfrutan de importantes privilegios y que temen que se altere su seguridad y que su bienestar pueda afectarse por las exigencias redistributivas que deriven de las nuevas políticas sociales y progresivas.
Sin embargo, esta crítica no se está dando, salvo unas pocas excepciones, en términos de una discusión razonada, deliberativa y pública sobre cómo deberíamos vivir bien con nuestros limitados bienes y recursos.
La crítica adopta el lenguaje violento de los influencers que atacan a sus enemigos de forma provocativa y agresiva. En nuestra época, el influencer es un fenómeno fundamental para la economía, la cultura, la política, la moda, etc.
El influencer es una persona que ha conseguido notoriedad en las redes sociales y se siente con derecho a hablar de política, economía, crisis climática o feminismo sin tener conocimientos especializados e incluso sin conocimiento alguno. Su éxito depende de la cantidad de "likes" y "shares" que obtenga y no del conocimiento sobre estos temas.
Ahora bien, lo que está sucediendo en el mundo de la gran prensa y la televisión en Colombia es que algunos de sus periodistas y analistas han adoptado los esquemas de la cultura influencer. Así, el tipo de crítica –influencer– impulsada por Semana, El Tiempo, RCN y El Colombiano se dirige en primer lugar a explotar al máximo toda clase de escándalos, actos irregulares o contrarios a la moral y las buenas costumbres.
La estrategia que han adoptado es tomar la realidad y convertirla en una pésima telenovela, en la cual sus actores son seres inmorales y corruptos. Rating garantizado para la cultura antiilustrada de Twitter, Instagram o TikTok y Facebook, seguida por millones, en la cual todo es entretenimiento, todo es publicidad y todo se puede convertir en trivialidad.
Al fin y al cabo, “en plataformas como Instagram o TikTok se puede prescindir perfectamente del cerebro: en ellas el pensamiento no se censura, pero se ignora para que quede marginado”, escriben Ole Nymoen y Wolfgang Schmitt.
Las formas de inclusión que prometen los derechos sociales en espacios de derecho democrático, producen a la vez un instrumento de marginación de, precisamente, esos espacios. Esto lo he denominado descontractualización.
Avanzar hacia la contractualización de todos es políticamente muy difícil. La sociedad es muy conservadora, detesta los cambios y no ve con buenos ojos la inclusión. Pero tenemos que considerar estas reformas sin prejuicios porque surgen de una necesidad real y debemos valorarlas, cada vez sobre la base de los resultados que causan.
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