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Ya se encuentran publicados los datos de pobreza monetaria departamentales para el periodo 2012-2020 y es el momento de hacer un análisis sobre dicho comportamiento histórico, máxime cuando hubo un año atípico, como el pasado, que refleja exactamente un principio del desarrollo: conseguir logros sociales son esfuerzos que toman años, perderlos es cosa de meses. Así sucedió por los efectos del covid en la lucha contra la pobreza. Se han perdido años, lustros de avances en combatirla. Examinemos lo que pasó entre el 2012 y 2019 y luego entre 2019 y 2020.
El recorrido de la pobreza por los territorios de colombia antes y despues de la pandemia
Gráfica 1: Centro de Estudios Sociales y Regionales.
Un análisis de la gráfica anterior concluye lo siguiente. Hay un grupo de departamentos que lo hizo bien entre el 2012 y el 2019, antes de la pandemia. En particular los del eje cafetero, los del pacífico (incluyendo también al Chocó), el Tolima, y el altiplano cundiboyacense. En el Caribe de buen comportamiento fueron Córdoba, Atlántico y Sucre. Hubo 12 departamentos por encima del promedio nacional de disminución de la pobreza, unos casi que triplicando dicha tasa. Esto es verdaderamente excepcional.
Un segundo grupo de departamentos son aquellos a los que les fue mal antes de la pandemia, a quienes el covid encontró en una situación de muy pocos avances o inclusive de retroceso social. Se encuentran los dos Santanderes, el Cesar y La Guajira, quienes en ocho años no sólo no disminuyeron la pobreza, sino que la incrementó, como es el caso de Norte de Santander -donde aumentó un 7,7 por ciento-.
Vale la pena resaltar que estos son departamentos que reciben regalías directas en cantidades significativas. El Cesar y La Guajira por el carbón y los dos Santanderes por el petróleo. Entonces ¿dónde están los impactos por las regalías?
Una parte de la explicación tiene que ver con la ingobernabilidad de La Guajira, que ha tenido 13 gobernadores en nueve años, incluyendo al actual que está suspendido. Otra parte es el despilfarro de las regalías en el Cesar que hemos venido denunciando desde el Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales (Cesore). En todo caso falta hacer un análisis más profundo y entender qué pasó en los Santanderes, en particular en el Norte.
Hay un grupo adicional de departamentos, que incluye a la isla de San Andrés, para los cuáles no hay información disponible. Si se quiere avanzar en programas sociales lo primero que hay que hacer es medirlos y cuantificarlos. Finalmente está el grupo de departamentos que hizo avances cercanos al promedio nacional, que se encuentran en color amarillo.
Uno de los aportes más interesantes y útiles que podría hacer la academia, sobre todo las universidades y centros de investigación regionales, sería identificar las causas de los avances y retrocesos. Estas tienen el potencial para ser las mejores guías para la construcción de políticas públicas exitosas. Qué mejor enseñanza para un gobernante regional que conocer lo que funcionó bien en otros lugares, e identificar las posibilidades de réplica.
También sería útil para el Gobierno nacional identificar la posibilidad de construir política pública nacional usando los casos exitosos regionales. Ver qué tanto del avance de Córdoba tiene que ver con el desarrollo urbanístico y la inversión pública de Montería, si el Eje Cafetero debe su progreso a la recuperación agropecuaria de la región, si el desarrollo en el Valle del Cauca es el resultado de su diversificación productiva, y así sucesivamente. Hay que estudiar las causas subyacentes, las buenas prácticas, las posibilidades de réplica y "scaling up" en cada uno de los casos exitosos que se puedan analizar.
Gráfica 2: Centro de Estudios Sociales y Regionales.
En relación con el comportamiento de los departamentos en el lapso 2019-2020, es decir, en el primer año de pandemia, obtenemos los resultados de la gráfica 2. A partir de esta se concluye que hay un deterioro generalizado de la mayoría de los departamentos, como era de esperarse, con algunos casos particulares e importantes para analizar.
Empecemos por el grave deterioro de tres de las cuatro regiones más industrializadas y urbanas del país. Bogotá, Valle del Cauca y Atlántico tuvieron un detrimento marcado en las condiciones sociales de sus habitantes. Bogotá presentó una tendencia decreciente en su tasa de pobreza hasta 2014, cuando tuvo su menor valor -23,3 por ciento- y a partir de eso solo ha subido de manera constante.
Sin embargo, el salto de casi 13 variaciones en un año no es un descalabro estadístico sino una tragedia social para cerca de un millón 100 mil bogotanos que hacen parte de los 3.6 millones de nuevos pobres que produjo la pandemia en un año en toda Colombia. Una pregunta que surge es: ¿qué pasó en Antioquia, altamente industrializada para los estándares nacionales, con una conurbación alta en el Valle de Aburrá? El departamento logró no caer tan abajo como sus pares departamentales.
Entre el mar de dificultades cabe resaltar como positivo que el Caquetá y el Cauca tienen un comportamiento satisfactorio. El último porque ya traía una racha positiva en la tasa de disminución de la pobreza y el segundo porque logra una cifra alta en un año que fue de crisis para casi todo el resto del país.
Identificar cuáles fueron los determinantes de la caída de la pobreza en algunos casos sería identificar pilares de política pública para considerar su réplica en otros departamentos, como fue mencionado anteriormente.
Es, finalmente, un alivio, que a pesar de seguir siendo el departamento más pobre de Colombia el Chocó vaya en una senda de reducción constante de la pobreza. Se perdieron varios años en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, así como hay afectación diferencial por el covid según grupo social y nivel socioeconómico, hay también una afectación territorial muy desigual. La pandemia no es la misma para todos y eso ya se ha dicho.
Hombres y mujeres afectados de diversas maneras, formales e informales y, como lo mostramos aquí, los territorios han visto su impacto también de forma desigual. Es decisivo entenderlo para definir el proceso de recuperación y de atención territorial por parte de los planes y programas de reactivación económica del Estado.
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