El reporte Coronell y las filtraciones: justicia y libertad de expresión

El reporte Coronell y las filtraciones: justicia y libertad de expresión
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Con la sentencia que negó la tutela de Uribe, la Corte Constitucional respondió dudas fundamentales sobre las garantías en la justicia penal en Colombia, por no decir que para la democracia. Con todo lo que estaba en juego, las filtraciones que recibió Daniel Coronell y el cubrimiento que él hizo de ellas eran necesarias para el control ciudadano sobre la justicia.

En el momento en que los magistrados de la Corte decidieron reunirse de forma presencial, sin computadores y sin celulares, la Silla Vacía contó que el cubrimiento de Coronell había incomodado a algunos magistrados “que pidieron parar el debate porque se sienten presionados para votar bajo la luz del público”.

Ese mismo día, María Andrea Nieto de Semana, escandalizada, criticó el hecho de que hubiera un periodista haciendo su trabajo. El fin de semana, Nieto reiteró su crítica: “¡Qué vergüenza! Presiones y prácticamente amenazas hacia los magistrados para que no votaran a favor de la tutela interpuesta por la defensa del expresidente”. 

Aunque la regla general es que los procesos judiciales son públicos, hay distintas razones por las que algunas partes de los procesos, como las reuniones de sala de la Corte Constitucional, pueden -o deben- ser secretas. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que los medios o el público pueden ser excluidos, entre otras posibles razones, "por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia". Además, la propia Corte Constitucional ha dicho que la publicación de información en determinados momentos "puede generar presiones indebidas sobre los jueces". Pero este es un caso en el que esta excepción no aplicaba y la publicidad era esencial para el proceso. 

En este caso se terminan cruzando dos temas: la privacidad reducida que tienen los funcionarios o personajes públicos y las garantías que tenemos todas las personas a ser juzgadas por jueces imparciales e independientes.

Para el primer punto es clave mirar quién es la persona implicada: Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, exsenador, exalcalde, exgobernador, etc., fundador y líder supremo del partido de Gobierno. La Corte Constitucional ha dicho varias veces que los altos funcionarios y personajes públicos tienen, por elección propia, una privacidad reducida, por lo que pueden ser examinados con detenimiento por la sociedad y los asuntos relacionados con ellos son de un amplio interés público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hablado más específicamente sobre el caso de los presidentes y ha dicho que, al tener el cargo más alto del país, hay un derecho del público para conocer no solo sobre "sus actividades oficiales o el ejercicio de sus funciones sino también sobre aspectos que, en principio, podrían estar vinculados a su vida privada pero que revelan asuntos de interés público". 

Pero claro, esta regla no aplica de forma inmediata en este caso porque Uribe -para alegría de muchos, tristeza de otros cuantos- ya no es presidente ni senador, por lo que, en principio, no es una persona tan pública. A pesar de esto, Uribe es una persona que ha decidido mantenerse en la vida pública después de ser presidente y después de renunciar al Senado. Basta darse un paseo por el Twitter de Uribe -salvo que uno esté bloqueado- para encontrarse con sus opiniones sobre temas como el aborto, el porte de armas, el amor y la democracia. También es bueno recordar que Uribe llegó a pedir que su expediente en la Corte Suprema fuera público.

Y acá es donde se cruza el segundo tema. En sí, estas filtraciones no se refieren a la vida privada de Uribe sino que hacen referencia a su derecho a ser juzgado de una forma justa, sin interferencias ni presiones externas. Por esto, en un caso que tiene ciertos parecidos, la Corte Constitucional consideró que Noticias Uno e Ignacio Gómez no habían violado la honra, buen nombre o dignidad de Luis Alfredo Ramos al publicar la existencia de un proyecto de sentencia contra ese exfuncionario en la Corte Suprema. Pero, por otro lado, la Corte determinó que 'personas en averiguación' y la Corte Suprema habían violado el debido proceso de Ramos por la filtración del borrador de decisión.

En este caso, los rumores de presiones por parte de los expresidentes Santos y Gaviria, confirmados a medias por el magistrado Linares, juegan a favor de las filtraciones como garantía de que la tutela fuera decidida de una forma justa. Y bueno, no podemos olvidar el antecedente de Jorge Pretelt. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera filtrado lo que estaba pasando en el despacho de ese magistrado antes de que se cometieran delitos?

Un punto fundamental para la garantía del debido proceso, según la Corte IDH, es "la apariencia de independencia frente al justiciable y la sociedad". La persona que le entregó la información a Coronell jugó un rol crucial para que el control del público sobre la independencia de la Corte en un caso histórico. Así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que se puede proteger a las personas que filtran información a la prensa cuando estas actúan de buena fe y con la convicción de que la información es cierta, que es de interés público y que no hay mecanismos más discretos para corregir la irregularidad que quiere denunciar. 

El trabajo de la prensa necesita de fuentes confidenciales. Sin ellas, muchos de los temas de interés público que forman parte de la agenda pública serían absolutamente desconocidos. Para un periodista es importante poder publicar, pero también necesita garantías para buscar, recibir y evaluar información. Esto incluye garantías para que las fuentes confidenciales no sufran retaliaciones por sus denuncias. Aunque en Colombia hemos sido muy favorables al proteger al periodista que difunde información recibida en secreto, no se ha hecho mucho para garantizar que quienes denuncian puedan ir tranquilamente a donde un periodista. Un ejemplo claro es el de Diana Díaz, quien fue sujeta a una persecución judicial después de denunciar la censura por Juan Pablo Bieri contra Santiago Rivas en Rtvc. 

No es descabellado pensar que el resultado hubiera sido distinto sin estas filtraciones. De paso, quizá las personas en la Corte estarán más pendientes de las suspicacias que puedan levantar las llamadas que reciben.

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