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Conmocionada comenzó el año la sociedad Barranquillera este 2023 con el toque de queda impuesto en una populosa zona rosa de la ciudad (La 8) por grupos violentos que operan en la urbe. Terror y perdidas en los comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios acatando la orden de facto que impusieron bandas criminales que, por lo visto, actúan a sus anchas.
El toque de queda en La 8, en Barranquilla
Los comerciantes de La 8 le creyeron más a los ilegales que las instituciones estatales. Pese a que las autoridades hicieron un llamado a la normalidad, los comerciantes obedecieron y cerraron sus negocios haciendo caso a la amenaza.
La principal función del estado, de hecho su fundación, radica en la garantía de los derechos de propiedad (North) y en el uso legítimo de la fuerza que le permite establecer el orden y control de la sociedad en un territorio determinado. En Barranquilla, hemos perdido el control del territorio y la cosa ha pasado de castaño a oscuro de manera acelerada.
Tan solo en los últimos tres años, la ciudad ha quedado paralizada en su movilidad en 2 oportunidades por la extorsión y asesinato de choferes de buses. Hemos tenido 4 masacres tan solo en el 2022. Y una de las principales vías, el corredor portuario, tomado por el crimen. Cifras que superan en complejidad y desafío a las de cualquier ciudad colombiana o del mundo.
Una realidad que nos aleja de la otroro idílico discurso de ser un remanso de paz. La ciudad se convirtió en un territorio de confrontación urbana entre bandas criminales y el control territorial de sus negocios. Cualquier parecido con la aguda realidad que se viven en algunas ciudades mexicanas o los niveles de conflicto de Medellín en los años 80s ya no es coincidencia.
Nuestra tasa de homicidios por 100 mil habitantes es la segunda más alta de Colombia con unas cifras que parecen no ceder en los últimos 3 años. Son 995 homicidios (2020: 296, 2021: 365, 2022: 334), casi mil personas muertas en la ciudad durante el trienio del gobierno Pumarejo. Aproximadamente, un homicidio al día. Brutal.
Lo más preocupante son las nulas respuestas de las autoridades civiles, nacionales y locales.
La inseguridad no se va a detener amenazando con sacar el ejército a la calle o cambiando de jefes de la policía.
Así como se construyen obras -y se hacen contratos para sus amigos- el alcalde tiene que definir un derrotero que nos saque de la postración en la que estamos.
La sensación es que el alcalde Pumarejo no sabe para dónde va este tema. Hacer llamados nacionales sin liderazgo y convicción no va a hacer melle en estructuras criminales que se sienten fortalecidas y en medio de la paz total son actores con reconocimiento público.
¿Es posible que nos esté afectando este tipo de anuncios en la medida que los actores armados buscan posicionarse en la mesa de diálogos?
Como lo advierte el profesor Trejos de la UniNorte, en una suerte de jerarquización del crimen, el espacio de las estructuras que negocian nacionalmente es copado por estructuras menores que buscan también reconocimiento y dominio territorial.
Sin una estrategia de seguridad nacional visible, es un vacío que deja a la deriva a los gobiernos locales que no tienen la capacidad de enfrentarse a estructuras militares de mediana complejidad.
¿Dónde está el plan para interlocutar con el gobierno nacional, pedir refuerzos, mejorar las cárceles y fortalecer la prevención? ¿Para cuándo la convocatoria de la bancada parlamentaria regional o mandatarios de otras ciudades donde el problema también está desbordado?
Mientras estas preguntas se quedan en el aire, continúa la extorsión lesionando la competitividad, el empleo y el bienestar de todos y todas. Y, sobre todo, no hay garantía de tranquilidad por la vida de propios y extraños en la ciudad.
Voces gremiales como la de Asocentro hablan de 10.500 millones de pesos en pérdidas por la parálisis en la movilidad del año pasado.
El alcalde Pumarejo no puede seguir improvisando y con populismos en este tema, se necesita que lidere el combate contra estas estructuras criminales con un plan integral y la convicción y la fuerza del Estado. ¡No pueden y no podemos permitir que sigan a sus anchas en el territorio!
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