Esta complejidad del fenómeno migratorio muestra que la solución no está, al menos únicamente, en medidas como las anunciadas por EE.UU. Por el contrario, estas mutaciones que ha tenido la movilidad humana suponen nuevos retos en materia de política pública para un Estado que ha sido capaz de dar pasos importantes pero que necesita valerse de la creatividad que le caracteriza para continuar avanzando.
De otro lado, dado que Colombia es un país de regiones y municipios con diferentes capacidades locales, existe el riesgo de ubicar estos centros en ciudades donde también se está llevando a cabo la integración de la población.
Tomar esta decisión podría enviar un mensaje equívoco o confuso, sugiriendo que el país está dejando de lado la integración de la población migrante debido a que está facilitando un proceso de reasentamiento hacia los EE.UU., Canadá u otro país.
En este sentido, también se plantean algunas interrogantes de carácter logístico como, por ejemplo, si estos centros operarán separados de los Centros Intégrate que ha conformado el país para integrar a los migrantes. ¿Cómo se hará esta diferenciación en la práctica? ¿En qué lugares del país se ubicarán estos centros?
Por otro lado, ubicar estos centros de procesamiento en lugares fronterizos como Necoclí, Turbo o Apartadó, que se encuentran cerca del tapón del Darién, podría tener consecuencias negativas. Estos municipios no tienen las capacidades institucionales locales necesarias para manejar grandes cantidades de migrantes en tránsito.
Además, históricamente han sido utilizados por grupos armados al margen de la ley que se dedican a actividades ilegales como la trata y el tráfico de migrantes. Por lo tanto, establecer estos centros allí aumentaría el riesgo de que los migrantes sean víctimas de estas actividades criminales, poniendo en riesgo la política de paz total, bandera de este gobierno.
Por último, si se produce un represamiento masivo de casos, como seguramente sucederá en momentos específicos del año, puede haber una sensación de caos generalizado percibido por la ciudadanía, lo que puede poner en riesgo la agenda de integración y de tránsito seguro y ordenado de la población migrante.
Esto podría generar un "aquí no los queremos", incapaz de distinguir entre aquellos que han decidido quedarse en Colombia y aquellos que quieren continuar su trayecto hacia el norte. Ante un escenario de rechazo masivo, los responsables de la política pública pueden estar influenciados por estas voces de preocupación y buscar soluciones precipitadas para problemas que requieren decisiones que involucren a todo el aparato estatal.
Por lo tanto, es esencial que las medidas se implementen con coherencia tanto en el fondo como en la forma. El gobierno debe decidir en qué nivel desea seguir avanzando por el camino de la integración de la población migrante venezolana, que siempre se ha visto desde una lógica de reciprocidad. Venezuela acogió a un gran número de migrantes colombianos durante dos décadas y ahora es el turno de Colombia.
Si la apuesta del gobierno es continuar con la regularización, es importante que este envíe un mensaje claro tanto a la población migrante como a las comunidades que los acogen. De esta manera, se permitiría un mayor acercamiento de actores de la comunidad internacional que están expectantes para continuar brindando su apoyo y a la espera de la hoja de ruta del país para integrar a su población migrante.
Colombia es el líder del subgrupo de regularización de la Declaración de Los Ángeles, una decisión tomada por el actual gobierno, lo que no solo compromete al país a proponer una agenda hemisférica para garantizar el acceso a vías legales y regulares para la población migrante, sino que también lo compromete a legitimar este liderazgo con coherencia en lo nacional.
Por último, es crucial que iniciativas como los Centros Intégrate, financiados principalmente por Usaid, mantengan coherencia con iniciativas de los Centros de procesamiento, que serán financiados principalmente por PRM, Canadá y España y operados por OIM y Acnur.
Los cooperantes deben guardar un espacio en sus discusiones para abogar por mantener una lógica sistémica para responder al fenómeno de la migración. Esto ayudará al gobierno colombiano a implementar políticas migratorias diferenciadas por tipo de migración, donde la ciudadanía no solo conozca las partes constitutivas de cada esfuerzo, sino también una visión holística de lo que está haciendo el país.
Para lograr enviar este mensaje, se deben acercar voluntades de los gobiernos locales, la sociedad civil, que está a la espera de la definición de la agenda migratoria del país, y el sector privado, que ha venido construyendo mecanismos para lograr el mejor aprovechamiento del bono demográfico que trae la migración.
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