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La Jurisdicción Especial para la paz (JEP), en el marco del Caso 003 sobre “falsos positivos”, acaba de imputar cargos de responsabilidades en estos asesinatos institucionales y de lesa humanidad contra 11 personas: un brigadier general, seis oficiales, tres suboficiales y un tercero civil. Inmediatamente, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) refutó estos cargos aduciendo que eran asesinatos individuales y no institucionales. “Fueron manzanas podridas”, como dicen otras fuentes, buscando sepultar verdades bajo el lodo del tiempo.
En los "falsos positivos" sí hubo una conducta institucional
Esta imputación abre positivamente el camino hacia las responsabilidades, las verdades y la reparación de las víctimas de un actor importante e institucional en el marco del conflicto social y armado, del cual se ocupa el tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP). Permite un aporte a la verdad plena a través de la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidos en la confrontación armada, en lo que todos conocemos como El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), pactado en La Habana en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta insurgencia de las Farc-EP. Nosotros como organización de las extintas Farc-EP, hemos aportado verdad, aceptado responsabilidades, la reparación a las víctimas, construimos la paz para que no haya repetición de la guerra, le apostamos a la reconciliación y la convivencia de la familia colombiana. Todas las verdades y responsabilidades de todos los actores deben salir a la superficie, como un derecho de los millones de víctimas y la memoria de los miles de muertos en este trágico trance histórico.
Es sumamente esperanzadora esta imputación, como todas las que se hagan efectivas, y también es fundamental la disposición honesta, responsable y sincera de los imputados. Negarla de plano, y sin abrir discusiones internas en los llamados a responder o aclarar, es querer tapar las realidades que todos conocemos con la palma de mano. Que Acore diga que la JEP los está comparando con los exguerrilleros es abrir aún más la heridas de las víctimas y la memoria de 50 millones de colombianos, cuando algunos presidentes han reconocido que el Estado y sus gobiernos tuvieron y tienen responsabilidades y deudas con la sociedad en este sentido.
Las páginas del horror de lo ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia están lejos de contarse plenamente. Por el contrario, se desvía la atención, culpando a otros actores de todo lo acontecido. Pero cuando todos los actores asumimos nuestra responsabilidad frente a nuestros errores, ya sean colectivos o individuales, les estamos apostando con seriedad a la construcción de un nuevo país soberano, en paz, y, sobre todo, a la no repetición de la horrible noche. Los colombianos merecemos vivir en paz, porque jamás hemos vivido un poco de sosiego.
El Caso 003 sobre falsos positivos atribuidos al Estado y sus Fuerzas Armadas merece toda la atención y esclarecimiento para el presente y el futuro de Colombia, de cara al Proceso de Paz. Es irresponsable el pronunciamiento de Acore en respuesta a la imputación de la JEP contra 11 integrantes del ejército, incluido el brigadier general Paulino Coronado Gámez. Es oportuno recordarle a esta asociación de militares en retiro que el abogado Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal habría auspiciado y ambientado los “falsos positivos”, cuando fue ministro de Defensa de la "Seguridad Democrática" en el año 2006, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue este funcionario del Estado quien emitió la siguiente orden y Directiva Ministerial Permanente Número 29, del 17 de noviembre del 2005. El documento tiene 14 páginas, cada una de las cuales abre con la palabra “SECRETO”.
Las evidencias son poderosas, dejando huellas de los orígenes de los “falsos positivos”. Camilo Ospina Bernal, siendo ministro de la guerra en el Gobierno de Uribe Vélez, impuso las recompensas por los resultados en la guerra. Camilo Ospina es un poderoso, agazapado alfil uribista que en solo un año cambió la historia con la Directiva 29 de 2005, que sentó unas condiciones que terminaron por favorecer crímenes por parte de la Fuerza Pública. Muy al contrario de sus propósitos ilusos (de pretender terminar la guerra por este camino), estableció el pago con dineros de los impuestos de los colombianos que terminaron premiando crímenes que cometieron miembros de la las Fuerzas Armadas, asesinando muchachos inocentes y pasándolos como guerrilleros caídos en combate.
Veamos algunas tarifas de la mencionada directiva # 29, del ministro de Defensa de Uribe Vélez para el pago de los resultados operacionales de guerrilleros muertos y otro material de guerra:
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Tomado de Justicia por Colombia, páginas dos y tres.
Esta bonanza de recompensas para premiar las acciones militares y sus resultados desató una voraz conducta criminal en las áreas de operaciones militares. Estas nuevas recompensas, ascensos, vacaciones, dinero, condecoraciones, etc., sin duda desdibujó el honor militar en el cumplimiento sagrado de su deber en la “preservación de la vida, honra y bienes de los ciudadanos”.
Finalmente, todos los actores armados que estuvimos involucrados en la guerra debemos tener humildad para reconocer nuestros errores, tener disposición, pundonor, compromiso con la paz, asumir la justicia transicional, restaurativa y prospectiva como una oportunidad de enmendar nuestros daños causados a la sociedad y no ir en contra de la ruta trazada por la construcción de una paz estable y duradera.
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