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Aunque la Ministra ha reconocido en distintas ocasiones que las redes comunitarias importan para la conectividad y deben ser parte de ella, también ha repetido que no cree que su lugar sea la Ley TIC.
*Esta columna fue realizada con el apoyo de Víctor Saavedra y Diego Mora, asesor y comunicador respectivamente de Fundación Karisma.
Esta es la segunda entrega sobre la Ley TIC que se empieza a discutir esta semana en el Congreso y en ella se diseña la versión del gobierno Duque de convergencia que pasa por cerrar la brecha digital, por crear infraestructura que llegue a las 20 millones de personas desconectadas en Colombia.
Para enfocarse en eso, está dejando de lado lo que le importa a la mayoría: los contenidos y las discusiones sobre comunicaciones, pluralidad y concentración de medios, etcétera. Lo único que quieren discutir es infraestructura.
Entonces, hablemos de infraestructura
En esto, la apuesta es que hay que crear el escenario para que las grandes empresas lleven la conectividad a todos los rincones del país.
Hay que darles gabelas porque la última milla no es un buen negocio, porque toca salir de las grandes ciudades a conectar la periferia y la demanda no alcanza para pagar esa inversión. Por eso, tenemos que dar incentivos y crear ambientes favorables para que inviertan; no podemos pedirles a los privados que se quiebren para cumplir esa función social.
Tiene sentido. Hoy en día, la infraestructura sin privados y sin canchas de juego claras para la inversión no existe. Pero no creo que el Gobierno acierte con el modelo que propone. Tampoco se trata de entregarlo todo, sin más.
Por un lado, licenciar a los privados el espectro por 10 años, con 10 de prórroga si se cumplen unas metas, que es lo que hay hoy, está dentro del promedio mundial. No debería cambiarse. Dar hasta 20 años sin, como mínimo, definir los criterios para semejante “hasta”, como pretende el proyecto de ley, sigue siendo exageración. Como casi siempre sucede en Colombia, el “hasta” se convertirá en la regla. Al final ambas fórmulas ofrecen 20 años, así que insistir en la segunda es reconocer para dónde se inclina la balanza.
Insisto en recordar una vez más las palabras del informe de la Ocde, que en su momento señaló: “Colombia ha llevado a cabo pocos procesos de licitación de espectro así como de retrasos y procedimientos arbitrarios, sobre todo con la intención de otorgar a los operadores existentes períodos de exclusividad”. Insisto, no tiene sentido ampliar el término de la licencia, pero si lo van a hacer, háganlo tratando de mitigar los riesgos que han resaltado organizaciones como la Ocde y que tienen su base en el respeto por estándares internacionales.
De otra parte, en infraestructura mi principal crítica a este proyecto de ley es sobre el modelo unidireccional de conectividad que adopta. Este modelo tiene dos problemas, por un lado supone que solo las grandes empresas pueden satisfacer las necesidades de conectividad, dejando de lado a otros actores, como las redes comunitarias. De otra parte, su olvido supone dejar de lado temas de política pública importantes como la lucha por la brecha digital de género que, en materia de acceso a infraestructura es más sentida por las mujeres y por las personas no binarias.
La brecha digital de género se puede abordar mejor dentro de un modelo como el de redes comunitarias, pues hay más probabilidad de se adopte una aproximación más inclusivas en el que intervengan las mujeres y las personas no binarias, además de que se atiendan sus necesidades. Esto es poco probable en nuestros modelos corporativos, pues allí sinceramente nuestra voz brilla por su ausencia.
Aunque la Ministra ha reconocido en distintas ocasiones que las redes comunitarias importan para la conectividad y deben ser parte de ella, también ha repetido que no cree que su lugar sea la Ley TIC.
Les propongo 4 razones para convencerla:
¿Por qué darle todas las gabelas a las grandes empresas y, en cambio, ni siquiera reconocer a las redes comunitarias?, ¿por qué no aprovechar los cambios legales para reconocerlas y estar al día con la tendencia mundial? Se necesita darles un lugar porque es lo que les garantiza que lo tendrán a futuro.
Si, como ha dicho la Ministra, lo que pasa es que el Gobierno tiene un “plan” para ellas, pues debería plasmarlo legalmente. De lo contrario, puede que las promesas de un gobierno hoy desaparezcan en el siguiente.
¿Qué es lo que está mal?
El actual modelo de asignación del espectro no funciona para las grandes empresas, tampoco para las redes comunitarias, porque se basa exclusivamente en la explotación económica del recurso. Las redes necesitan que se levante esa barrera económica. En buena hora la Ley TIC enfrenta este problema. Pero, esa no es la única barrera para ellas. Las redes comunitarias también necesitan ser reconocidas para ser actores del ecosistema y poder actuar con autonomía.
Para lograrlo hay un antecedente interesante en el país, el de la comunidad de Buenos Aires, Cauca, que tiene listo todo para activar su red comunitaria usando el espectro en el que funcionan las redes celulares de 2G y 3G.
Con el fin de acceder a esa porción regulada del espectro y escalar su conectividad, para resolver el problema de que no la reconocen como actor del ecosistema y los múltiples requerimientos del Estado, entre ellos, la exigencia actual de que pague una contraprestación económica, esta comunidad lleva dos años charlando con el Gobierno, y en el proceso han estado apoyados por una organización de la capital, Colnodo.
Las barreras han hecho que el permiso para operar la red –hasta el momento de cierre de esta columna– no se haya concretado, pero desde hace meses dicen que aún con la ley actual el permiso se acerca. A esta comunidad, el Gobierno le ofrece un piloto para convertirse en un “programa social del Estado”, lo que significa que si todo sale bien tendrían permiso para operar la conectividad usando el espectro como parte de un programa del Estado que busca cerrar la brecha digital.
Aunque es sutil, al final, el actor de la conectividad sería el Estado, no la comunidad que hizo la inversión e implementó la red. Esa solución equivale a evitar la barrera económica y la ausencia de reconocimiento aceptando perder autonomía.
Quiero aclarar que espero que lo logren pues facilitar la conectividad de las comunidades es un motivo de celebración siempre. El logro, que no le quepa duda a nadie, será un éxito importante para las redes comunitarias del país. Sin embargo, este modelo no es sencillo, no es replicable, no da autonomía a las redes comunitarias, y -hasta ahora- no se ha concretado.
Ahora bien, de acuerdo con el Viceministro este es el modelo legal para las comunidades. El Viceministro ha dicho que no se reconoce a las redes comunitarias expresamente en la Ley TIC porque se violaría el principio de neutralidad de la red, que la propuesta legal es apoyar iniciativas comunitarias a través de programas sociales del Estado, que el proyecto de Colnodo es entonces el modelo.
Tanto los grandes operadores como las redes comunitarias están solicitando lo mismo: usar el espectro, y ambos lo pueden hacer con la tecnología disponible, ellos escogen cuál usan. Por eso ambos son actores y por eso reconocerlos como tal no va contra la neutralidad de la red.
Así, mientras en Colombia las redes comunitarias se reducirán a ser “programas sociales” del Estado en otros países se les reconoce como actores y se les da acceso al especto a través de varios modelos de licencias para redes comunitarias. Es decir, las licencias las da el Estado a estos actores comunitarios, que son al final dueños del espectro en los términos de la Constitución, considerando sus particularidades, allanando su camino.
Congresistas y Gobierno, hay que modernizarse, innovar, evaluar y permitir “programas sociales del Estado” para las redes, pero también abrirse a otras opciones de conectividad autónoma y con reconocimiento legal. Entre otras cosas, esto debe hacerse porque es un imperativo del artículo 75 de la Constitución.
A modo de conclusión
En la infraestructura para la conectividad, que se supone es la gran apuesta de este proyecto de ley, hay un vacío injustificable. Si eres el gobierno, pones las reglas. Si eres la gran empresa, estás dentro. Si formas parte de una comunidad colombiana que habita en la última milla, espérate que luego vemos como te metemos.
El mensaje es que esta Ley TIC no es para las personas que busca beneficiar. Tampoco existe un compromiso expreso y legal para abrirles el espacio, tan solo les toca esperar, mejor, seguir esperando.
Atención, incluir a las redes comunitarias en el marco legal no es ir en contravía del principio de neutralidad tecnológica, es alinearse con la vanguardia regulatoria en el mundo para permitir el acceso directo de las redes al espectro.
Ministerio TIC y Honorables Congresistas, les propongo una idea: la conectividad en Colombia necesita a las comunidades. Si el Gobierno quiere definir la política aprendiendo del piloto que lleva dos años intentando implementar en Buenos Aires, si está buscando el sitio que las comunidades pueden ocupar en la conectividad, definan la ruta y comprométase con las comunidades con un plan, pero no pueden limitarse a ofrecer programas sociales del Estado.
El proyecto de ley se presenta como portador de seguridad jurídica y de un contexto institucional simplificado para los grandes operadores, las personas que están en la brecha digital en Colombia merecen lo mismo.
Lo que no tiene justificación es que, a las comunidades que hacen su inversión en conectarse, que pueden abordar mejor sus necesidades locales y por tanto incorporar perspectivas diferenciales de política pública como la brecha digital de género en forma más efectiva, se les asegure que no se necesita una ley. Sin embargo, en la práctica, su tiempo de espera es de años y la conectividad no les da autonomía del Estado. Esto sucede mientras que a las empresas les allanan el camino en la ley.
La idea loca es ¡pongamos a las comunidades a las que queremos beneficiar con conectividad en el mapa! O sea, incluyámoslas en el marco legal. ¿Mucho pedir?
