El 20 de junio de 2021 se hundió la ratificación del Acuerdo de Escazú, dados los aplazamientos en las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes. Hoy el proyecto de ley que la oposición radicó el 17 de febrero de 2022 fue aprobado en la Comisión Segunda del Senado con seis votos a favor y uno en contra. 

Buena parte de los colombianos que han trabajado por la ratificación del Acuerdo de Escazú estaban esperando una buena noticia desde el 17 de febrero. Dada la coyuntura de contienda política, no había muchas esperanzas de que el proyecto de ley liderado por los senadores Iván Cepeda del Polo Democrático, Feliciano Valencia del Mais y Antonio Sanguino del Partido Verde fuera aprobado con celeridad.

No obstante, la espera por la aprobación del Acuerdo de Escazú imposibilitó a Colombia ser parte de forma activa en la Primera Conferencia de la Partes (COP1) de este acuerdo. Así, el país tuvo una escasa presencia por medio de una comitiva encabezada por los miembros de la Cancillería en la que no había presencia del Ministerio de Ambiente.

Tristemente Colombia ni siquiera mostró un gran interés por participar en la COP1 como país observador, a pesar de lo compromisos asumidos en la 26ª Conferencia de la Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26).

Sabemos que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Adicionalmente, es claro que el acuerdo propende por la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, con el fin de contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano. 

No obstante, Colombia se ha quedado rezagada frente a los avances de la implementación de este acuerdo, el cual entró en vigor el 22 de abril de 2021.

A pesar de esto, Colombia, uno de los países más peligrosos del mundo para los líderes y lideresas sociales que defienden su territorio, ha prolongado la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que ha ido en contra de las exigencias de la sociedad civil, entre los que se encuentran ONG, jóvenes, docentes, universidades, estudiantes, investigadores, defensores de derechos humanos, ambientalistas, indígenas, entre otros actores invaluables que no se han rendido para que este acuerdo internacional sea tomado enserio en el país.

Pese a todo, la esperanza no desvanece y gran parte de estos sectores de la sociedad civil celebran que hoy se aprobó en la Comisión Segunda del Senado el proyecto de ley de la oposición encaminado a la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Si bien este paso es relevante para el avance en la ratificación de este acuerdo, aún queda mucho camino por andar, ya que nos quedan tres debates, de los cuales el próximo será en la plenaria del Senado con Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia como los ponentes centrales. 

De acuerdo a esto, se crea la posibilidad de que este debate se de antes de que finalice el actual Gobierno, lo que implica que los ambientalistas y demás activistas pro acuerdo seguirán esperando a que la ratificación sea una realidad.

En suma, el Acuerdo de Escazú en Colombia ha tenido altibajos profundos que muestran la falta de compromiso en la defensa de los derechos humanos de los líderes y lideresas ambientales en el país. Aunque esta es la realidad nacional que estamos enfrentado, es claro que la continuidad de las movilizaciones y el fortalecimiento de sinergias para que se ratifique el acuerdo se hace cada vez más imperativo.

En este escenario, los distintos sectores de la sociedad civil que han dado cientos de batallas para la ratificación deben continuar y lograr en juntanza con los senadores líderes del proyecto de ley que este acuerdo se ratifique y se implemente adecuadamente. Así, Colombia va a un cuarto de camino con los avances respecto a la protección de los derechos humanos de los defensores de la vida. Esto significa que queda mucho por andar en este largo recorrido. 

Es la directora de la Fundación Grothendick de Colombia y doctorante en derecho en la Universidad de los Andes. Estudió ciencia política y maestría en construcción de paz y derecho internacional. Sus áreas de interés son el derecho ambiental, el cambio climático y el desarrollo sostenible.