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La Policía Nacional ha sufrido el asesinato de uno de sus integrantes y el secuestro de 79 hombres del Esmad tras una asonada en San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se encuentran las instalaciones petroleras de la empresa Emerald Energy (Subsidiaria China).
Esmad secuestrado: derrumbe de la seguridad
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El enfásis en la palabra "secuestro" es para denominar por su nombre a lo sucedido en las últimas horas, a pesar de que el presidente Petro quiera justificar crímenes amparados en el rótulo de protesta social que pretende minar al Estado. Tal como lo mencionó el ministro de defensa, en un trino que publicó: “nada, nada justifica el asesinato de un policía”, también le agregaría que nada justifica el secuestro de 79 policías.
El tono justificante del presidente Petro y la condena del ministro de Defensa permite inferir la tensión entre los altos funcionarios.
No obstante, el análisis de los hechos evidencia problemas estructurales del sistema de seguridad nacional y de la comunidad de inteligencia. Primero, esta situación se venía gestando desde hace más de 40 días. Lo que implica que los organismos de inteligencia, la gobernación del Caquetá y la alcaldía de San Vicente del Caguán tenían conocimiento que podría darse un desenlace fatal.
Además, la Procuraduría venía advirtiendo a altos funcionarios del gobierno sobre los eventos en las instalaciones de Emerald Energy, tal como se aprecia en el comunicado del Ministerio Público. Incluso, se ha conocido que la procuradora regional del Caquetá llevaba una detallada memoria documental del incumplimiento de reuniones y consejos de seguridad que eran cancelados.
Comunicado sobre riesgos en las instalaciones Emerald Energy
Asimismo, el defensor regional del Caquetá informó oficialmente al comisionado de paz, Danilo Rueda, y a la viceministra de diálogo social, Liliana Solano, sobre la injerencia de la disidencia “Miller Perdomo” en la protesta que se llevaba en la zona. Sin embargo, no se tomaron medidas para proteger la vida de los trabajadores de la petrolera.
Este panorama muestra la crisis de la inteligencia colombiana, lo que tiene su génesis en los pésimos nombramientos que se han realizado en los organismos de seguridad del Estado: la Dirección Nacional de Inteligencia (Manuel Alberto Casanova); Unidad Nacional de Protección (Augusto Rodríguez); Migración Colombia (Carlos Fernando García); Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Luis Eduardo Llinás).
El común denominador de estos funcionarios es que no tienen experiencia, no cumplen con el perfil y no tienen conocimientos de inteligencia, ni de seguridad nacional.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa no lidera al sector, lo que ha ralentizado la toma de decisiones. Así, a la fecha no se ha publicado la política de defensa. Por supuesto, la estrategia de seguridad nacional brilla por su ausencia y ni siquiera hay un borrador de la política de seguridad ciudadana. En otras palabras, no hay dirección ni reacción por parte del ente rector de la defensa nacional.
En la Casa de Nariño la situación es similar. Como Mauricio Lizcano, director administrativo de la Presidencia de la República, desmanteló la Consejería de Seguridad Nacional. Eso ha ocasionado que el presidente y altos funcionarios no posean información que les muestre la situación de orden público.
Por lo tanto, el presidente no tiene quién lo asesore en la toma de decisiones sobre seguridad nacional, porque el Consejo de Seguridad Nacional se ha transformado en una reunión de ministros sin información de utilidad, ni una metodología decisional coherente.
Este desajuste institucional ha conducido a una crisis de seguridad similar a la de 1996, cuando la base militar ubicada en las Delicias (Caquetá) fue copada por las Farc, lo que produjo el secuestro de 60 militares.
Este hecho marcó un punto de inflexión que llevaría al derrumbe de la seguridad de Colombia. Solo tras un largo proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, actualización de doctrina y equipos, se pudo retomar el control territorial y provocar el descenso de la tasa de homicidios. Un camino que fue doloroso y sangriento para Colombia.
El secuestro de 79 policías del Esmad en la vereda Los Pozos (San Vicente del Caguán) podría ser el preámbulo de una crisis de seguridad nacional debido a los problemas institucionales mencionados que no permiten cumplir protocolos para proteger a la población y que han ocasionado una vergonzosa derrota a las Fuerzas Armadas.
Finalmente, quedan varias preguntas. Primera, ¿por qué dos secciones del Esmad estaban desplegadas a campo abierto, en zona rural, sin apoyo de unidades armadas como los Escuadrones Móviles de Carabineros, unidades de Antinarcóticos, o del Ejército Nacional?
La segunda es ¿por qué nunca llegaron los helicópteros para extraer a los uniformados?
La tercera es ¿por qué si había información de inteligencia, no se empleó para anticipar la situación?
Cuarta, ¿por qué no se realizó un análisis de inteligencia financiera de la zona para verificar movimientos anómalos de transacciones monetarias?
Quinta, ¿por qué no se realizó un consejo de seguridad, se levantó un puesto de mando unificado (PMU) o un comando de análisis situacional?
Presidente Gustavo Petro, hay un malestar generalizado en las Fuerzas Armadas y una crisis de seguridad nacional que recuerda la mortífera década de 1990. Justificando actos criminales, cambiando la semántica de "secuestro" por "retención" y nombrando funcionarios incompetentes en el sector defensa no va a lograr que Colombia sea la potencia mundial de la vida. Lo que está provocando es que el crimen y la violencia retornen con mayor poder.
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