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Convocamos a los expertos y expertas de La Silla Llena para preguntarles cuáles son sus pronósticos para el próximo año: qué desean que ocurra, qué retos nos esperan y sobre qué tendremos que estar pendientes.
Así pinta el 2023 para los expertos en temas de Bogotá, paz, Venezuela, medioambiente, comunidades étnicas, ruralidad, mujeres y género, política social, educación y ciencia e innovación.
En 2023 nos espera una disminución de acciones bélicas, pero un aumento de la violencia política (selectiva), especialmente en el segundo semestre del año. Esto, por efecto de las elecciones subnacionales. También debemos estar atentos a los saboteadores armados que atacarán los procesos de negociación o sometimiento que más avancen en el marco de la Paz Total.
Nos espera la concreción de lo que significa el proyecto de Paz Total. Veremos cómo se logra materializar eso en distintas regiones y con distintos actores. Veremos cómo progresan las negociaciones con el ELN y cómo los potenciales avances en esa mesa se relacionan —alimentándola— con la política bilateral de Colombia frente a Venezuela en torno a temas comerciales y migratorios en las fronteras. Veremos si la estrategia de Paz Total tendrá impacto en las economías ilícitas y en la capacidad inagotable de estas economías de generar nuevos reclutamientos y violencias.
En cuanto a Venezuela, en 2023 veremos desde el inicio de año un mayor despliegue de la campaña del régimen para el cambio de su imagen internacional (que hasta el momento ha sido muy exitosa) de cara al posible proceso electoral que se acerca. También veremos mayor cercanía entre Venezuela y Colombia, ya que cada uno resulta muy útil para el otro en este momento.
Después de recuperar los canales de diálogo y la retoma de las relaciones bilaterales, es momento de concertar una agenda progresiva que permita avanzar en la recuperación del comercio bilateral, el control de la frontera en materia de seguridad, el abordaje corresponsable de la movilidad humana y la reinstitucionalización de la relación entre los Estados.
Sin embargo, las diferencias entre los modelos será la principal barrera. La economía venezolana se caracteriza por las distorsiones, burbujas y falta de seguridad jurídica que dificultan la recuperación del comercio. La falta de confianza entre los cuerpos de seguridad impide un efectivo control de la frontera. La promoción de falsas narrativas del retorno migratorio o incluso la negación de la movilidad humana socavan la integración. Y la reinstitucionalización de la relación se ve nublada por el alto personalismo de los presidentes y la poca comprensión del embajador Benedetti de su papel como representante del Estado colombiano y no como amigo del presidente.
En materia de género, nos esperan tres cosas.
En primer lugar, la puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad. Su reciente creación en el Congreso le pone el acelerador a esta iniciativa —que por ahora está articulada en términos muy generales—. Es importante que su diseño institucional y proyectos sean construidos de manera participativa con las comunidades que busca atender esta nueva cartera —entre ellas, las mujeres y las personas Lgbtiq+— para que efectivamente pueda responder a sus necesidades.
Segundo, la creación e implementación del Sistema Nacional de Cuidado. Es clave que el próximo año se avance en la creación de este sistema que puede ser una herramienta para avanzar en la superación de las desigualdades socioeconómicas que enfrentan las mujeres. Sin embargo, es necesario que las medidas que se implementen hagan parte del sistema de seguridad social en salud y pensión, y no solo tengan la forma de subsidios. De ahí que las discusiones de la ley del Plan Nacional de Desarrollo serán determinantes para la estructura, objeto y financiación del sistema.
Y, tercero, la participación de las mujeres y de población Lgbtiq+ en la Paz Total. Es urgente que representantes de estas poblaciones sean incluidas en las diferentes iniciativas de la Paz Total, como la estructura y participación en las negociaciones con el ELN y otros grupos armados. Esta presencia de mujeres y personas Lgbtiq+ también tiene el fin de que sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación sean garantizados.
Uno de los principales retos será hacer realidad el Ministerio de la Igualdad, tras la aprobación de su creación por el Congreso. El reto estará en demostrar que no es redundante y que cuenta con la capacidad de recoger y potenciar lo que ya se ha ido avanzando en materia de política pública en este aspecto. Así mismo, será clave que el Ministerio logre coordinarse y coordinar a nivel interinstitucional.
En cuanto a la anunciada reforma pensional, será determinante posicionar el tema de género como uno de sus temas esenciales. Con la abundante evidencia de las brechas de género en contra de las mujeres en alcanzar una pensión y en cuanto a montos, el tema de género es ineludible.
Hay un tema que está presente y que podría intensificarse en 2023: la discusión sobre el sujeto propio del feminismo, es decir, la definición de mujer y lo que este debate ha significado para la población trans. Este es un debate que cruza fronteras y que podría intensificarse en Colombia. Incluso, uno podría decir que va más allá del sujeto del feminismo y que el debate se relaciona con la idea de qué es sexo y qué es un hombre y una mujer.
Este debate tiene una fuerte implicación para los derechos de la población trans y podríamos ver una intensificación del mismo en Colombia.
En 2023 hay que estar pendientes de tres temas fundamentales en materia medioambiental.
El primero es el Plan Nacional de Desarrollo. Será clave que contemple acciones concretas y rutas claras para la conservación del agua, la reforma del Sistema Nacional Ambiental (Sina) y el reconocimiento de pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación ambiental.
El segundo es un plan de ordenamiento alrededor del agua. Esperamos que se fortalezca la sostenibilidad en nuestras actividades agropecuarias y se mejore la valoración de los determinantes ambientales del país para lograr un ordenamiento correcto de sectores y territorios, en articulación con el sector agropecuario.
Por último, esperamos más financiamiento para la conservación. Es esencial avanzar en el diseño del Fonsurec aprobado en la reforma tributaria y diseñar mecanismos para que nuestras comunidades puedan acceder de forma autónoma al financiamiento climático.
Y, de ñapa: ojalá avancemos en las salvaguardas socioambientales vinculantes para mercados de carbono en el país.
En 2022 tuvimos un primer semestre tremendamente impactante en términos de la deforestación y un segundo semestre con un fenómeno de La Niña que impactó gran parte del país.
Esperamos que hacia el año 2023 se concreten dos escenarios importantes.
Primero, la voluntad de organizaciones sociales y campesinas en gran parte del territorio nacional que están mostrando su disposición de crear acuerdos de no deforestación y, por supuesto, mecanismos de acceso a tierras y a derechos sobre manejo del bosque.
Y, segundo, la entrada vinculante de los sectores productivos con los acuerdos de la Unión Europea frente a los temas de trazabilidad, principalmente lo que tiene que ver con ganado y aceite de palma.
Obviamente vienen también los otros productos, como cacao, café, soya y madera, que también deben involucrarse. Y, por supuesto, tendría que haber un proceso muy fuerte de reordenamiento territorial, tanto en usos como en asentamientos, que permitan mitigar posibles eventos extremos el siguiente año.
El 2023 será el año para materializar e implementar las promesas del Gobierno Petro en materia ambiental. Los primeros hitos deberán ser un Plan de Desarrollo y Presupuesto General con enfoque y prioridad por los temas ambientales, algo que históricamente no se ha dado; los gobiernos han priorizado la agenda ambiental desde los discursos y no desde el presupuesto y las políticas concretas.
De manera puntual, la prioridad debe estar en definir e implementar la política para combatir la minería ilegal, la deforestación y la protección de los líderes ambientales.
Nos espera un 2023 rodeado de mucha esperanza con respecto a la paz y equidad, a ir moviendo una estructura de injusticias sociales, económicas, ambientales y de género que han venido experimentando nuestras comunidades afrodescendientes. La aprobación en el Congreso de la creación del Ministerio de la Equidad y la Igualdad es un hito histórico para nuestros territorios y esperamos que pueda materializarse de forma efectiva. Requerimos construir de manera colectiva un mundo posible, del ser, estar y respirar para el pueblo negro en Colombia.
A las comunidades étnicas les espera la ardua tarea de lograr que las acciones del Gobierno del cambio reconozcan las opresiones estructurales basadas en identidades étnico-raciales, género y sus intersecciones.
De lo contrario, estas desigualdades se reproducirán en los programas y proyectos del primer Gobierno de izquierda en Colombia e impedirán un avance significativo en materia de acceso a títulos de propiedad de tierra, financiamiento de proyectos productivos y demás aspectos de la tan promocionada reforma agraria.
La lupa debe estar puesta particularmente en el Ministerio de Agricultura, desde el cual, aunque con una agenda bastante ambiciosa, las acciones pueden terminar siendo canalizadas exclusivamente por un muy privilegiado sector del no homogéneo grupo del campesinado.
Debería ser el año para ver, de manera clara y concisa, la apuesta de Colombia en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué políticas, proyectos o estrategias están contempladas de manera transversal para acelerar ciertos sectores? ¿Cuál es el presupuesto que se va a destinar para apoyar emprendimientos o para fomentar laboratorios al interior de entidades públicas, por ejemplo? Esto no es menor, porque estamos en una coyuntura poscovid, pero ya varios científicos dicen que podemos enfrentarnos a futuros cierres, brotes, etc. ¿Estamos preparados? ¿Aprendimos de lo que nos pasó en 2020 y 2021?
Tengo mucha expectativa, porque sería muy triste que la brecha que vimos en la pandemia no solo no se cierre, sino que crezca.
No auguro un 2023 venturoso para la ciencia. Todo lo contrario. Es la repetición de lo que hemos vivido los últimos años, por no decir las últimas generaciones.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por ende el sector, es el ministerio que tristemente ocupa el último lugar en materia presupuestal en el Presupuesto General de la Nación, cuyo rubro está ya comprometido en el 65% en las denominadas inflexibilidades o gastos que ya están comprometidos por vigencias futuras.
Es preocupante ver cómo se sabe que no hay presupuesto para la ciencia por vía del Presupuesto General de la Nación. Y entonces se anuncian regalías y se anuncian beneficios tributarios sabiendo que esos no son recursos fijos que permitan la financiación de la investigación.
La verdad, es bastante sombrío el panorama para la ciencia en el 2023.
En Bogotá, obviamente la campaña electoral por la Alcaldía marcará el tono del debate del próximo año. Y es claro que buena parte de ese debate se centrará sobre la gestión, exitosa o desafortunada, de Claudia López. Sin falta, la movilidad y la seguridad, dos temas que son tremendamente sensibles para el ciudadano, volverán a estar en el ojo del huracán.
Por otro lado, es posible que aparezcan otros temas sensibles a la opinión ciudadana, como el estado actual del espacio público de la ciudad, afectado de manera notoria por una crisis en el sistema de recolección de basuras, y agravado por fenómenos culturales, que tiene a la ciudad más sucia que en cualquier otro momento que se le recuerde.
Con respecto a la movilidad, la ciudad tiene cientos de frentes de obra abiertos en este momento a los cuales se sumarán otras nuevas obras enormes como la del metro y el Corredor Verde, que aseguran unos años incluso más difíciles en términos de congestión.
No me hago ilusiones con la posibilidad de salirnos de ese debate tóxico y estéril que sigue cogiendo fuerza entre TransMilenio y metro, y si este debe ser subterráneo o elevado. Lo cierto es que tenemos que hacer una apuesta a fondo por cuidar y mantener lo que tenemos. Por otro lado, tenemos que seguir avanzando y desarrollando el concepto de multimodalidad con metro, ciclorrutas, cables y, sobre todo, empezar a priorizar la agenda peatonal.
El 2023 es el último año del gobierno de Claudia López y por lo tanto podemos esperar que se materialicen los resultados de los últimos tres años. En términos de infraestructura, se espera adjudicar en enero el cable de San Cristóbal, el segundo de la ciudad y parte de un sistema extenso que se planteó en el POT. Seguirán los avances en la troncal de la Av. 68, la primera línea del metro y el Regiotram de Occidente, pero no se entregarán en el 2023.
También podemos esperar la expedición del nuevo Plan de Movilidad Segura y Sostenible, que reemplazaría al vigente desde 2006 y dará línea sobre las políticas de movilidad de la ciudad durante los próximos doce años. Finalmente, se viene una campaña a la Alcaldía en la que, desde ya, se está viendo que el sistema de transporte —específicamente, TransMilenio— será central, de nuevo. Esperemos que los debates no se queden, una vez más, en la crítica fácil y se puedan enfocar en cómo brindar un mejor servicio.
En materia rural viene un año complejo, pero con muchas oportunidades. El Gobierno debe avanzar de manera decidida en el cumplimiento de la compra de tierras a Fedegán, la reforma agraria para campesinos de todo el país y la implementación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz.
Estos compromisos deben implementarse en un contexto global y nacional adverso, principalmente por las repercusiones de la guerra en Ucrania sobre el precio de los fertilizantes y por la inflación en el precio de los alimentos en el país que está afectando a los hogares más pobres.
El Plan Nacional de Desarrollo y su eje de garantía del derecho a la alimentación constituye una gran oportunidad para avanzar en estos frentes. De igual forma, los acuerdos de la Conferencia Nacional Campesina y la participación activa de las organizaciones agrarias abre un espacio importante para avanzar en la superación de las brechas socioeconómicas y marginalización del campo en Colombia.
En 2023 nos esperan los retos ya clásicos del sistema educativo colombiano: garantizar el acceso a la educación y permanencia a lo largo de las trayectorias educativas, sobre todo en comunidades más vulnerables; resolver la precariedad en las infraestructuras físicas y digitales, y atender la creciente demanda de acciones y lineamientos que no son pedagógicos, sino tecnocráticos, y que descentran a la escuela de la formación de nuevas ciudadanías.
A esto se le suma el reto de disminuir las brechas de aprendizaje, acrecentadas por la pandemia, pero que son reflejo de la desigualdad social histórica en el país. También esperamos, en 2023, ver cómo empiezan a concretarse los programas públicos de dinamización de la educación superior y, si logran —como debería ser— una articulación con las trayectorias educativas completas como una apuesta de equidad real.
El 2023 tendrá algunos retos y oportunidades para los cuales la sociedad civil, el Gobierno y la academia deberán estar preparados.
Los desafíos macroeconómicos pueden erosionar derechos como la salud, alimentación y agua potable. Específicamente puede ser un año donde encontremos más hambre en el país y situaciones de inseguridad alimentaria que afectan desproporcionadamente a poblaciones vulnerables, como las poblaciones indígenas, a las mujeres y a la población migrante.
Tendremos, también, oportunidades, como la de reglamentar de manera adecuada políticas alimentarias como el etiquetado de advertencia y hacer seguimiento a la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas.
El programa de gobierno del presidente Petro trae como propuesta la llamada “sociedad para la vida” con la promesa de garantía de derechos fundamentales y, así, dejar de ser una de las sociedades más desiguales del mundo. Por otra parte, dentro de los ejes del Plan de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se encuentran la seguridad humana y la justicia social. Mucha expectativa para el sector social generan esos pilares en los que se esperarían resultados y no solamente anuncios o promesas para el 2023.
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