Extorsión en Barranquilla: hacer empresa entre la violencia

Barranquilla se ha presentado ante Colombia y el mundo como un centro de innovación y de desarrollo en el Caribe. Esto implica necesariamente tener un entorno amigable para los empresarios que establecen sus negocios en la ciudad. Hoy, la extorsión amenaza nuevamente con desfigurar esa imagen.

Tan solo durante los primeros tres meses del 2023 en el departamento del Atlántico 15 negocios han cerrado por extorsiones. En enero, varias discotecas tuvieron que cerrar por amenazas de atentados por no pagar extorsión.

La Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro) reporta 400 llamadas extorsivas al mes. Los tenderos en la ciudad denuncian que varios grupos armados les piden “cuotas de seguridad” para dejarlos funcionar. Todo esto apunta a todo menos a una ciudad segura para los empresarios.

Un poco de historia

La extorsión ha sido un mal en Barranquilla desde hace muchos años. A finales de la década de los noventa, la banda de “Dino Meza” se encargaba de cobrar una cuota para “garantizar seguridad” a los comerciantes. Esto le generaba a la organización cerca de 10 millones de pesos diarios.

Luego, las AUC asumen este negocio. Oswaldo Calvano, alias “El Mono Calvano”, era quien se encargaba de cobrar lo que la organización paramilitar llamó un “impuesto” en el mercado público de Barranquilla.

Las AUC recibían aproximadamente 50 millones de pesos por extorsiones pagadas por los comerciantes de este mercado. Los tenderos, otros de los más afectados por el paramilitarismo, pagaron en el 2005 cerca de 3,000 millones de pesos en extorsiones a las AUC. Entre el 2004 y el 2005, cerca de 30 tenderos fueron asesinados por órdenes de Don Antonio.

La extorsión para las AUC no solo era una fuente de ingresos: era también parte de su sistema de control del territorio. Por ejemplo, el mercado público era estratégico porque gran parte del clorhidrato de cocaína entraba a la ciudad por tierra a bordo de vehículos. Estos pasaban por el puente Laureano Gómez y luego eran descargados en el mercado público “Barranquillita”.

Dado que este mercado inicia actividades en horas de la madrugada y no hay ninguna autoridad que supervise el cargue y descargue de camiones, era un espacio ideal para camuflar la droga. De ahí, esta pasaba a ser acopiada en los barrios adyacentes a la rivera del río, desde donde salían lanchas rápidas o barcos atracados en el puerto de la ciudad. Extorsionar a los comerciantes era, entonces, una manera de tener acceso permanente a una zona esencial para sus actividades criminales.

Las guerrillas también extorsionaron en Barranquilla. Estos grupos insurgentes nunca fueron capaces de establecer unidades armadas en la ciudad, lo que implicó que recurrieran constantemente a la violencia para presionar el pago de las extorsiones.

Un ejemplo de esto fue lo sucedido el 16 de diciembre del año 2003, cuando la guerrilla de las Farc-EP desataron una escalada terrorista en tres almacenes de cadena de la ciudad (SAO – Vivero), ubicados en la calle 93, en la calle Murillo con 27 y en la calle 53 con 46. Debido a las cargas explosivas que detonó la guerrilla de forma simultánea, una persona murió y 65 resultaron heridas.

La razón por la que las guerrillas eran más violentas era por el perfil de sus víctimas. En lugar de tenderos o comerciantes pequeños, las Farc-EP intentaban extorsionar a empresarios de alto nivel, lo que implicaba que solo podían recurrir a la violencia extrema para presionarlos.

Desmovilización paramilitar y fracturas criminales

La desmovilización de las AUC no acabó la extorsión en Barranquilla. Sin embargo, las lógicas sí cambiaron considerablemente. Hubo algunos grupos provenientes de otras regiones de Colombia (como Los Paisas, el Clan del Golfo o Los Rastrojos) que buscaron remplazar el sistema de cobro de extorsiones establecido por las AUC.

Sin embargo, su falta de control de la criminalidad local desembocó en varias organizaciones usurpando sus nombres para cobrar extorsiones. Por ejemplo, hubo una banda llamada Los Ocho Ocho que cobraba 2.000 pesos semanales a panaderías y tiendas haciéndose pasar por Los Paisas.

Hacia el 2013 este panorama cambia porque Los Rastrojos se dividen en dos: los que venían de Cali y Los Rastrojos Costeños, que eran antiguos miembros de la organización que se rebelaron. Este grupo armado local gana el pulso en la guerra y hacia mediados del 2013, ya alias Tío Guillo, uno de los líderes de la banda, era presentado como “la cabeza de las extorsiones en Barranquilla”.

A partir de aquí, en Barranquilla la criminalidad se explica principalmente a través de algo que hemos denominado “jerarquías criminales”. El mundo criminal no es un espacio desorganizado y sin ley. Todo lo contrario: usualmente hay sistemas de gobernanza entre los criminales. Los Costeños empezaron a instituir este sistema.

Primero cooptaron a “Los 40 Negritos”. Y esa cooptación fue tan efectiva, que unos años después la gente del barrio El Ferry afirmaba que este grupo armado había traído mayor seguridad. Luego, “Los Papalópez” les declararon la guerra, pero hacia el 2018 ya había registros de una alianza entre ambos grupos. Los Costeños, así, se convirtieron en el actor local más importante de la criminalidad en Barranquilla.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), por su parte, tenía poco interés en establecer gobernanzas criminales tan localizadas como las que tenían Los Costeños, Los 40 Negritos o Los Papalópez.

Sin embargo, dado su interés en el narcotráfico y en proteger los cargamentos que llegaban a la ciudad, por momentos se aliaron con Los Costeños, y en otros momentos financiaron a Los Papalópez para que se enfrentaran con Los Costeños. Las AGC y Los Costeños son, entonces, los principales actores de la guerra criminal que hay en la ciudad.

¿Y la extorsión?

Este contexto de la organización de la criminalidad es importante para entender la extorsión en la ciudad por varias razones. La primera es que los momentos de mayor aumento y visibilidad de la extorsión en la ciudad coinciden con rupturas operativas entre los grupos armados con presencia nacional (Los Rastrojos y las AGC) y sus operadores locales.

Nos explicamos: cuando la coordinación entre grupos nacionales (como las AGC), y grupos locales (como Los Costeños) se rompe, entonces podemos esperar un incremento de la extorsión y de la violencia contra los extorsionados.

La historia no se repite, por supuesto, pero luce muy similar. En el 2013, hubo una ola de homicidios contra empresas de buses, tenderos y vendedores de Uniapuesta. Justo para ese momento, estaban emergiendo Los Costeños y enfrentándose con sus antiguos líderes, Los Rastrojos.

En el 2022, hubo varios atentados contra empresas de buses que denunciaron estar siendo víctima de extorsiones. Para este momento, Los Nuevos Rastrojos, otro grupo armado local, estaban emergiendo y disputando el control de las extorsiones a las AGC y a Los Costeños. Esta nueva disputa se inicia, según podemos estimar, hacia el 2019. Sin embargo, las restricciones de movilidad durante el 2020 por la pandemia del Covid-19 retrasaron el estallido.

Paradójicamente, la pandemia también magnificó la guerra. Durante los tiempos de cuarentena, hubo una importante contracción de las rentas criminales en la medida en que se redujo sustancialmente la exportación de clorhidrato de cocaína y la extorsión casi que desapareció por el cierre del comercio (especialmente el informal).

Ante su famélica situación financiera, los grupos armados tuvieron que competir violentamente por las rentas que lograron sobrevivir a la pandemia. Esta competencia criminal adquiere visibilidad por el aumento sostenido de los homicidios y los atentados contra tenderos, conductores de algunas empresas de transporte público, contra los comerciantes del centro de la ciudad y contra los dueños de discotecas y estaderos en los barrios Santuario y la Alboraya.

Lo que intentamos decir es que en la ciudad las extorsiones están movidas principalmente por dos factores. El primero es la coordinación entre grupos armados de carácter nacional y grupos armados locales. Cuando se rompen los acuerdos entre estos, la extorsión suele incrementar.

El segundo factor es que la competencia por la extorsión tiene un efecto colateral con los civiles: el grupo armado que dominará tiene que demostrarles tanto a los civiles como a los competidores que está dispuesto a utilizar la violencia ante la falta de pagos. Esta violencia implica asesinar a las víctimas de la extorsión para enviar un mensaje a las demás: quien no pague recibirá un castigo similar. Cuando alguno de los grupos domina, la violencia se reduce, pero no porque no haya extorsiones, sino porque ya no tienen que utilizar la violencia: con la amenaza es suficiente.

La extorsión llevó a que la ciudad se paralizara durante tres días debido a un paro de transportadores en el área metropolitana en septiembre de 2022. Alrededor de 100 tiendas han debido cerrar debido a no poder pagar extorsiones y, como ya mencionamos, muchos comerciantes han muerto por negarse a pagarlas.

Barranquilla es cada vez menos el entorno seguro para comerciantes que sus gobernantes quieren vender. De hecho, hoy parece ser que tener un negocio en la ciudad implica poner en riesgo su vida, la de su familia y la de sus trabajadores.

La respuesta institucional hasta ahora ha sido reactiva e ineficiente. Los directores de la Oficina de Seguridad y Convivencia del Distrito no parecen tomarse en serio este nivel de coordinación criminal y, o se niega el problema, o se minimizan las amenazas.

Ante cada ola de extorsiones, se ofrecen recompensas y se presenta el problema como un asunto nacional. Las víctimas, mientras tanto, no sienten confianza por las autoridades y consideran estar condenadas a introducir a la extorsión dentro de su estructura de costos.