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Fábulas de energía
En una de las fábulas menos conocidas de Esopo, los pies y las manos se reúnen con el estómago para reclamarle que sea él quien se coma toda la comida que ellos consiguen. Indignados por lo que ven como un atropello deciden darle un ultimátum: o se consigue su propia comida o morirá de hambre. Abandonado a su propia suerte, el estómago pronto cae gravemente enfermo y, siendo parte del mismo organismo, los pies y las manos corren la misma suerte. Cuando se dan cuenta de lo que han hecho, desafortunadamente ya es muy tarde para todos.
Las discusiones sobre energía y medio ambiente en Colombia frecuentemente se parecen a esta fábula. Alentadas por la convicción de tener la razón y el deseo firme de corregir los atropellos percibidos, las partes se dan a la tarea de atacar la existencia del otro, ignorando que son parte del mismo organismo, que entender desapasionadamente las consecuencias de lo que proponen unos y otros debería ser la prioridad y que, en ausencia de este entendimiento, es casi imposible identificar las mejores soluciones disponibles.
Ejemplos como el fracking, las energías renovables, la deforestación, o quienes todavía niegan la existencia del cambio climático, ilustran este punto y sirven de alerta sobre la dificultad que tiene el país para lograr acuerdos en torno a un tema tan crítico como la transición energética.
La transición
Nuestra relación con la energía tiende a ser invisible. Estamos tan acostumbrados a que nuestros aparatos funcionen que fácilmente olvidamos que la energía es la fuerza que hace posible que la economía crezca y genere empleo. Basta mirar cómo la explosión en el progreso económico y social de la humanidad en los últimos dos siglos hubiera sido imposible sin un cambio de fondo en la forma en que producimos y consumimos energía—una transición energética.
Para que en este período el mundo multiplicara por 7 su ingreso promedio y el porcentaje de personas viviendo en condiciones pobreza extrema cayera de más del 90 por ciento a menos del 10 por ciento, se necesitó un aumento de 30 veces en el consumo de energía. Y este aumento en el consumo fue posible sólo porque se dieron cambios masivos en la forma de producir energía: la leña, que había sido la fuente de energía dominante hasta la primera mitad del siglo XIX, le dio pasó al carbón—base de la revolución industrial—, y al petróleo y al gas un siglo después.
Figura 1. Consumo mundial de energía en los últimos dos siglos. Fuente: OWD
Esta es una historia de progreso y cambio tecnológico que tiene sin embargo un problema: a la par con el aumento en el progreso y el consumo de energía han ido aumentado también las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). De acuerdo con los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático establecido por la ONU, las emisiones de GEI contribuyen significativamente al calentamiento global, convirtiéndose en una amenaza para el planeta y forzando a los países a introducir políticas para que la forma en que producimos y consumimos energía sea baja en emisiones—una nueva transición energética.
Es importante anotar que esta última es una transición diferente a la anterior. La primera surgió de la necesidad de masificar la energía barata para hacer posible el progreso y tuvo como columna vertebral las iniciativas de mercado. El motor de la transición actual es el cambio en la política pública que busca restringir al mercado para que cuando produzca energía tome en cuenta los efectos nocivos de las emisiones—o externalidades negativas, en el lenguaje de los economistas.
La actual transición está por lo tanto sujeta a los problemas típicos de una política que busca resolver problemas de largo plazo, a gran escala y con actores que no tienen líneas claras de subordinación: elevados costos de implementación, problemas de coordinación y dificultades para asegurar que las partes cumplan sus compromisos. Es en medio de esta realidad que debemos preguntarnos por el papel debe jugar Colombia en la lucha contra el calentamiento global, sobre todo si los compromisos que asuma pueden alterar de manera significativa los costos y beneficios asociados con la producción y el consumo de la energía que mueven su economía.
Colombia
Sin lugar a dudas Colombia debe ser parte de esta lucha. Nuestro aporte debe ser decidido, pero partiendo de nuestras particularidades. En primer lugar, debemos reconocer que emitimos poco—menos del 0.5por ciento de las emisiones globales—y que nuestras emisiones son distintas a las del resto del mundo (figura 2). Mientras casi tres cuartas partes de las emisiones globales vienen de la producción y el consumo de energía, apenas un 18 por ciento vienen de la agricultura, la deforestación y el manejo de suelos. Por el contrario, en Colombia las emisiones de energía representan sólo la tercera parte del total, pero la agricultura, la deforestación y el manejo de suelos son responsables de casi dos terceras partes.
Figura 2: Emisiones de GEI en el mundo (izquierda) y en Colombia (derecha). Fuente: OWD e Ideam
En segundo lugar, debemos reconocer que, de acuerdo con los análisis de Naciones Unidas, somos vulnerables al cambio climático y que 13 por ciento de los departamentos varias regiones del país presentan niveles de riesgo muy elevados como recientemente quedó en evidencia en el departamento de San Andrés tras el paso del huracán Iota. Esa vulnerabilidad pone en riesgo el suministro de agua, la infraestructura y afecta desproporcionadamente a los más pobres que son quienes tienen menos recursos para gastar en adaptación.
Y finalmente, reconocer que tenemos todavía una deuda social muy grande que atender. A pesar de los avances en las últimas décadas, la quinta parte de los Colombianos vive en condiciones de pobreza estructural, nuestra distribución del ingreso hace parte de las 15 peores del mundo y la informalidad y el desempleo son particularmente duros para grupos como los jóvenes. Necesitamos mejorar nuestro crecimiento y aumentar las inversiones que eleven la productividad y reduzcan las brechas sociales. No obstante, la inversión pública requerida—sobre todo tras el enorme choque fiscal de la pandemia—depende significativamente de las regalías, los impuestos y las utilidades que generan los combustibles fósiles.
Estas son realidades inescapables en el corto plazo. Deben estar en el centro nuestros análisis y ser incorporadas en los compromisos de transición que asumamos para que sean realistas y atiendan la multiplicidad de necesidades que tenemos los colombianos. Como en la fábula de Esopo, nuestras necesidades de transición no son un problema de pies o estómago, sino del organismo entero.
Explorando el futuro
Con este propósito nació el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) como un centro de energía que busca contribuir a que la política energética sea más amplia y objetiva. En el caso de la transición energética, esto supone explorar el futuro que podría tener Colombia y considerar la información disponible de manera integral, evaluando con rigor las disyuntivas para entender los costos y beneficios de cada curso de acción.
Para ello, en alianza con la firma Trust, que se especializa en prospectiva, se construyeron diferentes escenarios de futuro para explorar las implicaciones de la transición energética en Colombia a 2050. Los escenarios se elaboraron a partir de entrevistas en profundidad con expertos energéticos, agentes de las diferentes cadenas del sector, expertos en temas sociales, de transporte, de seguridad y de regulación, y revisando por supuesto estudios existentes y escenarios energéticos globales.
Este trabajo llevo a identificar cinco grandes fuerzas de cambio. Ellas son la conflictividad y los niveles de aceptación del deterioro ambiental; los costos de las nuevas tecnologías y los precios internacionales de los hidrocarburos y el carbón; el grado de ambición climática que decida tener el país en cuanto a la velocidad de reducción de sus emisiones de GEI; el crecimiento económico y el manejo de las finanzas públicas; y el grado de acceso a nuevas fuentes de hidrocarburos como los yacimientos no convencionales o costa afuera.
De esta forma el primer escenario contemplado es uno en el que el país se sume en la polarización y el conflicto a tal grado que hay pérdidas significativas en productividad y crecimiento, se deteriora el manejo de las finanzas públicas, se impide el acceso a nuevas fuentes de hidrocarburos, a la vez que se encarecen los proyectos energéticos y el entorno de precios y tecnología es desfavorable. En estas condiciones apenas se logra cumplir el compromiso vigente en el Acuerdo de París en 2030, pero la falta de gobernabilidad y tensiones hacen que de ahí en adelante crezcan las emisiones.
En el otro extremo se contempla un escenario muy ambicioso en el que Colombia busca seguir el camino de países como Noruega y asume un compromiso de carbono-neutralidad en 2050. Se logran los acuerdos en torno a unos estándares elevados para los proyectos que abren la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de hidrocarburos, el crecimiento de largo plazo supera el 4 por ciento, hay un buen manejo de las finanzas públicas y el entorno de precios y tecnología es favorable.
Finalmente se contemplan dos escenarios intermedios. Ambos tienen tasas de crecimiento de largo plazo y un manejo de las finanzas públicas similar al visto en los últimos años.
Sin embargo, uno es más turbulento por cuanto hay un mayor grado de conflictividad que impide el acceso a nuevas fuentes de hidrocarburos y el entorno de precios y tecnología es desfavorable. En este escenario la ambición climática es intermedia, con un pico de emisiones en 2035 y una reducción de 40 por ciento al 2050 con respecto a las emisiones de 2015.
El otro escenario es tranquilo en la medida en que se puede acceder a nuevas fuentes de hidrocarburos y el entorno de precios y tecnología es desfavorable, pero el país escoge la meta de carbono-neutralidad a 2050.
Los escenarios—modelados de manera similar a como lo hace la Agencia Internacional de Energía—muestran que el crecimiento económico y la ambición de las metas de reducción de emisiones son las principales fuerzas que determinarán las necesidades de la transición energética en Colombia. A mayor crecimiento mayor demanda de energía y a mayor ambición climática mayor la necesidad de cambio hacia tecnologías y combustibles más limpios.
Por eso en el escenario ambicioso que combina alto crecimiento económico con carbono-neutralidad, se requiere que en 2050 la economía se electrifique a un ritmo acelerado y aumente cerca de 8 veces su capacidad de generación—90 por ciento con energías renovables (figura 3). En los otros escenarios hay también una presión a la electrificación aunque menor, excepto en el conflictivo donde el pobre crecimiento y la falta de ambición climática dejan al país con una matriz energética muy parecida a la actual.
Figura 3: Capacidad de generación eléctrica requerida. Fuente: Cree
Para los hogares, la industria y el comercio el escenario ambicioso implicaría electrificar casi la totalidad de sus procesos productivos y cambiar los equipos para hacer el consumo energético más eficiente en los próximos 30 años (figura 4). En el transporte habría una necesidad similar en cuanto a modernización y electrificación de la flota de vehículos, pero también se requeriría el uso de hidrógeno y biocombustibles avanzados. En el escenario conflictivo desaparecería esa presión y los combustibles fósiles podrían mantener su participación de forma similar a como lo hacen hoy.
Figura 4: Consumo final sector industrial. Fuente: Cree
Es importante anotar que una electrificación acelerada de la economía como la requerida en el escenario ambicioso tendría importantes implicaciones en materia de precios de la electricidad que podrían multiplicarse más de 6 veces ante la enorme necesidad de expansión del sistema con fuentes renovables intermitentes. Si bien esto podría mitigarse parcialmente si hay desarrollos acelerados en las tecnologías de almacenamiento de energía o avances en la implementación de tecnologías de respuesta a la demanda, cabe esperar que el tamaño del esfuerzo de inversión requerido para hacer posible este escenario tenga un impacto importante en los precios al consumidor final.
En materia de hidrocarburos las principales fuerzas que determinarían su futuro son el nivel y la posibilidad de acceso a nuevas reservas. Estos dependen a su vez de los acuerdos que logre el país en torno a la conveniencia de los proyectos—así como de los precios internacionales y los costos de extracción— que determinarán la capacidad que tenga Colombia para cargar sus refinerías y abastecer la demanda de gas con recursos propios.
Cabe recordar que las importaciones de hidrocarburos en los escenarios de menores reservas suponen una pérdida de recursos fiscales de más de cuatro veces en materia de regalías y de casi la mitad en materia de impuestos totales; requieren de inversiones en infraestructura de importación de gas y líquidos que deben ser financiadas y llevarían a mayores precios a los consumidores finales.
Finalmente hay que señalar que por dos de las fuerzas mencionadas atrás juegan un papel importante en los escenarios.
La primera es el cambio tecnológico, que determinará qué tan rápido caigan los costos de generación de las energías renovables no convencionales y de las baterías y obras tecnológicas de almacenamiento, así como la disponibilidad de tecnologías como captura y secuestro de carbono o el hidrógeno. Mayores caídas reducen las presión sobre los precios finales.
La otra es la capacidad del país para lograr acuerdos sobre los estándares de los proyectos y de asegurar su legitimidad social. No tener acceso por ejemplo a nuevas fuentes de hidrocarburos implicaría la pérdida de recursos fiscales significativos para el gobierno nacional y los locales, y una mayor presión a su capacidad para atender el gasto social y las necesidades de inversión en infraestructura.
Disyuntivas
Los escenarios presentados no buscan predecir el futuro ni recomendar un determinado curso de acción. Por el contrario, son caminos que llevan a un futuro posible. Su propósito es el de ayudar a tomar decisiones hoy con la comprensión de las consecuencias que podrían tener y, de esta manera, fomentar una discusión integral del futuro.
No obstante, y si bien podrían construirse una gran cantidad de escenarios con diferentes supuestos y restricciones de política, los presentados permiten sacar varias conclusiones.
En primer lugar, que cualquiera que sea la senda de transición energética que escojamos tendrá profundas implicaciones en cuanto a como produciremos la energía, a las necesidades de inversión y cambio de equipos requerido para hogares y empresas, cambio en los precios de la energía, disponibilidad de recursos fiscales para atender las necesidades de inversión del gobierno y de contribución del país a la lucha contra el cambio climático.
En segundo lugar, que no hay caminos libres de sacrificios. No hacer nada no es una opción. Enredarnos en el conflicto y la polarización sería muy costoso en términos ambientales, sociales y económicos. Pero una ambición excesiva en la reducción de emisiones también impone costos de transición altos para hacer posible el cambio tecnológico y la mayor eficiencia, y obligan al país a encontrar la manera de financiarlos.
A este respecto, el gobierno anunció recientemente un aumento considerable en su meta de reducción de emisiones para que sea 51 por ciento a 2030 con respecto a la línea de referencia—meta que estaría alineada con anuncios anteriores de que el país se embarque en la carbono-neutralidad en 2050. Si bien hay mucho que todavía no se sabe sobre cómo será la senda de descarbonización propuesta—¿es lineal o se necesita más esfuerzo en algunos años? ¿contribuyen igual todos los sectores o algunos tendrán que hacer más esfuerzo?—si cabe preguntarse en el marco de este análisis por los requerimientos para cumplir esta nueva meta.
¿Cómo tiene que prepararse el país en materia social y ambiental para ser capaz de multiplicar varias veces su capacidad de generación actual con proyectos renovables? ¿Cómo van a incorporarse las lecciones del pasado en los programas de chatarrización que requeriría el cambio a flota eléctrica? ¿Qué estrategias de financiación se requieren para facilitar la electrificación de procesos y el cambio masivo de equipos en hogares y empresas? ¿Cómo piensan manejarse los eventuales cambios en los precios de la energía al consumidor final? Si los mercados para los combustibles fósiles que exporta Colombia se cierran más rápido de lo esperado, ¿cómo se sustituiría esa pérdida de recursos? ¿Qué programa de transición se les ofrecería a los productores de carbón del interior del país cuándo ante el eventual cierre de la producción? ¿Cómo se va dar la transición laboral en los sectores que verán reducido su nivel de actividad? ¿Cuál es la propuesta de creación de los nuevos empleos verdes?
Estas son algunas de las preguntas que debemos contestar como país si queremos transitar la senda de descarbonización con realismo. Y debemos hacerlo pronto. Son preguntas difíciles que conducen a aterrizar la discusión, nos ayudan a aclarar el tipo de disyuntivas que enfrentaremos, nos permitirán establecer con tiempo suficiente los programas requeridos y nos darán certeza de que podremos cumplir los compromisos que asumamos.
Es la única manera de hacer una transición energética realista, sostenible y costo-efectiva que incorpore las lecciones de Esopo.
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