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El gobierno nacional ha prometido un aumento significativo de cobertura en la educación superior de 500 mil cupos. Sin embargo, el marco financiero que hoy enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES) en el país palidece por la compleja situación económica. ¿Cómo maniobrar, preservar y crecer?
Finanzas universitarias en tiempos de crisis
La realidad que hoy enfrenta la economía mundial y nacional está marcada por un ambiente de crisis e incertidumbre, especialmente por lo que dejó el año anterior y por los vientos de recesión que se vislumbran en 2023.
Este escenario limita y compromete el presente y futuro de las decisiones financieras de gobiernos, organizaciones sociales, empresas y hogares. En este contexto, la inflación, el precio del dólar, las tasas de interés y el déficit fiscal, entre otros, pasan factura al bolsillo de la gran mayoría de las familias, las empresas y las finanzas públicas.
Y, las IES, públicas y privadas, no son inmunes a esta nueva realidad. Sus finanzas son altamente sensibles al comportamiento de estas variables.
Lo anterior se hace más evidente después de la difícil situación que enfrentaron todas las IES a causa de la pandemia del covid, razón por la cual su grado de discrecionalidad para maniobrar y lograr la sostenibilidad financiera y el desarrollo de sus ejes misionales se ve reducida.
En este escenario, en el modelo mixto de financiamiento de la educación superior en el país donde contribuyen las familias y el Estado, los impactos de la coyuntura económica reciente son relevantes y se dejan sentir en toda la cadena donde participan todos los actores universitarios.
La mayor tasa de inflación en lo corrido de los últimos 25 años (13,12% anual), un dólar cercano a los $5.000 y un incremento del 300% en 2022 de la tasa de interés del Banco de la República no pueden haber llegado en un momento tan complejo para las IES.
Impacto negativo de la inflación y otros males
Los efectos se sienten en varios frentes. Del lado de las familias, el mayor impacto del deterioro del poder de compra de los ingresos por efectos de la mayor inflación y se refleja en la disminución del pago de las matrículas con lo cual la deserción en el sistema universitario podría aumentar, disminuyendo los niveles de cobertura.
Igualmente, la presión sobre los costos en la canasta de insumos educativos limita el acceso por parte de muchos hogares de bajos ingresos.
En el caso de las IES privadas el efecto de esta crisis inflacionaria se observa en la reducción del número de estudiantes matriculados, lo cual impacta negativamente los recaudos por estos conceptos y reduce los ingresos de estas instituciones. La situación se torna más compleja si se tiene en cuenta que los principales costos vienen creciendo a un ritmo que supera el IPC.
Por ejemplo, en el tema salarial los incrementos de los salarios del personal docente en muchas IES tienen un componente adicional al IPC ligado con la productividad académica de los profesores.
Igualmente, en la adquisición de bienes y servicios para atender los ejes misionales, especialmente la compra de equipos de cómputo, licencias de programas, bases de datos, la modernización tecnológica, las materias primas e insumos para la investigación, entre otros.
En todo ello el incremento exagerado del precio del dólar en lo corrido de 2022 se convirtió en un sobrecosto adicional que no estuvo previsto en los presupuestos de este año. Incluso los impactos son mayores en el caso de la construcción de obras de infraestructura por efecto del elevado precio de los insumos.
A nivel financiero el impacto ha sido mayor. Los costos de las deudas contraídas en periodos anteriores que estaban indexadas en función del IPC, el IBR o el DTF erosionaron en 2022 a consecuencia del alza en estas tasas.
En efecto, si se comparan los niveles de estas tasas al cierre de 2021, del orden de 5,62%, 2,98% y 3,21% respectivamente, con los observados al final de 2022 de 13,12%, 11,95% y 12,97% en su orden, se observa que los incrementos en el servicio de la deuda se duplicaron.
Frente a esta dinámica de reducción de ingresos y crecimientos de los costos el desbalance financiero es notable e incide de forma negativa en el comportamiento de los principales indicadores de gestión financiera de las IES como son los índices de liquidez, de endeudamiento y los márgenes de rentabilidad.
En tal sentido, las estrategias financieras y administrativas para enfrentar esta coyuntura, más allá de intentar neutralizar el crecimiento de los costos, sopesar la caída de los ingresos y mantener la sostenibilidad financiera, deberán minimizar los efectos para que no se presenten cambios significativos en la calidad de los servicios misionales que prestan las IES, sobre todo en asuntos que tienen que ver con la vinculación laboral de los docentes y el personal administrativo.
Para las IES públicas la situación financiera es similar, especialmente por el lado de los costos. En relación con los ingresos, la diferencia con las IES privadas se presenta principalmente en el tema de las matrículas derivados de la política de gratuidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, de la mano de los descuentos y beneficios que históricamente brindan estas IES a los estudiantes de bajos recursos, representando un subsidio a las familias por parte del Estado para el pago de la matrícula en las IES públicas.
Sin embargo, pese a su importancia social, esta política que opera del lado de la demanda está lejos de resolver las deficiencias estructurales de la Ley 30 de 1992 en materia de financiamiento de las universidades públicas en el país.
Agenda para enfrentar la crisis
Lograr la sostenibilidad de las IES en tiempos de crisis se convierte en un reto muy importante para la financiación de la educación superior en sus principales propósitos como son la cobertura con calidad, la equidad y la inclusión.
Por este motivo, los esfuerzos por impulsar medidas para contrarrestar los efectos negativos del complejo escenario económico deben estar en la agenda de la política pública educativa.
Lo anterior cobra sentido cuando se consideran las cifras de cobertura de la matrícula total de pregrado en la educación superior en el país que en 2021 ascendió a 2.192.157 estudiantes. De estos, el 56,1% corresponde a estudiantes matriculados en el sector oficial, mientras el 43,9% a estudiantes matriculados en las IES privadas.
Con estos datos, la necesidad de una agenda común que permita enfrentar esta coyuntura financiera en las IES adquiere importancia en un momento donde el Gobierno pretende implementar dos asuntos claves para el sector. De un lado, impactar la cobertura con 500 mil nuevos cupos para jóvenes en el país, y del otro, la reforma al Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC).
En atención a esto, la recuperación de los ingresos ante la caída de los recaudos por matrículas es una prioridad para la sostenibilidad de los costos, de manera especial en el caso de las IES privadas, mientras la urgencia de tramitar la reforma a la ley 30 de 1992 en los temas de financiación para las IES públicas no da espera.
A nivel de todo el sector para contrarrestar la crisis de liquidez sería importante pensar en una línea especial de crédito del Fondo Nacional de Garantías (FNG) que permita la financiación de capital de trabajo en las IES que presenten descenso de las matrículas o de sus recaudos (rentas propias) con afectación directa en la estructura de ingresos corrientes. La tasa de interés para esta modalidad no debería superar la meta de inflación del Banco de la República y podría tener un periodo de gracia de tres años.
Una fuente para financiar esta línea se puede obtener de los recursos de regalías adicionales derivados de un incremento marginal del precio del petróleo estimado en el plan financiero del gobierno en 2023. Esta línea crediticia podría ser condonable siempre que las IES demuestren avances significativos en investigación aplicada, equidad e inclusión.
En relación con lo último, se debe reconocer el esfuerzo de inclusión que han venido haciendo la mayoría de IES en sus territorios representado en los valores de las matrículas, por debajo de los costos reales en el caso de las IES públicas y del importante volumen de becas que otorgan las IES privadas.
Al respecto, el papel del Icetex es fundamental en la medida que pueda ampliar el volumen de créditos mediante la creación de nuevas fuentes de fondeo que les permitan a las familias acceder a estos recursos con la posibilidad de que sean condonables, siempre que estén en línea con el rendimiento académico sobresaliente del estudiante.
Frente a la problemática de los costos, las IES en su conjunto vienen alimentando un crecimiento histórico elevado justificado desde muchos frentes: expansión de los programas de pregrado y posgrados, formación doctoral de los docentes, internacionalización, construcción de sedes, bienestar, regionalización y costos por aseguramiento de la calidad, entre otros.
Todo este esfuerzo ha tenido un impacto social muy importante en los territorios que debe continuar pese a las restricciones de liquidez que hoy existen en el sector.
Bajo este marco, la posibilidad de ampliación de nuevos cupos debe ser una estrategia concertada entre las IES y el Ministerio de Educación. E, incluso, deberían involucrarse activamente los entes territoriales promoviendo acuerdos y ordenanzas desde los concejos municipales y las asambleas departamentales para las IES que vayan en sintonía con: establecer tarifas diferenciales para el pago de servicios públicos, la reducción de impuestos, nuevas fuentes de financiación y la creación de aportes a la base presupuestal.
Por último, más allá de la discusión técnica y académica sobre las formas de cómo se puede dar esta ampliación de cobertura, se requiere un ejercicio profundo del aprovechamiento de la capacidad instalada de las instituciones, el fortalecimiento de las plantas docentes y la demanda en algunos programas, entre otros asuntos importantes, que permitan establecer un costo per cápita adicional por estudiante que garantice la financiación necesaria de este valioso programa de acceso a la educación superior.
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