General Pinto, ¿quién dio la orden?

General Pinto, ¿quién dio la orden?
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Por mucho que le ofenda, choque, impacte, o por muy indecente, escandaloso o excéntrico que le parezca, el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo tiene que aguantarse la existencia del mural #QuiénDioLaOrden. La Corte Constitucional protegió la libertad de expresión del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el derecho de todas las personas a la construcción de la memoria sobre uno de los crímenes más atroces del conflicto colombiano. 

Dos años de la batalla legal iniciada por un general que no estaba de acuerdo con que un grupo de víctimas o la sociedad preguntaran por los responsables de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2002 y el 2010.

Un año y poco más de ocho meses en los que el Movice no pudo compartir su propio mural a raíz de una de las sentencias más retrógradas que ha podido dictar un juez desde la Constitución de 1991.

También un año y poco más de ocho meses en los que el Movice pasó sin poder cumplir con la orden más ridícula y desproporcionada posible: la de eliminar su obra de “murales, redes sociales, medios de comunicación hablados o escritos”.

En últimas, una orden de borrar la construcción de memoria de nuestras mentes. 

Para proteger al Movice, la Corte Constitucional señaló lo que debería ser obvio: las manifestaciones y datos sobre los "falsos positivos" son un asunto de interés público por tratarse de hechos graves con un impacto inmenso en nuestra sociedad, al igual que hechos complejos, que muestran una actuación sistemática y que involucran a miembros del Ejército que son investigados judicialmente. Es, en últimas, la protección del sentido común en una democracia: si la sociedad le ha entregado las armas a un grupo de personas para que supuestamente defiendan "la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional", lo mínimo es que podamos preguntar quién fue el responsable de que esa misión se desviara en asesinatos y montajes para ganar unos pesos extra y salir de vacaciones. 

El general Pinto, muy a su pesar, pero para el bien de la democracia, tiene que aguantarse ese número 45 encima de su frente. Este número, dijo la Corte, se refiere a datos que "no son producto de la imaginación" sino que corresponden a investigaciones llevadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, es una cifra que manda un mensaje a la sociedad sobre el reclamo de verdad por parte de las víctimas.

En contextos como el de Colombia, en el que la construcción de paz ha costado tanto, la libertad de expresión es necesaria: es fundamental para el control sobre las instituciones, para la denuncia de irregularidades, para que la gente exprese sus sentimientos de dolor, tristeza o zozobra. El silencio que buscaba Pinto es solo útil para él y para que la gente olvide y los hechos tengan más posibilidad de repetirse. 

En términos judiciales, Pinto, el que aspiraba a ser innombrable, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tanto él como el juez de segunda instancia que había ordenado censurar al Movice decían que esta era razón suficiente para que estos hechos no puedan "ser ventilados o siquiera mencionados por ninguna persona". Ambas personas estaban instaurando un régimen de ciencia ficción: ¿cómo esperaban que se cumpliera su sentencia de silencio? 

Esa visión, echada al piso por la Corte Constitucional, es la del control sobre las personas. Es completamente antidemocrática. Desde hace 30 años tenemos una hermosa Constitución fundada en que la ciudadanía no esta hecha para rendirle pleitesía al poder sino para deliberar, exigir, juzgar y debatir sobre el actuar del Estado y de sus funcionarios. Y sí, eso se puede hacer de forma "cáustica", distinto de lo que pensó el juez que había censurado al Movice en febrero de 2020.  

Esa es la base sobre la que nació la Constitución y sobre la que avanzaron muchos cambios a favor de la democracia en nuestro continente después de los gobiernos de algunos colegas de Pinto en los 60, 70 y 80. 

Contrario a eso, está la visión retrógrada, quizá ignorante del funcionamiento de Internet, por parte de un general y un juez que buscan que un movimiento de víctimas acabe con la viralidad en línea. La Corte reconoció que el Movice solo había publicado su mural dos veces en redes y que, después de eso, se volvió patrimonio de la sociedad. Un meme que exige verdad.  Mientras que el Movice no podía difundir su propia obra, nosotros la compartíamos, la imprimíamos, la pintamos, y la volvimos parte de camisetas, de gorras. Cada quién a su forma, como si estuviera diciendo "Yo soy Movice". 

El mecanismo para cumplir esa orden de censura tan ridícula era apagar Internet, pero también espiar cada movimiento de cada individuo en cada rincón de nuestro país. Todo a través de sistemas de vigilancia y de lavado de cerebro como los implementado en el libro "1984" para que la gente no se atreva a siquiera dudar de los hechos que les restriega el poder. Valga preguntar si Pinto quería llevarnos a ese mundo distópico, pero es una pregunta que quizá no tenga respuesta nunca. 

Entretanto, general Pinto, ¿quién dio la orden?

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