¿Por qué? Porque los estudiantes de educación superior estatal tienen, en general, subsidios importantes ya considerados en el valor de sus matrículas: esos subsidios se financian con las transferencias directas del gobierno a las IES estatales, que valen varios billones de pesos al año.
Los subsidios individuales actuales y las matrículas correspondientes dependen de la condición socioeconómica particular de cada estudiante: son menores para los más ricos porque a ellos les toca pagar más; y pueden llegar a cubrir más del 95% del costo de los estudios de los más pobres.
Pero la gratuidad universal de este proyecto de ley en trámite no solo es un subsidio mal enfocado porque vaya a los hijos de los más ricos. Según la Ocde y el Ministerio de Educación, los graduados de educación universitaria son una población privilegiada que, en promedio, tienen ingresos laborales 150% superiores a los de quienes solo son bachilleres. ¿Por qué aumentar los subsidios para una inversión individual tan rentable?
Para suavizar los impactos financieros del costo de esa educación universitaria ya existe una fórmula exitosa probada. Australia resolvió hace cuarenta años eliminar la gratuidad de la educación superior estatal y estableció una financiación parcial a cargo de los estudiantes mediante Créditos Contingentes al Ingreso otorgados por el Estado y cancelados por ellos con pagos dependientes del nivel de sus ingresos laborales.
Esa financiación contingente al ingreso ha sido adoptada, desde entonces, por muchos países. Ya está, con limitaciones y sin uso en la ley colombiana. Y es la misma que sugirió para Colombia, hace cuatro años en un artículo de prensa, el doctor Jorge Iván González, actual director del DNP.
No es un proyecto prioritario
Una segunda razón es que hay problemas muchísimo más graves por atender en educación por parte del Estado, si es que de verdad queremos construir una sociedad equitativa, pacífica y productiva.
Y la solución a esos problemas demanda el dinero que se perdería con la “gratuidad universal” y muchísimo más.
Colombia está muy lejos de resolver el déficit en calidad y cobertura en los niveles de educación maternal e inicial (0 a 5 años), científicamente probados como los más importantes para el desarrollo de los futuros ciudadanos. Y la cobertura y la calidad de la educación básica y media continúan siendo pobrísimas.
Además, la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes asisten a esa tragedia que es la educación en “media jornada”.
De 100 niños que empiezan la primaria en una cohorte de edad, solo el 45% termina la educación media; y, de esos, menos del 20% logra los niveles mínimos aceptables establecidos por el Icfes para las cuatro competencias básicas.
Es decir, menos del 9% de todos los jóvenes de una cohorte terminan la educación media preparados para ingresar a una educación superior de calidad.
En estos niveles de educación, maternal inicial, básica y media, es en los que se debe realizar el mayor esfuerzo de inversión si realmente se desea, de verdad, nivelar la cancha de las oportunidades para las nuevas generaciones de colombianos.
Los estudiantes de familias ricas desplazarían a los de familias pobres en las mejores universidades estatales
La tercera razón por la que este proyecto de ley es inconveniente es que generaría lo que los economistas llaman un “incentivo perverso”. Es decir, que tiene un resultado no intencionado y no deseado, que es contrario a los intereses de los propulsores del proyecto.
¿Por qué? La gratuidad universal no tiene ningún impacto en la capacidad ni en la calidad de las instituciones de educación superior estatales porque, aunque beneficia a los estudiantes y a sus familias, no aumenta los ingresos de las instituciones a las que asisten esos estudiantes.
Este proyecto no genera uno solo de los 500.000 cupos adicionales que este gobierno se ha comprometido a crear en educación superior; para eso se requieren otros recursos.
Entonces, lo que sucedería es que jóvenes de estratos altos tenderían a copar los espacios de las mejores universidades estatales y dejarían por fuera a los estudiantes menos favorecidos, que realmente los necesitan.
¿Por qué? Estas universidades más reconocidas son estrictamente meritocráticas, es decir, aceptan a sus nuevos estudiantes de acuerdo a las capacidades y competencias que demuestren al salir de la educación media. Y es bien sabido que los estudiantes de los de estratos más altos tienen experiencias educativas mucho más ricas, que desarrollan, en promedio, mucho más sus competencias.
Entonces, lo más probable es que miles de familias que hoy pagan la educación de sus hijos en instituciones privadas, ante el incentivo de la gratuidad plena y ahorros multimillonarios, resuelvan enviarlos a las instituciones de educación superior estatales. Esos estudiantes provenientes de familias acomodadas les quitarían los limitados cupos a estudiantes más pobres. Sería un efecto “perverso”.
En resumen, este proyecto de ley debe rechazarse en el Senado de la República porque no solo generaría subsidios regresivos y desenfocados, sino porque desviaría recursos que se necesitan con urgencia en otros niveles educativos para los que el Estado no satisface derechos, esos sí, fundamentales.
Y porque, además, quitaría los cupos escasos de las universidades estatales de calidad a los jóvenes más pobres para entregárselos, gratuitamente, a jóvenes de los estratos más privilegiados.
Tal vez con esta ley nos pareceríamos en algo a varios países muy ricos de Europa Occidental, dando gusto a un sueño nacional ancestral. Pero estos países ofrecen ya una magnífica cobertura y calidad en su educación inicial, básica y secundaria, y no sostienen su promesa de gratuidad en la educación superior a costa de la educación de sus niños, niñas y adolescentes.
Y con la “gratuidad universal” nos diferenciaríamos del Reino Unido y de los Estados Unidos, también países muy ricos, que, al contrario de lo que propone el proyecto de ley colombiano, en las últimas décadas han venido reduciendo los subsidios a la educación superior en las instituciones del Estado.
Posdata
Después de escrita esta nota se ha conocido el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”. Aunque están pendientes los debates, los ajustes y la aprobación final en el Congreso de la República, se deben resaltar dos artículos que se refieren a lo aquí tratado.
Por una parte, el artículo 97 modifica los incisos primero y segundo del artículo 27 de la ley 2155 de 2021, en el sentido
“de avanzar en el acceso a la educación superior, [implementando] la política de Estado de gratuidad en la matrícula para todos los estudiantes de programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas, bajo criterios de vulnerabilidad socioeconómica, de equidad territorial y poblacional, como medida que permita el acceso de jóvenes de las regiones y grupos poblacionales que históricamente no han tenido acceso a educación superior. La política de gratuidad será progresiva y se ajustará a la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo”.
Este artículo contradice el proyecto de ley en trámite al que hace referencia esta columna. No se habla de “gratuidad universal”, que incluya a los más ricos, sino de focalizar los subsidios con criterios muy claros.
De otra parte está el artículo 105, sobre implementación del mecanismo de pago contingente al ingreso: “El gobierno nacional aplicará el mecanismo de pago contingente para nuevas obligaciones contraídas con el Icetex, el cual será proporcional al monto de los ingresos recibidos por los beneficiarios de dichas obligaciones bajo las mismas condiciones establecidas en el artículo 117 de la Ley 2159 de 2021 y su reglamentación”.
Esto parece indicar que todos los estudiantes que reciban créditos nuevos de Icetex los pagarían en plazos más largos y en cuotas proporcionales a su nivel de ingreso. Sería un gran paso hacia la recuperación del Icetex, que lleva ya dos lustros de decadencia lamentable.
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