Hay que usar la plata del carbono para frenar la deforestación

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Es fundamental que se defina un canal de comunicación efectivo sobre cómo se están usando los ingresos del impuesto al carbono.

Hace ocho años, en La Silla Silla Vacía, escribí un artículo donde preguntaba si ¿realmente alguien paga por la la conservación de bosques?

En éste decía que de eso tan bueno no daban tanto, explicando que en los mercados de carbono, el forestal era el más quedado y no por tener un parche de bosque iba a llover billete.

Sigo pensando lo mismo, aunque hay que reconocer que la cosa ha cambiado bastante en Colombia, principalmente por una razón: el impuesto al carbono y su mecanismo de no causación.

El impuesto consiste en el pago de una tarifa (este año el valor es de $16.422 pesos por tonelada de dióxido de carbono) asociada con el contenido de carbono de los combustibles fósiles gravados (gasolina, kerosene, jet fuel, ACPM y fuel oil, gas natural y gas licuado de petróleo, los dos últimos con algunas excepciones). 

El mecanismo de no causación, por su parte, permite a los consumidores o usuarios finales de los combustibles gravados por el impuesto optar por la compra de créditos de carbono de proyectos certificados para ser eximidos del impuesto. Entre las iniciativas elegibles se incluyen “la implementación de energías renovables, proyectos forestales, proyectos que reduzcan las emisiones de metano a la atmósfera en rellenos sanitarios, proyectos de ganadería sostenible, mejora de la eficiencia energética en calderas, entre muchos otros”.

Lastimosamente, la información sobre qué tipos de proyectos son presentados no está consolidada en un único registro público de fácil acceso. Esto debe mejorar con el establecimiento del Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) que está reglamentado por la Resolución 1447 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que debía estar listo en noviembre del año pasado.

Ahora bien, usando información preliminar de Ecopetrol, en el primer semestre de 2018 se habían presentado certificados de 10 proyectos correspondientes a aproximadamente 8 millones de toneladas. De estos, 7 proyectos eran forestales y representaban más de 7 millones de toneladas lo que invitaría a pensar que este tipo de proyectos son los más representativos.

Sin embargo, quiero resaltar que son datos preliminares y sobre algunos proyectos hay discusiones sobre el verdadero valor de las reducciones, por lo que es necesario acelerar la entrada en operación del Renare para dar certeza y tranquilidad a los mercados sobre los créditos que se están transando.

Por otro lado, según información de Asocarbono (la asociación de actores del mercado del carbono) se espera un incremento considerable del número de proyectos y de la demanda, que no alcanzaría a ser satisfecha por el número de certificados disponibles, como se observa en la siguiente tabla elaborada por esa asociación.  Como nota a este punto, hay que tener en cuenta que a partir de 2018 las empresas sólo pueden usar créditos que provengan de proyectos realizados en Colombia.


 

Asumiendo que el mayor peso está en proyectos forestales, se tendría un gran potencial para financiar proyectos enfocados en detener la deforestación1.

Un ejemplo es el del Consejo Comunitario Cocomasur, que transó 40 mil certificados de carbono por medio de un proyecto de protección de bosques en el Pacífico con una empresa privada. Esta transacción, en específico, contribuye a la conservación de cerca de 14 mil hectáreas de bosque primario y el bienestar de 480 familias y 1.440 personas; aunque el Fondo Acción, organización que apoya el desarrollo de este tipo de proyectos, menciona que el portafolio Comunitario REDD+ Pacífico comprende cerca de 700 mil hectáreas de bosque que están siendo conservadas por 19 consejos comunitarios y un Cabildo Mayor Indígena, beneficiando directamente cerca de 8.000 familias e indirectamente unas 40 mil personas.

Ahora bien, según las últimas cifras de deforestación, los departamentos del Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, son los más afectados con 139.907 hectáreas deforestadas. Precisamente, estos corresponden a antiguos territorios de las Farc donde, como señala Carolina Urrutia en otro artículo de este especial, “aún no llega el Estado en pleno, mientras que las disidencias y los acaparadores de tierras forman una peligrosa alianza”, lo que dificulta que empresas inviertan en proyectos para certificar bonos de carbono donde posiblemente más se necesita.

En este sentido, resulta muy oportuno haber definido una destinación específica a los recursos del impuesto al carbono que debe darse en un 25 por ciento a la reducción de la deforestación y su monitoreo, la conservación de ecosistemas estratégicos y el pago por servicios ambientales, entre otras actividades de protección ambiental; un 5 por ciento al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación; y el 70 por ciento restante a la implementación del Acuerdo de Paz con criterios de sostenibilidad ambiental.

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo de este gobierno definió que el 15 por ciento de los recursos deben dirigirse a la región de la Amazonía que estos recursos se canalizan a través del Fondo Colombia en Paz (FCP).

Sin embargo, no es claro cómo los recursos que se están destinando al FCP asociados al impuesto en efecto se están dirigiendo a lo definido en la ley.

Vale la pena anotar que en 2017 el recaudo, según la Dian, fue de $476.862 millones, en 2018 fue de $294.073 millones y a mayo de 2019 de $209.495, lo que representa un monto importante (como referencia el presupuesto del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2017 fue de $698 mil millones).

En ese sentido, es fundamental que se defina un canal de comunicación efectivo sobre cómo se están usando los ingresos del impuesto al carbono que, si se enfocan efectivamente en las acciones definidas, seguramente ayudarán a que se siga mejorando la cifra de 10 por ciento de reducción de la deforestación que se dio entre 2017 y 2018.

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1. Además de proyectos para detener deforestación, conocidos como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), entre las iniciativas forestales también se encuentran las relacionadas con forestación y reforestación.

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