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Esta columna fue escrita en coautoría con Natalia Echegoyemberry*.
Humanizar la justicia: un pedido urgente del 8M
El 19 de febrero de este año Ferni Ayala, una mujer paraguaya de 28 años, fue asesinada a tiros por su pareja en la Ciudad de Buenos Aires. La encontraron sus hermanas en la casa de su pareja con dos balas en el pecho y marcas de golpes en el cuerpo. El asesino huyó y sigue prófugo.
Por solicitud de la Fiscalía Nacional, el juzgado penal emitió una orden de captura internacional. La mataron en la Villa 21-24, una de las villas de un barrio popular de la ciudad, que está en emergencia ambiental, social y urbanística desde hace más de una década.
Ferni tenía un hijo de 11 años. Se mudó a Argentina desde niña junto a su familia buscando construir un futuro mejor. El comedor comunitario del padre Toto, donde trabajaba Ferni como cocinera, sirvió de lugar para el velatorio.
Las vecinas y organizaciones feministas acompañaron a la familia en el funeral. El club del barrio le dio una beca al hijo para que pudiera seguir jugando fútbol. Los maestros de la primaria se acercaron para brindar su apoyo. Las vecinas y organizaciones barriales realizaron distintas marchas pidiendo justicia. Los periodistas cubrieron la noticia.
El feminicido de Ferni, una tragedia para su familia y su comunidad, es también una tragedia estatal. El cumplimiento de la obligación del Estado de investigar de manera diligente estos crímenes de género y sancionar a los responsables es una deuda histórica hacia las mujeres. El caso de Ferni demuestra el patrón de fallas estatales que, una y otra vez, se repiten en la denuncia de feminicidios en el continente.
En la investigación del feminicidio de Ferni, el único ausente de la escena del crimen con un rostro amable y diligente es el Estado. Frente a las muestras de apoyo de la comunidad, el contraste de las actuaciones de los jueces, la fiscalía y los ministerios involucrados es notorio.
Los servicios estatales no acompañan debidamente a las familias que sufren estas graves pérdidas, no tienen sensibilidad para acercarse a madres, hermanas e hijos que están en duelo, ni tampoco tienen herramientas psicológicas adecuadas para brindarles apoyo.
En el caso de Ferni, sus familiares no han recibido la atención jurídica ni el acompañamiento psicosocial acorde con el nivel de la tragedia que están viviendo. Nunca hubo un cálido y sincero “lo siento” por parte de ningún funcionario estatal, o algún intento de decir: “buscaremos justicia con ustedes”, “los acompañaremos”. No hubo ni una palabra de apoyo, una palabra que sea capaz de abrazar el dolor.
El silencio del Estado en el proceso judicial también es preocupante. Tras la denuncia del feminicidio, la familia no ha recibido asesoramiento jurídico. Nadie les ha explicado bien en qué consiste el proceso judicial ni los derechos que tienen de ser querellantes en el mismo.
Lejos de brindar una atención jurídica y psicológica con perspectiva de género, la psicóloga del servicio de emergencia le preguntó a la madre de Ferni: “¿y usted no se dio cuenta de que la pareja de su hija era un asesino?”
Poner la responsabilidad en las víctimas indirectas de estos crímenes es reforzar estereotipos de género discriminatorios hacia las mujeres en el proceso judicial que de nada sirven para aliviar el dolor de las familias. El Estado debe ser capaz de atender este tipo de casos de manera oportuna y eficiente, desplegando todos los recursos humanos y financieros que tenga disponibles con un rostro humano. Sobre todo, en sus primeras líneas de atención. Si la justicia no está humanizada, seguirá la cadena de fallas estatales que sólo llevan a la impunidad de los crímenes de género.
Necesitamos un Estado que pueda poner el cuerpo y las palabras al servicio de las mujeres víctimas de violencia de género. Urge humanizar la justicia. Es indispensable contar con una justicia que tenga un rostro feminista y cuestione los modelos actuales de atención y gestión judicial.
Necesitamos nuevos marcos humanistas de percepción y acción en las agencias del Estado que puedan realizar prácticas oportunas y eficaces en la investigación, persecución penal y sanción de crímenes de género.
Este 8M pedimos justicia feminista para Ferni, pero también para todas las víctimas de feminicidios y sus familiares. Estamos hartas de tanta impunidad. ¡Ni una menos!
Foto: Natalia Echegoyemberry
Foto: Natalia Echegoyemberry
MARÍA NATALIA ECHEGOYEMBERRY
Abogada (Universidad Nacional del Litoral-UNL) y Psicóloga (Universidad de Palermo-UP-) de Argentina. Magister en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA, Facultad de Medicina). Acá pueden encontrar más sobre ella.
Alma Beltrán y Puga
Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestra en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, siendo becaria Fulbright. Es Doctora en Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia). Actualmente, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México.
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