Hundimiento de la reforma tributaria: un triunfo de la sociedad civil

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Un análisis de las manifestaciones que forzaron el retiro de la reforma tributaria, las violencias desatadas con los disturbios y la represión de la Fuerza Pública.

El presidente Iván Duque se vio obligado a retirar el proyecto de ley de la reforma tributaria tras cinco días de protestas públicas en todo el país, que —según cifras aún no consolidadas— han dejado 16 muertos, 300 heridos y ocho desaparecidos, después de haber desoído el clamor popular y las alternativas ofrecidas por los mismos empresarios de asumir la mayor parte de la carga impositiva necesaria para solventar las dificultades fiscales.

Nunca debió proponerla. Era regresiva, un asalto a la dignidad humana en este país de desigualdades abismales, de mayorías empobrecidas y necesitadas. Era absurdo imponer gravámenes a las modestas pensiones, a los artículos básicos de la canasta familiar, a los libros —en un país de pocos lectores, en el que para muchos los libros son inalcanzables— y a los servicios públicos. También era absurdo retirar los beneficios tributarios a las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción —gracias a los que muchas personas pueden acceder con esfuerzo a una vivienda—, mientras los grandes capitales siguen gozando de todo tipo de beneficios tributarios.

El presidente —tan ausente de la realidad nacional, tan impopular y tan carente de prudencia y capacidad política— creyó que la ciudadanía recibiría silenciosa y resignada semejante lesión a sus derechos fundamentales por temor al contagio del covid, olvidando que hay males posiblemente más temibles, como la miseria generalizada, el hambre, la falta de oportunidades, el desempleo y la desesperanza.

Como tantas veces, Duque se equivocó rotundamente. En esta democracia constitucional las personas celebraron con los gobernantes un pacto de sociedad y de servicio público, no un pacto de sumisión absoluta. Hay una sociedad civil entramada constitucional y democráticamente por ciudadanos activos (artistas, estudiantes, sindicalistas, pensionados, feministas, ecologistas, simpatizantes de distintos partidos políticos, barras de distintos equipos de fútbol) que desde la diversidad, asumen su cuota de responsabilidad en la defensa pacífica de los derechos fundamentales y juntos articulan su visión de una sociedad más justa que brinde oportunidades a todos.

Las personas salieron a protestar juntas de manera libre y pacífica, con palabras y gestos (pancartas, canciones, bailes, consignas) en el “espacio de aparición” —para usar la expresión de la filósofa Hannah Arendt— de los foros públicos y las plazas, en el ejercicio de las libertades democráticas. La protesta pacífica se mantuvo durante varias jornadas, por encima de la lluvia, de las advertencias del Gobierno sobre el contagio, de la violencia desatada por infiltrados, de los disparos de la Policía y de las amenazas del exsenador Álvaro Uribe de desatar la represión militar, confrontando pacíficamente al Gobierno con su proyecto de ley injusta, que se cayó ante el espíritu crítico y activo de la ciudadanía.

Este es un acontecimiento de la política, porque la política permanece al margen de la violencia, es realizada con palabras, actos públicos y acción colectiva. La pura violencia es muda, razón por la que nunca puede ser grande ni formar parte de la política. Desafortunadamente, este triunfo de la sociedad civil no significa que la violencia haya sido expulsada en esta encrucijada de agudas tensiones sociales, pues ha rondado este proceso político y lo ha puesto en gran peligro.

Por una parte, ha habido grupos de infiltrados que —en paralelo a las manifestaciones o después de estas— han causando daños contra las cosas y contra las personas, captando inmediatamente la atención de todos, generando miedo, desconfianza y, por momentos, opacando el movimiento cívico de la mayoría que ha salido a protestar pacíficamente. Son los disturbios desatados en Cali, Bello, Bogotá, Medellín y Soacha, entre otros —con enormes daños y actos de vandalismo— que merecen toda reprobación.

La diferenciación tiene que remarcarse en todo momento, a fin de que no haya lugar para empañar las legítimas reivindicaciones de la sociedad civil, que no pierden un ápice por los disturbios desatados por una minoría que, en rigor, no está ejerciendo el derecho fundamental de manifestación y protesta pública.

Los disturbios son un hecho muy grave y constituyen una forma de “violencia puramente expresiva” —como la denomina el politólogo John Keane— que se desencadena por el impulso de la pasión y se agota en el acto de coaccionar, dañar y afirmar el poder absoluto que se da en el acto de encender una mecha, apedrear, lanzar un coctel molotov e incendiar. Desatando fuerzas destructivas para las que todos los objetivos parecen válidos (buses, almacenes, estaciones de Transmilenio y MIO, vehículos de la policía y agentes de policía, concesionarios de vehículos, bancos, peajes, semáforos, notarías), pues lo que cuenta es destruir, eliminar y ver superficies vacías.

Esta violencia expresa un hondo malestar social largamente gestado, cuya atención ha sido siempre aplazada en nuestro país. Ese actuar sin argumento ni discurso debe ser revertido en escucha y atención por las instituciones y las autoridades con políticas públicas que ayuden a superar las carencias materiales y las exclusiones sociales y políticas.

Por otra parte, todo este proceso ha estado rodeado por la amenaza de la violencia represiva del Estado, que se levanta como advertencia contra los ciudadanos de disolver con las armas toda manifestación de inconformidad contra el Gobierno, toda movilización que intente frenar medidas, decisiones y leyes que lesionan a las clases populares. El aviso más explícito lo hizo en vísperas del día del trabajo Uribe con su llamado a apoyar “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, lo que se traduce en militarizar las ciudades, reprimir y disparar a quienes estén en las calles, pues es sabido que en su visión autoritaria y reaccionaria “vándalo” y “terrorista” es tanto quien porta armas y ejerce violencia contra los demás como quien discrepa de los actos del Gobierno.

Esta es una apología de la violencia que despierta los peores recuerdos del período de la guerra sucia y del paramilitarismo, en los que agentes del Estado solos y luego en complicidad con los paramilitares mataban o desaparecían a sindicalistas, líderes estudiantiles, militantes de izquierda, defensores de derechos humanos luego de asistir a actos de protesta contra el gobierno de turno. Nos recuerda a esas palabras terribles pronunciadas en los momentos de mayor tensión social en Colombia —que se convierten en violencia—, como aquellas del presidente Laureano Gómez de “separar el oro de la escoria”, que dieron pábulo a la segregación y acaso el exterminio de los liberales por la Policía a órdenes de los directorios conservadores, los “pájaros” y chulavitas, dando lugar al período más sangriento (1949-1953) de la guerra civil, que se dio a llamar “La Violencia”.

Como era de esperarse, el presidente Duque hizo eco de su jefe político y decretó la “asistencia militar” ante las protestas. Un eufemismo para encubrir lo que es en realidad: la militarización de las ciudades, movilizando a las Fuerzas Militares para reprimir la protesta ciudadana.

Esta es una violación de la Constitución que, respecto de la Fuerza Pública (artículos 216-218), deslinda lo que es la tarea de la Policía Nacional: un cuerpo armado de naturaleza civil cuya tarea es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz y es —por tanto— la llamada a actuar frente a los disturbios dentro de los límites del Estado de Derecho. Y en cuanto a las Fuerzas Militares, a las que compete la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, todas estas tareas son ajenas a la protesta ciudadana y atañen a la salvaguarda de la integridad del territorio nacional, de la soberanía y de la defensa frente a formas de violencia colectiva y extraordinaria como lo son las guerras, única hipótesis en que se autoriza la violencia letal.

Es hora de cesar la violencia, la de los disturbios y la de los ataques contra los manifestantes, y que el Gobierno —que se puso a sí mismo en esta crisis de gobernabilidad— dé paso al diálogo social y abra canales para dar solución política a la crisis social. No basta con la salida del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su equipo. Urgen respuestas políticas de justicia distributiva a los problemas sociales agravados por las altas demandas de recursos materiales para atender la pandemia, el aumento del desempleo, la carestía, el empobrecimiento de amplios grupos sociales y el empeoramiento de la brecha social por las consecuencias de esta crisis de salud pública en un contexto general de nuevo escalamiento de la guerra.

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