A medida que se acercan las elecciones presidenciales aumenta la información disponible sobre las candidaturas y sus propuestas. Su postura frente a temas como reforma a la Fuerza Pública, promoción de derechos a mujeres y diversidades sexuales, política tributaria, pensiones, legalización de las drogas y negociaciones de paz con grupos al margen de la ley es abundante, pero, ¿qué han dicho los candidatos sobre los temas campesinos y agrarios?

Desde la Línea de Tierras y Campesinado de Dejusticia construímos una matriz comparativa de los programas de gobierno en materia rural que tienen los cuatro candidatos que lideran las encuestas: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, la cual ponemos a disposición de todas las personas interesadas.

A partir de hoy realizaremos una serie de entradas que buscan diversificar el debate. En esta ocasión, nos preguntamos: ¿cuáles son las propuestas que involucran directamente al campesinado? ¿Y cuál es la imagen que hay de este sujeto en sus programas? Pues bien, en la mayoría de programas hay más silencios que propuestas específicas.

Con excepción de la propuesta del Pacto Histórico en donde el campesinado es un actor fundamental en el ordenamiento territorial alrededor del agua, y un sujeto al que es necesario reconocerle de manera plena como sujetos de derechos, los demás programas de gobierno mantienen las referencias al campesinado de manera exclusiva, como un sujeto vulnerable y/o como trabajador rural, concentrándose las propuestas en su dimensión productiva. El movimiento campesino en Colombia -respaldado por una comisión de expertos/as en temas agrarios y campesinos y por el Icanh- ha sido enfático en los últimos años en demandar un reconocimiento en tanto sujetos históricos, que tienen una dimensión territorial, organizativa y cultural además de la productiva.

Considerando que Colombia en buena medida es un país anfibio, con dos costas, numerosos ríos y cuerpos de agua, llama la atención que la población de pescadores-campesinos solo aparece en referencias a algunas medidas en los programas de Fajardo y Petro. En el primero se enfatiza en la necesidad de modificar el Estatuto General de Pesca, para que reconozca las especificidades de las comunidades pesqueras, así como, la necesidad de crear mecanismos de vigilancia a la pesca ilegal no declarada y reglamentada. En el segundo caso, se reconoce la prioridad de los pescadores locales en esta economía. En las propuestas de ambos candidatos se busca orientar la actividad pesquera a sistemas sostenibles y que garanticen la protección de las fuentes hídricas.

Centrarse en la dimensión productiva de esta población genera silencios en otras dimensiones de la vida campesina. A continuación, detallaremos algunos de estos.

El primer silencio que detectamos se produce alrededor de la exigencia de reconocimiento de derechos colectivos específicos en tanto campesinos. A nivel internacional la Cloc Vía Campesina lideró en la Asamblea General de Naciones Unidas la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado. En la votación de este instrumento en 2018 Colombia a través del actual Gobierno nacional se abstuvo de votar. Pues bien, la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos solo es incluída en la propuesta del Pacto Histórico.

Un segundo silencio, y en este caso un silencio total, ocurre frente a la demanda del campesinado de ver materializada la obligación legal de formular y ejecutar una gran política marco a favor del campesinado. Hay que recordar que esta es una obligación que a través de la movilización social se logró incluir dentro del actual plan nacional de desarrollo (Art. 253), no obstante al finalizar este gobierno los resultados son casi inexistentes. Frente a este punto de trascendental importancia en términos de igualdad material ningún candidato ha dicho algo.

Otro de los principales reclamos del campesinado es el reconocimiento y fortalecimiento de la territorialidad campesina, llámense Zonas de Reserva Campesina (ZRC) o territorios campesinos agroalimentarios, como espacios privilegiados en donde son posibles las diferentes formas de vida de estas comunidades campesinas (agromineras, paramunas, sabaneras, etc). La territorialidad campesina como figura de ordenamiento territorial atraviesa numerosos obstáculos, entre ellos la estigmatización, como ocurre con las ZRC, figura que ha sido negada en varias de las solicitudes de constitución por parte de la autoridad agraria; de otra parte, ha padecido la ausencia de recursos, así como problemas de coordinación interinstitucional necesaria para garantizar la efectiva ejecución de sus planes de desarrollo sostenible, instrumentos que son construidos de abajo hacia arriba por las comunidades campesinas quienes solicitan la constitución de una ZRC. Frente a este tema, nuevamente con excepción del Pacto Histórico no hay ninguna mención en los restantes programas de gobierno.

El cuarto silencio se encuentra en la defensa de las formas organizativas y de gobernanza del campesinado. La única campaña que incluye estas es nuevamente la propuesta del Pacto Histórico, al manifestar su compromiso con el apoyo de las guardias campesinas, la promoción de las formas de gobierno, y administración del campesinado, así como con el fomento a los planes de vida e instrumentos para el buen vivir y vivir sabroso.

Ahora bien, en donde sí hay mayores pronunciamientos es al momento de abordar los conflictos interculturales entre comunidades campesinas e indígenas, los cuales son crecientes en diferentes partes del país, en muchas ocasiones por disputas territoriales. En esta ocasión Gustavo Petro encamina su propuesta hacia diálogos en torno a una gobernanza intercultural; mientras Federico Gutiérrez señala la necesidad de crear mecanismos de participación y resolución de conflictos territoriales para los conflictos interétnicos, intraculturales e interculturales, sin exponer cuáles podrían ser estos mecanismos. Ni Sergio Fajardo ni Rodolfo Hernández abordan el tema.

Ante este panorama resaltamos el hecho de que las apuestas del movimiento campesino empiezan a tener eco dentro de las propuestas de los candidatos presidenciales. No obstante, tal y como lo afirmamos al inicio de esta columna, el campesinado sigue siendo visto de manera prevalente como productor de alimentos, concretamente cuando se señalan las apuestas en materia agraria y alimentaria.

Tras hablar sobre el reconocimiento del campesinado, en una próxima columna abordaremos qué dicen las campañas con relación a la tierra para las poblaciones rurales y campesinas.

Esta columna fue escrita en coautoría con Ana María Malagón Pérez investigadora de Dejusticia..

Es investigadora en DeJusticia en temas de tierra y derechos del campesinado. Estudió derecho en la Universidad del Cauca, una especialización en derecho constitucional y una maestría en derechos humanos en Amércia Latina en la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus áreas de interés son los derechos...