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La distribución de la tierra además de ser un tema de justicia social y la principal demanda en los últimos 40 años por parte del movimiento campesino, tal y como lo plantea Rodrigo Uprimny en una reciente columna, es un tema de gran relevancia para cualquier sociedad, al menos por tres razones: la primera, porque es un elemento indispensable para mejorar la producción agraria, y en especial la producción de alimentos; segunda, porque fortalece la democracia al debilitar el poder de terratenientes que suelen favorecer opciones autoritarias, y tercera, porque disminuye los incentivos para apoyar insurrecciones armadas y debilita las posibilidades de reacción armada de los terratenientes.
La desigualdad en el reparto de tierras es un asunto que el próximo presidente no puede evadir, ya que se trata de un problema que se agrava con los años, pero además es un asunto que fue abordado en el Acuerdo Final, el cual debe ser cumplido de buena fe por parte de las autoridades del Estado. En la presente entrada identificaremos qué han dicho los programas presidenciales en este sentido. Pero antes, un poco de contexto.
De acuerdo con el estudio más reciente sobre distribución de la propiedad rural en Colombia, publicado por la Upra con datos de 2017, evidenció que en la actualidad el país enfrenta una extrema desigualdad en el reparto de tierras. Siendo 1 la desigualdad absoluta, el índice de Gini del país se encuentra en el 0,86 La situación es más evidente cuando nos concentramos en los propietarios y la extensión de las tierras. En el país 501 predios (0,01 %) concentran más del 44,52 % del área agropecuaria disponible (más de 10 mil hectáreas). Esta situación contrasta con los más de 2 millones de predios (48,5 %) de menos de una hectárea, los cuales abarcan el 0,5 % de la tierra disponible. Esta situación es especialmente crítica en los departamentos de Vichada, Casanare, Arauca, Meta y Chocó.
Frente a esta realidad contamos con dos grandes instrumentos para garantizar la distribución de la propiedad rural. La primera es la Ley 160 de 1994, actualmente vigente, que creó un sistema nacional de reforma agraria, con numerosas herramientas para lograr su materialización. La segunda, el Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc-EP que estableció dos metas relacionadas con la distribución y formalización de tierras: i) lograr el acceso a 3 millones de hectáreas de tierra a personas que hoy en día no tienen tierra o tienen tierra de manera insuficiente, lo cual se denomina como asignación de derechos; (ii) y alcanzar los 7 millones de hectáreas formalizadas para aquellos casos en donde las personas ya tienen acceso a tierra, pero no son jurídicamente propietarios, con lo cual se busca el reconocimiento de sus derechos.
Uno de los principales avances que vemos en el debate electoral es la voluntad que manifiestan los candidatos de dar cumplimiento a la reforma rural establecida en el acuerdo final. Sin embargo, existen diferencias en las que es importante detenerse. Gustavo Petro es el único candidato que pone de presente el cumplimiento de la reforma rural dentro de un propósito de mayor alcance que es la democratización de la tierra articulada a la reforma agraria. Sobre las medidas para poder llevarla a cabo señala el catastro multipropósito como herramienta estratégica, la actualización del impuesto predial y la compra directa del latifundio improductivo (que requiere modificación normativa y la inversión de una gran cantidad de recursos económicos). Candidato que además ha reafirmado que en su gobierno no se expropiará.
En el caso de Federico Gutiérrez se aprecia una confusión entre las medidas de asignación de derechos con la de reconocimiento de derechos. El candidato mezcla las dos metas trazadas en el acuerdo final en materia de acceso y formalización lo cual, lejos de ser un asunto menor, tiene grandes impactos en los avances o no en materia de redistribución. Pese a esta situación, destacamos de sus propuestas la vinculación del acceso a tierras con la implementación de proyectos productivos y la asistencia técnica, tema frente al cual los demás programas guardan silencio.
Por su parte, Sergio Fajardo retoma las metas trazadas en el Acuerdo Final, así como la necesidad de llevar a cabo el catastro multipropósito y los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural -es el único candidato que los menciona-, sin embargo, señala entre las medidas para el acceso a tierras el arrendamiento de tierras por períodos largos por parte de la Agencia Nacional de Tierras y el impulso del denominado derecho real de superficie. Dos figuras que a nuestro juicio resultan preocupantes.
En primer lugar, como se ha constatado en el pasado, el arrendamiento de tierras puede generar nuevos conflictos territoriales, ya que la tierra arrendada en el futuro tendría que devolverse nuevamente a la ANT, lo cual limita el arraigo del campesinado con el territorio. En segundo lugar, frente al contrato de uso - que es una figura que separa la propiedad de la tierra de su uso, garantizando la propiedad sobre las inversiones que se hagan sobre la tierra-, no parece beneficiar al campesinado, sino a personas con grandes capitales que pueden invertir en un predio por las ganancias que dichas inversiones pueden representar. En el pasado esta figura ha buscado ser implementada por parte de empresarios palmicultores que tienen grandes inversiones en tierras que estaban siendo objeto de procesos de restitución. La pregunta para Fajardo es: ¿cómo piensa usar esta figura?
Rodolfo Hernández, por su parte, no desarrolla este punto y solo menciona que dará curso a la reforma rural y al catastro multipropósito, sin entrar en ningún tipo de detalle.
Finalmente, aunque todos los candidatos hablan de llevar a cabo o incluso acelerar el catastro multipropósito, ninguno de ellos señala los ajustes que requiere este instrumento. A la fecha el esfuerzo institucional se ha centrado en la actualización, pero no en la formación catastral allí en donde aún hoy no existe. Adicionalmente el catastro tal y como se está implementando no parece garantizar que realmente estemos ante un ejercicio de catastro multipropósito en donde estemos avanzando en la interoperabilidad de las distintas variables; tampoco se mencionan los problemas del actual esquema, en especial de los que se han generado con los denominados operadores catastrales, en donde ya existen denuncias por detrimento patrimonial y por incapacidad técnica por parte de privados que hoy ejercen funciones catastrales. Elementos que deberían dar lugar a grandes ajustes al esquema que hoy se está llevando a cabo.
En nuestra tercera entrada les contaremos que pasa con el enfoque interseccional en la ruralidad dentro de las propuestas de campaña.
