Incluir una casilla de “sexo” en el RUT contribuiría a identificar brechas de género

Esta columna fue escrita en coautoría con María Fernanda Valdés*.

Tras un primer intento realmente infortunado y que terminó con la salida del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la reforma tributaria 2.0 finalmente fue discutida con mucho afán en el Congreso.

Se presentaron cientos de propuestas para incluir, modificar o eliminar artículos. Cambios a la tarifa general de renta para personas jurídicas, supresión del articulado relativo a la normalización tributaria y creación de un impuesto al consumo de las bebidas azucaradas son unos cuantos ejemplos de los temas que se plantearon en estas proposiciones.

Dentro de este cúmulo de documentos, llegó al Congreso una proposición presentada por la senadora Angélica Lozano que llama la atención por su brevedad y alcance. Por medio de esta se buscaba modificar el inciso cuarto del artículo 555-2 del Estatuto Tributario, relativo al Registro Único Tributario (RUT), para incluir una casilla que permita determinar el sexo de las personas naturales. Su objetivo era permitir determinar si los impuestos tienen impactos diferenciados para hombres y mujeres.

A pesar de lo complejo y estresante que fue el trámite de la fallida reforma tributaria liderada por el anterior ministro de Hacienda, el contexto de discusión, rechazo y defensa de este proyecto permitió posicionar en la agenda pública, como nunca antes, el tema de los impactos de género de los impuestos. Varias circunstancias contribuyeron a esto.

Entre ellas se destaca la aprobación de la “Resolución del Parlamento Europeo, del 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (2018/2095(INI))”, en la cual se reconocieron los impactos de género de los impuestos y se hizo un llamado para tomar medidas concretas al respecto.

En la misma línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incluyó en su publicación “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021” un capítulo dedicado a la importancia de incluir un análisis de género de la política fiscal, el cual incorporó una mirada específica a los impuestos.

Así mismo, los datos que ha entregado periódicamente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el contexto de la pandemia han dejado claro que las mujeres han sido fuertemente golpeadas por la crisis económica que esta ha desatado. El legado de la pandemia hasta el momento es una intensificación de las brechas de género.

Llamados como los del Parlamento Europeo y la Cepal, y la evidencia que ha publicado el Dane contribuyeron, entre otros factores, a que la pasada (y fallida) reforma tributaria fuera interrogada en clave de género. Además, los estudios que demuestran los sesgos favorables y desfavorables de género de los sistemas tributarios han ido en aumento.

En marzo de este año, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), de la cual Colombia hace parte, realizó un evento en el que se analizó cómo no tener en cuenta el género en la evaluación y diseño de políticas tributarias puede conllevar a que hombres y mujeres se vean afectados de manera diferencial por los impuestos.

Gracias a los datos abiertos y anonimizados del Sistema de Administración Tributaria de México, existen investigaciones que permiten demostrar los sesgos negativos para las mujeres en materia de deducciones en el impuesto a la renta. En algunos países, las administraciones tributarias han empezado a hacer análisis sistemáticos de sesgos de género en sus sistemas tributarios, como es el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala con el apoyo de la cooperación internacional.

Para el caso de Colombia, plantear el interrogante de género al sistema tributario y sus reformas difícilmente puede pasar de la etapa de la formulación de la pregunta. Un examen de la página de estadísticas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) permite constatar que los datos que entrega esta entidad al público no permiten hacer un análisis de cómo contribuyen hombres y mujeres al fisco. Es decir, debido a la ausencia de información desagregada por sexo, abierta y anonimizada, investigar sobre esta cuestión implica un esfuerzo considerable o requiere de un acceso privilegiado a los datos.

Todo esto redunda en un impedimento generalizado para producir conocimiento en esta área. Por eso, no es posible determinar si nuestro sistema tributario contribuye o no a crear o mantener las brechas de género en el país.

Por ejemplo, la investigación sobre posibles impactos de género del impuesto a la renta en el país pudo ser realizada porque fue promovida por la misma Dian y porque su autor, Javier Ávila Mahecha, es investigador económico tributario de esta entidad. Esto le permitió a Ávila tener acceso a información relevante, como los datos no anonimizados de declaraciones de renta, para determinar el sexo de los contribuyentes por medio de sus números de cédula y nombres.

El importante trabajo de Ávila se vería fortalecido si más investigadores pudieran participar en el debate y creación de conocimiento al respecto. Incluso, el trabajo que él realizó con Tania Lamprea sobre sesgos de género del IVA utilizando la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del Dane podría verse complementada por una investigación sobre responsables de IVA con perspectiva de género. Para ello, es determinante contar con información desagregada por sexo, abierta al público y anonimizada, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los contribuyentes.

La inclusión de la casilla del sexo en el RUT es uno de los pasos necesarios para empezar a generar conocimiento frente al sistema tributario colombiano con enfoque de género.

Por supuesto, esta inclusión deberá ir acompañada del compromiso de la Dian de anonimizar la información y ponerla a disposición del público en formatos que permitan analizarla, tal y como lo hace el DANE.

Un cuerpo robusto de investigación en género e impuestos permitiría honrar los compromisos asumidos por Colombia en materia de erradicación de la discriminación basada en género. Particularmente, aquellos contenidos en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer aprobada por Colombia en 1981, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y en la Agenda de Acción de Addis Abeba (Financiamiento para el Desarrollo 69/313).

A pesar de la importancia de esta proposición, en los afanes del Congreso y en medio del desinterés de los partidos mayoritarios, el martes 7 de septiembre, antes de la medianoche, esta y muchas otras fueron rechazadas en paquete y sin dar a quienes las propusieron una real opción de explicar sus alcances.

Con esto se le negó al país, una vez más (la misma proposición ya había sido presentada en 2019), la posibilidad de contar con la evidencia pertinente para investigar y entender cómo el sistema tributario afecta a mujeres y hombres.

Así, el país pierde una nueva oportunidad valiosa de contar con la información esencial que permitiría convertir a la tributación en una aliada en la lucha por la equidad de género.

 

*María Fernanda Valdés es doctora en Economía, coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) en temas ambientales y económicos, y catedrática de la Universidad de los Andes.

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