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El 22 de septiembre de 2005 en horas de la tarde, cuando el Esmad ingresó al campus de la Universidad del Valle, sede Meléndez -en Cali-, cerca al edificio de Administración Central del Alma Mater, Jhonny Silva fue asesinado por el Estado de Colombia.
Jhonny Silva Aranguren no está, el Estado lo mató
John Freddy Caicedo-Álvarez. Mural en memoria de Jhonny Silva Aranguren, bajos de ciencias, Universidad del Valle, sede Meléndez.
En septiembre de 2005, quienes estudiábamos en la Universidad del Valle o vivíamos en la ciudad de Cali recordamos a una ciudad rodeando a la universidad pública, solidaria con su dolor, con sus exigencias y sus luchas.
Las multitudinarias marchas que atravesaron muchas veces la urbe, la toma pacífica de la Iglesia La Ermita y demás acciones contaron con el compromiso permanente de la ciudadanía, las distintas organizaciones sociales y las diversas comunidades del territorio.
Fueron semanas de movilización reconstruyendo la memoria de los hechos y recuperando el relato de la vida de Jhonny y su familia.
Pronto doña Eneried Aranguren Mejía Bernal y don Wilman Silva Betancurt, madre y padre, se integraron a una comunidad educativa universitaria que les acogió con respeto y afecto.
La Comisión de Verdad y Justicia, caso Jhonny Silva Aranguren -cuyo informe fue presentado en el año 2008-, fue rodeada por organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales de derechos humanos, por voces expertas y de innegable autoridad moral, para disputar a las autoridades estatales la pretensión de impunidad y olvido que querían imponer.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -Cidh- presentó en 2016 el Informe de Admisibilidad 14/16, Jhonny Silva Aranguren y Familia versus Colombia. En el mismo, tras exponer los argumentos de las partes, la Asociación Para la Investigación y Promoción Social (Nomadesc) -peticionaria- y la República de Colombia -Estado- concluyen que la Cidh tiene competencia para investigar el caso por violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de pensamiento y de expresión, reunión y de las garantías judiciales y de protección judicial.
En el año 2017, desde el Consejo de Estado, en su Providencia de la Sección Tercera, expediente 54046 de 2017, Hernán Andrade Rincón, Marta Nubia Velásquez Rico y Carlos Alberto Zambrano Barrera emitieron un conjunto de conclusiones de gran importancia, dado su lugar como parte del Estado mismo.
En primer lugar califica el hecho como una grave violación de los derechos humanos y acepta que se probó que el “el joven Jhonny Silva Aranguren fue ultimado por miembros del Esmad de la Policía Nacional en medio de una protesta estudiantil”.
Debido a ello considera necesarias un conjunto de medidas de protección y prevención de situaciones similares durante los procedimientos adelantados por el Escuadrón Antidisturbios (Esmad), encaminadas a “impedir que dichas transgresiones se vuelvan a producir”.
Las Medidas de Reparación Integral que el Consejo de Estado ordenó fueron las siguientes:
- El Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional- implementará para el Esmad un curso de formación integral en garantía y protección de derechos humanos de las personas que ejercen el derecho de reunión, manifestación pública y protesta.
- El Ministerio de Defensa - Policía Nacional publicará la sentencia en su página web.
- La Fiscalía General de la Nación estudiará la reapertura de las investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal y los presuntos responsables de los hechos ocurridos el día 25 de septiembre de 2005, en la Universidad del Valle, en los cuales resultó muerto el joven Jhonny Silva Aranguren.
- La Fiscalía General de la Nación citará a los familiares de las víctimas con el fin de que tengan pleno conocimiento sobre la verdad de los hechos ocurridos el día 25 de septiembre de 2005, en la Universidad del Valle, Cali.
Este 22 de septiembre de 2021, tras 16 años de impunidad, la Asociación Nomadesc acompañó a familiares de víctimas de crímenes de Estado durante una acción de protesta al frente de la sede de la Fiscalía General de la Nación en Cali.
Las familias se manifestaron exigiendo justicia, reivindicando la memoria y rechazando el olvido y la impunidad como estrategias para favorecer a los funcionarios responsables de asesinatos y desapariciones forzadas.
Don Wilman Silva Betancurt, padre de Jhonny, expresó que sus exigencias de justicia continúan, que tras 16 años de memoria y de lucha persisten en mantener viva la memoria de su hijo y en su exigencia a la Fiscalía de reapertura de la investigación del caso, demanda que han escalado a la Corte Suprema de Justicia.
También lamenta que los agentes responsables del asesinato de Jhonny continúen gozando plenamente de sus derechos e incluso de privilegios como ascensos y asignación de importantes responsabilidades en la Fuerza Pública.
Junto a la familia de Jhonny estaban otras personas cuyos familiares también fueron asesinados en el desarrollo de acciones del Estado contra el ejercicio legítimo del derecho de reunión, manifestación pública y protesta.
El señor Luis Carlos Agudelo, padre del joven Kevin Antony Agudelo Jiménez, denuncia que su hijo fue asesinado el día 3 de mayo de 2021 por la Policía Nacional, “por el Goes, exactamente”, mientras participaba en una velatón que se realizaba en Siloé.
Rechaza el ataque aleve, premeditado y agresivo del que fueron víctimas los y las manifestantes por parte de la Fuerza Pública.
Resalta que su protesta pacífica es para exigir una investigación pronta y transparente.
Impugna la actitud de la Fiscalía en términos de poner frenos, talanqueras y oídos sordos a sus reclamos.
Convoca al pueblo caleño a mantener viva la memoria de los jóvenes y para tener en cuenta que “si nosotros como sociedad no ponemos de nuestra parte, nuestra fuerza y nuestro empeño en sacar adelante y tratar de cambiar este sistema tan cruel”, hechos similares se van a continuar presentando porque no hay garantías de no repetición.
La señora Ana Elena Velazco, abuela de Michael Andrés Aranda, se pronuncia exigiendo justicia para su nieto, exigiendo respeto y reclamando por los reiterativos cambios del fiscal asignado a la investigación del caso.
“Pedimos respeto para todos los caídos en el Paro Nacional”, concluye.
La señora Jenny Mellizo, madre de Harold Antonio Rodríguez Mellizo, denuncia que su hijo fue asesinado el 3 de mayo de 2021 en Siloé por la Policía Nacional.
Exige justicia para su hijo y los demás manifestantes asesinados en Santiago de Cali.
El señor Abelardo Aranda, padre de Michel Andrés Aranda, denuncia que su hijo fue asesinado por el Estado el 28 de mayo de 2021 con un tiro de fusil. Hecho que se presentó “en las horas de la tarde cuando su hijo volvía de la marcha que hubo desde la Glorieta de Siloé hasta la Universidad del Valle”.
Una mujer lee en voz alta el nombre de las víctimas de la represión en Santiago de Cali, en seguida un coro de voces de mujeres y hombres humildes de todas las edades grita “no está el Estado lo mató”.
Uno tras otro.
Ella dice: "Jhonny Silva Aranguren". La comunidad responde: "no está el Estado lo mató".
El curso de formación integral en garantía y protección de derechos humanos de las personas que ejercen el derecho de reunión, manifestación pública y protesta ordenado como Medida de Reparación Integral por el Consejo de Estado no le sirvió de nada al Esmad, porque en la práctica los hechos continúan demostrando que los derechos humanos son papel mojado para el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Es evidente y doloroso que para las familias los derechos humanos son papel mojado en la sangre de sus familiares víctimas de tantos crímenes atroces cometidos por el Estado de Colombia. Hechos que ofenden la conciencia ética de la humanidad.
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