Justicia reproductiva en México… ¿y en Colombia?

Justicia reproductiva en México… ¿y en Colombia?

El 7 de septiembre de este año, la Suprema Corte de México encabezó los titulares internacionales al declarar, por unanimidad de sus integrantes presentes en la sesión, que criminalizar el aborto en toda circunstancia es inconstitucional.

La Corte llegó a esta conclusión reconociendo que la libertad reproductiva es un derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes protegido en la Constitución.

Esta libertad incluye el derecho a decidir interrumpir un embarazo no deseado. El efecto más inmediato de la sentencia es que ninguna mujer puede ser llevada a prisión por abortar en el país. Ni tampoco los médicos que realicen su práctica.

Por los efectos retroactivos de la sentencia, las mujeres acusadas o procesadas por el delito en el estado de Coahuila -donde se originó el caso- ya están siendo liberadas.

Además, la Corte instruyó a la Defensoría Pública para que los abogados de oficio asesoren a las mujeres acusadas de abortar en otros estados y puedan promover amparos (tutelas) para quedar en libertad.

Un fallo histórico sin duda. No más cárcel ni multas por abortar.

El máximo tribunal del país cumplió su tarea. El balón está ahora en la cancha del Congreso Federal para regular el aborto como un servicio de salud reproductiva dentro las primeras semanas de la gestación. Al igual que las legislaturas de 27 estados que todavía establecen el aborto voluntario como delito, y tendrán que reformar sus leyes para incluir un plazo razonable en el cual el aborto sea legal.

Asimismo, el Congreso Federal deberá regular la objeción de conciencia de los médicos y las enfermas de acuerdo a las pautas constitucionales dadas por la Corte en otro fallo del 21 de septiembre.

La objeción de conciencia no podrá servir para negar servicios de salud reproductiva a las mujeres ni alegarse en casos de urgencia, riesgo a la vida o salud de las usuarias. Es un derecho de los médicos individual y limitado, de acuerdo con la última sentencia de la Corte.

Evidentemente este es un triunfo del feminismo mexicano y de los colectivos de mujeres trasnacionales que han levantado sus pañuelos verdes por todo el continente reclamando que el Estado garantice el aborto legal y seguro como un derecho fundamental.

La marea verde ha permeado los recintos legislativos y judiciales promoviendo fallos con perspectiva de género, como los recientes de la Corte mexicana.

Un constitucionalismo sin duda transformador por la resignificación jurídica del aborto, tanto tiempo visto como un delito que estigmatiza y discrimina a las mujeres, sobre todo a las más pobres.

Ahora es un derecho constitucional en México y el Estado tendrá que respetar y garantizar las decisiones reproductivas de las mujeres sin amenazarlas con cárcel. Tremendo cambio de ruta judicial.

La pregunta es: ¿qué pasará en Colombia?

La Corte Constitucional está pronta a fallar la demanda de las organizaciones de mujeres a favor de la Causa Justa, en la que se reclama, de igual manera, la inconstitucionalidad del delito de aborto.

La Corte Constitucional tiene, al igual que la mexicana, una oportunidad de oro. Fallar a favor del derecho a decidir: reconocer con firmeza la libertad reproductiva de las mujeres colombianas, expandiendo la sentencia de 2006, que despenalizó el aborto por causales.

La Suprema Corte de México le está dando poderosos argumentos a la Corte Constitucional para hacerlo. El derecho a decidir se encuentra estrechamente vinculado con otros derechos humanos establecidos en la Constitución: la igualdad y no discriminación, la salud, la privacidad, la dignidad y el desarrollo a la libre personalidad.

Todos son derechos sustantivamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Cabe destacar que la Suprema Corte de México consideró al embrión o feto un “bien constitucionalmente protegido”, pero nunca equiparable a una persona humana ya nacida. Por ende, la protección de la vida prenatal debe hacerse de forma gradual y tomando en cuenta los derechos humanos de las mujeres en juego, como ya lo ha señalado la Corte Interamericana en el fallo de Artavia Murillo vs. Costa Rica (2012).

No hay manera de proteger la vida en gestación sin proteger los derechos de las mujeres embarazadas. Por ende, la Suprema Corte de México ha considerado que se debe establecer un plazo razonable para interrumpir el embarazo en las primeras semanas de gestación.

Así se decidió también en el 2008 al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México que contempló un plazo de 12 semanas para abortar.

La esperanza es que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de la libertad reproductiva de las mujeres colombianas, pues las causales no son suficientes para garantizar sus derechos.

Así lo evidencian los distintos obstáculos que encuentran las mujeres para acceder al aborto en las causales legales y por los cuales se han tenido que promover tutelas en los últimos años. Por ende, es claro que “no hay cosa juzgada”.

Existen evidencias fácticas sobre la falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las causales y nuevos desarrollos en el derecho internacional que protegen los derechos reproductivos de las mujeres para que la Corte Constitucional considere que el asunto no está del todo zanjado.

La Corte Constitucional de Colombia puede hacer historia y sumarse a la justicia reproductiva impartida recientemente por la Corte mexicana, sentando otro precedente a favor de la igualdad de género en América Latina.

¿Lo logrará? Ojalá sí.

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