Justicia virtual para los más vulnerables

Justicia virtual para los más vulnerables

Desde la expedición del Decreto 806 en junio de 2020, que implementa el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, muchos abogados pensamos que había llegado el tan anhelado momento de la virtualización de los procesos judiciales.

Ya habíamos tenido una esperanza similar cuando se comenzó a hablar de la llegada, por fin, del expediente digital, que parecía materializarse un par de años atrás.

Para quienes trabajamos por mejorar el acceso a la justicia de comunidades e individuos con condiciones de vulnerabilidad o en regiones apartadas, la llegada de estas medidas fue un alivio.

Si bien el acceso a Internet no ayuda, y aún menos fuera de las ciudades principales, la digitalización de la justicia conlleva a varias oportunidades que son clave en un país como Colombia: contar con asesoría pro bono en caso de requerir un abogado y poder ejercer acciones y derechos sin requerir un abogado.

Esto, que parece contradictorio, en realidad se complementa. Los abogados que prestan sus servicios pro bono, es decir, de manera voluntaria y gratuita a quienes no cuentan con recursos para pagarlos, lo hacen desde las grandes ciudades, y las posibilidades que se abrieron con el Decreto 806 permitieron asumir representaciones judiciales de casos a distancia.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) al construir el Índice de Acceso Efectivo a la Justicia, que mide y compara la capacidad departamental de proveer un acceso efectivo al administrador de justicia y satisfacer las necesidades jurídicas de la población, identificó las seis dimensiones que permiten medir el nivel de acceso a dicho derecho.

Entre estas, se identificó la importancia de tener asistencia legal, es decir, tener una asesoría o una representación judicial para resolver sus necesidades jurídicas.

Uno de los indicadores para medir esta dimensión fue el potencial de asistencia pro bono, reconociendo así esta labor como una de las herramientas para poder solucionar las necesidades jurídicas insatisfechas por asistencia legal.

Dentro de las regiones priorizadas, el nivel de servicios pro bono se encontró muy bajo, por lo cual es pertinente prestar estos servicios de manera remota a través de mecanismos virtuales para lograr satisfacer las necesidades jurídicas declaradas de la población en la región.

Por otra parte, la barrera del desconocimiento de derechos y la manera de ejercerlos es enorme. Educar e instalar capacidades acerca de cómo acceder a la justicia también se facilita mediante los mecanismos virtuales.

Acciones como el derecho de petición y la tutela, que pueden ser instaurados sin necesidad de tener a un abogado, tienen en todo caso unas formalidades en cuanto al procedimiento, los documentos a aportar como soporte y la manera de presentar la solicitud, entre otras, que no lo hace asequible a cualquiera.

Poder hacerlo de manera virtual agrega eficiencias en estos aspectos (formatos listos para su diligenciamiento, evitar desplazamientos innecesarios para obtener documentos físicos o radicar recursos).

Todo lo anterior sumado al beneficio ambiental de ahorrar millones de expedientes de papel.

Brindar orientación legal y llevar a cabo representaciones judiciales desde la distancia, por medio de abogados pro bono, aumenta el acceso a servicios de justicia más eficaces e inclusivos, que respondan efectivamente a las necesidades jurídicas insatisfechas de regiones apartadas y, sobre todo, permita a la población en territorio conocer sus derechos y ejercerlos. 

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