Hoy en día, la exponencialidad del crimen organizado en regiones como el Caribe colombiano manifiesta una violencia asociada al tráfico de drogas, mayormente auspiciadas por el Clan del Golfo y subestructuras como los Costeños, los Rastrojos Costeños, los Pachencas, entre otras.
Lo preocupante es que gran parte de los integrantes de estos grupos urbanos son adolescentes y jóvenes. De acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Srpa), el 12,35% de los adolescentes y jóvenes han pertenecido a bandas criminales y el 12,17% ha pertenecido a pandillas.
La estructura macro o sombrilla financia a grupos juveniles o bandas en sectores focalizados dándole vida a subestructuras urbanas que desestabilizan las ciudades, tal como se ha evidenciado en los denominados Paros Armados.
Los jóvenes urbanos, al parecer inspirados en la vida fácil con ánimos de poder e ingresos, voluntariamente acceden a los grupos o bandas criminales con un pseudopoder trasferido por medio de un arma de fuego que les da cierto nivel de decisión para concurrir en cualquier accionar delictivo.
Los agravantes en medio de estas violencias pasan por manifestaciones de crueldad e incluso de pruebas, desatando un sinnúmero de hechos aberrantes, como es el caso de los desmembramientos.
Y aunque para las autoridades sean hechos aislados, han seguido patrones temporales muy claros. Solo en el 2013, año que coincide con la consolidación de Los Costeños como una disidencia de Los Rastrojos, hubo cinco casos de desmembramiento. Entre el 2016-2017, cuando las AGC regresan a Barranquilla, hubo siete casos de desmembramiento. Entre finales de 2021 y los primeros seis meses de 2022 hubo tres casos.
En medio de conflictos entre bandas criminales los jóvenes son víctimas y victimarios. De las 22 personas desmembradas halladas por partes en distintas zonas de la ciudad, 18 de ellos son menores de 30 años.
La desestabilización en las ciudades es evidente por todo lo mencionado anteriormente, sumado a delitos como hurtos, homicidios selectivos, masacres y extorsiones. Se evidencia entonces un crecimiento desmedido de la criminalidad y, por ende, un temor generalizado en la ciudadanía.
Según el informe del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, con base en cifras de la Policía, la extorsión creció un 150 por ciento en Barranquilla entre 2021 y 2022. Pasó de 157 a 392 extorsiones registradas, además del aumento sostenido de la violencia en los últimos 3 años, derivado del fortalecimiento de los grupos criminales.
En el documento se comparan los principales delitos entre 2021 y 2022, mostrando que en el último año hubo un alza en la mayoría de las modalidades de hurto, entre las que destaca un aumento del 109% de hurtos a entidades financieras y 41% a personas.
Según cifras de la Policía, en Barranquilla y su área metropolitana se registran 169 homicidios en lo que va del año, 26 más que en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con los registros de las autoridades, el departamento del Atlántico cerró enero de 2023 con 74 homicidios, 22 casos más en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 52. El Distrito registró 33 casos, Soledad 29, Galapa 1, Malambo 2, para el área metropolitana; y en el resto del departamento se presentan 4 en Repelón, Sabanalarga 2, Campo de la Cruz 1 y Sabanagrande 1.
Para referenciar un poco más la asociatividad de la población juvenil con la violencia desmedida, a nivel nacional, según un comunicado emitido por el periódico EL Tiempo en el 2018 del informe Forensis de Medicina Legal, 710 menores de edad entre cero y 17 años fueron asesinados. En promedio, dos diarios. El rango con más casos es el comprendido entre 15 y 17 años, con 545 casos. Entre 2018 y 2019, 883 menores de entre 0 y 10 años fueron asesinados en el país. En los mismos dos años Cali lideró la cantidad de menores de edad muertos entre los 0 y los 18 años. En el 2020, hasta el 31 de julio, 294 personas clasificadas como ‘menor’ o ‘adolescente’ fueron asesinadas en Colombia. De esos casos, 34, es decir el 11 por ciento, ocurrieron en Cali. Es la ciudad con mayor cantidad de fallecidos en esos rangos de edad en el país. Le siguen Bogotá, con 20 casos, Medellín con 12, Soacha con 12 y Barranquilla con 9 casos.
Por otra parte, en un informe del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Srpa), durante el 2021 se atendieron a 13.313 usuarios, de los cuales 6.636 son atendidos en modalidades no privativas, 5.745 en modalidades privativas, y 932 en apoyo posinstitucional. La trayectoria por tipología del delito relaciona un 23% hurto, un 14% tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y 10% violencia intrafamiliar. En relación con la edad y sexo se destaca que desde el 2007 hasta el 2021, el 88% de los adolescentes en el Srpa son hombres y 12% mujeres, y el 59% tiene entre 16 y 17 años.
Para el caso de la ciudad de Barranquilla un agravante fue la pandemia. Tal como lo afirma una nota del Heraldo “La odisea de estudiar en casa en una pandemia”, en la ciudad cerca de 5.000 estudiantes perdieron contacto académico tras la crisis. Lo que develo las desigualdades en la educación pública y privada.
Y la afectación fue mayor en las localidades del sur de la ciudad donde más se sufrió de deserciones por el poco acceso a herramientas tecnológicas o internet, además de no contar con espacios de privacidad en sus hogares para estar concentrados en sus clases. Lo que derivó en que muchos de estos jóvenes se vincularan a pandillas juveniles o peor aún a estructurales de bandas criminales.
Estos grupos de jóvenes pandilleros, pasaron de ser actores de rencillas con fronteras invisibles a pertenecer a subestructuras ilegales al servicio de estructuras armadas consolidadas en el país.
Estas franquicias delictivas son células de frente al rio y al mar, son utilizadas para inspeccionar rutas (Campaneo) y desarrollar estrategias para masificar los negocios ilegales. Las nuevas formaciones de estas células también tienen poder de armas e incluso desarrollan acciones mercantiles.
El accionar delictivo de los jóvenes esta también asociados al sicariato. La evolución de esta práctica nefasta de crimen ha llevado a establecer un orden del poder de armas al servicio de escuelas de sicarios en el Caribe.
En algún momento el sicariato en los años 80 era mayormente ultimados por personas provenientes de Antioquia, lo que evidenció una ola de violencia en los territorios, se presume que había personas en medio de carteles que podían ser subcontratados para ejercer el sicariato a lo largo y ancho de los territorios del Caribe. Ahora bien, las nuevas dinámicas permiten tener a través de ese reclutamiento jóvenes o pandillas para operar localmente, lo que comúnmente se les denomina “vuelteros”.
En todos estos referentes los jóvenes fueron objetos en la utilidad camuflada para cometer los delitos; muchos de ellos, insisto, son menores de edad. La realidad que nos atañe hoy por hoy se relaciona con el crecimiento y fortalecimiento de bandas criminales usando plataformas de pandillas permitiendo así acciones escalonadas de crimen organizado y paralelamente delitos comunes, como hurtos. Es decir, es una relación simbiótica.
Los conflictos urbanos con sus múltiples dinámicas exterminadoras, amparado bajo el negocio del narcotráfico y tráfico de armas, definieron un norte hostil para los jóvenes que se matan entre sí frente a una guerra de intereses.
A manera de recomendación, es importante resaltar que los procesos de intervención en los polígonos con mayor intensidad conflictiva deben ser atendido con toda la oferta institucional. Los jóvenes cada vez están expuestos a desviación social, el acompañamiento en proceso de salud mental es necesaria en la armonización del entorno con garantías de seguridad social, la flexibilidad en la educación deben ser garantías de diálogo constructivo con los jóvenes, la base social debe intentar conducir a procesos de cocreación de abajo hacia arriba. Es decir, se deben construir espacios formativos que partan de las ideas de los jóvenes en los diferentes sectores que se materialicen en programas que fortalezcan habilidades para la vida y el trabajo digno.
Hay que poner los ojos en la violencia juvenil que se ha convertido en la puerta de ingreso al mercado criminal. Los retos en medio de esta marea de violencia en lo jóvenes merecen un tratamiento especial que vincule a los sectores productivo en las orientaciones laborales, que se definan políticas públicas de empleabilidad y direccionamiento a la formalidad laboral partiendo desde los espacios institucionales.
De igual forma, es fundamental el apoyo de la fuerza pública en estrategias de integración socio-cultural para el fomento de dinámicas participativas, asimismo como promover la cultura de paz a través de la gestión y apoyo de la cooperación nacional e internacional. La apuesta de paz total tiene un reto enorme con la juventud.
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