La “guerra” perdida contra la coca y la minería ilegal en el Caribe

La “guerra” perdida contra la coca y la minería ilegal en el Caribe

Esta columna fue escrita en coautoría con Camila Orozco Flores.

A diferencia de la reducción observada en otras regiones del país, los cultivos de coca y la explotación de oro de aluvión en el Caribe registraron aumentos en los departamentos de Córdoba y Bolívar.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en sus más recientes informes sobre cultivos ilícitos y explotación de oro de aluvión, la región central, donde se incluyen los departamentos de Córdoba y Bolívar, ocupa el tercer lugar de afectación de cultivos de coca y es la única que presentó un incremento (24 %).

En Córdoba, los cultivos de coca están presentes al sur del departamento, en donde crecieron en mayor medida en San José de Uré (51 %), en Montelíbano (41 %) y en Puerto Libertador (32 %). Los municipios con más hectáreas sembradas son Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano. En Valencia las hectáreas sembradas de coca son muy pocas, por lo que no se considera una zona relevante para explicar las tendencias del departamento.

En el caso del departamento de Bolívar, 13 de sus 44 municipios tienen sembrados cultivos de coca (todos ellos ubicados en el Sur del departamento). Este es el territorio con mayor crecimiento de cultivos de este tipo. Además, el informe reporta la consolidación de un nuevo enclave regional en San Pablo-Taracué, localizado en el municipio de San Pablo, zona en donde recientemente se han presentado acciones armadas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército Nacional de Liberación (ELN) y las disidencias del Frente 37 de las antiguas Farc-EP. San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Cantagallo y Montecristo son los municipios con más hectáreas sembradas de coca.

¿Cuál fue la tendencia de la explotación de oro de aluvión en el 2020?

El 53 % de la detección nacional de explotación de oro de aluvión (Evoa) se localiza en diez municipios. Entre las zonas con mayor presencia de Evoa en tierra, se destacan Ayapel (Córdoba), que mantiene niveles estables en relación con el año pasado, y Montecristo (Bolívar), que registra una leve reducción. Sin embargo, Bolívar ocupa el tercer lugar en el país, con 10.583 hectáreas, que corresponden al 11 % del total nacional.

La coincidencia de cultivos de uso ilícito y la explotación de oro presentó un incremento del 5 por ciento en el departamento de Córdoba. Por otro lado, se identificaron nodos de crecimiento de ambas actividades en el sur de Bolívar, en los municipios de Río Viejo, Arenal y Simití. Además, en cinco municipios (tres en Bolívar y dos en Córdoba) los cultivos de coca se redujeron y aumentó la explotación de Evoa en tierra. Esto podría significar mayor rentabilidad de la minería en algunos territorios y una posible transición coyuntural en las economías ilegales. Es decir, la disminución de algunos cultivos a nivel municipal podría estar relacionada con el aumento de la explotación de otras rentas, como la minería.

¿Cómo afecta esto los conflictos armados en el Caribe colombiano?

En el sur de Bolívar y sur de Córdoba hay presencia de varios grupos armados: AGC, Los Caparros, el ELN y disidencias de las extintas Farc-EP.

En el sur de Córdoba, las AGC se enfrentan a Los Caparros por el control de algunas economías ilegales y la extorsión de otras legales. En el sur de Bolívar, el ELN y las AGC tienen un pacto de no agresión que se ha visto retado por el intento de disidencias de las Farc-EP de ingresar al territorio. El procesamiento y posterior exportación de hoja de coca y la minería ilegal han sido la mayor fuente de financiamiento de los grupos armados durante los últimos años. El incremento de cultivos de coca y la estabilidad de la explotación de oro de aluvión indican que estos grupos tienen razones para permanecer en los territorios y mantener a las poblaciones locales en un contexto de vulnerabilidad, ante la posibilidad de disputas por estos recursos.

No es casualidad que justo en los territorios de mayor incremento de cultivos de coca y explotación de oro se concentren las mayores afectaciones para la población civil. Recientemente, mil personas fueron desplazadas en el sur de Bolívar, el líder social Oswaldo Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Mina Piojó y líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar en el municipio de Montecristo, fue asesinado y se registraron amenazas contra los habitantes de algunos corregimientos.

Los grupos armados no solo están persiguiendo economías derivadas del narcotráfico, sino que también están detrás de algunas actividades legales. Una tarea todavía pendiente es comprender esas relaciones, a fin de superar la narrativa clásica que asume que la violencia es solo resultado de los cultivos de coca.

¿Por qué aumentaron los cultivos de coca? Dos hipótesis

Con el 2020, Bolívar lleva tres años consecutivos rompiendo el récord de hectáreas sembradas de cultivos de coca desde 1999. Para Córdoba, este fue el segundo año con más hectáreas de coca sembradas desde 1999, solo superado por el 2018 con apenas 128 hectáreas de más. Bolívar y Córdoba son el sexto y el séptimo departamento que más producen coca en Colombia. Dos municipios de Bolívar (San Pablo y Santa Rosa del Sur) se encuentran dentro del top 20 de municipios con más hectáreas de coca sembradas de Colombia. En ese sentido, no se trata de un incremento coyuntural, sino de una tendencia que inició con la firma del Acuerdo de fin del conflicto con las Farc-EP.

Las razones por las que en el Caribe aumentan los cultivos de coca mientras en el resto del país la tendencia es a la reducción son varias y, hasta tener mayor información, ninguna es concluyente. No obstante, dos hipótesis podrían estar relacionadas con esto.

En primer lugar, el avance lento e incompleto del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). Aunque las familias inscritas han recibido apoyos para la seguridad alimentaria, ni en Bolívar ni en Córdoba hay familias con proyectos productivos implementados como resultado del programa. Como lo han mostrado varios analistas, aunque el Pnis tenía un enfoque integral de transformación del territorio, en la práctica las familias han cumplido con la erradicación voluntaria, pero no han recibido el acompañamiento necesario para poner en marcha proyectos productivos que permitan remplazar a la coca como principal elemento de su economía.

A esto hay que añadir que muchos de los líderes sociales asesinados eran firmantes del Pnis y promovían su implementación en el sur de Córdoba y el sur de Bolívar, por lo que al no incluir esquemas de protección para quienes abanderaran el programa, el Pnis puede llegar a ponerlos en riesgo indirectamente. La lenta implementación del Pnis y el saboteo de los actores armados pueden haber contribuido al aumento. No obstante, estas no son solo condiciones del Caribe, sino de todo el país, por lo que no logran explicar la tendencia.

La segunda hipótesis está relacionada con el llamado “efecto globo”. Es decir, la posibilidad de que un incremento de la presión del Estado en algunos territorios reduzca efectivamente la presencia de grupos y rentas ilegales en ellos, pero los incremente en otros.

Hacia el 2015, las hectáreas sembradas de coca en Bolívar y Córdoba eran prácticamente irrelevantes en términos nacionales. Por ello, la presión militar de los años siguientes estuvo concentrada en otros departamentos que sí redujeron considerablemente las hectáreas sembradas y han mantenido esta tendencia. No obstante, lo “ganado” en reducción en otras subregiones podría estarse “perdiendo” en otras.

A día de hoy, la presión militar sobre departamentos como Nariño, Chocó y la subregión del bajo Cauca podría estar llevando a algunos grupos armados a replegarse hacia el norte del país y explotar nuevamente rentas ilegales que allí obtenían en el pasado. En cualquier caso, la tendencia al aumento en el Caribe es una muestra de que la política militar represiva contra los cultivos de coca no está funcionando, y que cualquier “victoria” que se reclame por la reducción de los cultivos en una subregión es solo parcial mientras este sea el enfoque que se asuma.

Hacia el 2013, en Puerto Libertador (Córdoba) solo había 36 hectáreas sembradas con coca. Siete años después, hay 1.148. Una historia similar puede contarse de San José de Uré, San Pablo, Simití o Cantagallo. Lo cierto es que nunca se ganó la “guerra contra las drogas”, ni se ganará si se sigue asumiendo que es una guerra que solo se enfrenta militarmente.

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