La cadena perpetua: educación, castigo y justicia

La cadena perpetua: educación, castigo y justicia

Durante una clase de inglés de cuarto grado, menos de un minuto después de darles la espalda a mis estudiantes para escribir en el tablero, explotó una bulla; sillas moviéndose, pupitres en el piso, estudiantes de otras clases llegaron corriendo a alentar una repentina pelea entre dos estudiantes que había empezado en mi salón.

Agarrados a puños y atacándose con lápices que habían afilado previamente, se estaban haciendo daño. Quedé paralizada. No llevaba más de una semana de profe y no sabía bien cómo actuar ante semejante e inesperado campo de batalla.

Intenté separarlos, pero temía salir yo herida. Llegaron otros profes, hombres, y gritando lograron intimidarlos, con fuerza los jalaron de los brazos, los separaron y llevaron a coordinación mientras yo intentaba calmar al resto de la algarabía que había generado la pelea.

Uno de los involucrados se metía o provocaba una pelea casi a diario. “El roca”, le decían.

Era la segunda o tercera vez que repetía cuarto de primaria y no había mucha esperanza de que lo fuera a pasar ese año. Llegó su mamá y le gritó: “¿Otra vez te dejaste pegar? Sí que eres marica, estás con el desorden y te dejaste pegar, me toca venir hasta acá yo tengo un poco'é cosas que hacer en la casa, ya vas a ver cómo te voy a dar un cocotazo”. Cogió el brazo de un pupitre que se había quebrado y le pegó duro en la cabeza tres veces. Me dolió a mí. Él empezó a llorar, cogiéndose la cabeza en la que creció un chichón.

La reacción mayoritaria -y esperada- de las madres y padres de familia ante cualquier “falta” de sus hijos era el castigo. Recuerdo que me decían que me faltaba “carácter y mano dura”, que tenía que “darles duro para que aprendan”. En varias ocasiones me pedían que yo les pegara o que los sacara del salón. Pero, con tantas peleas que había diarias en tantos salones, si los sacaba terminaban todos afuera haciendo más peleas y no evitaba que lo volvieran a hacer.

La educación –como está concebida tradicionalmente– y la justicia comparten la idea que un error o falla precede una consecuencia punitiva. Esto lo heredamos desde el año 1700 antes de cristo con el Código de Hammurabi: “ojo por ojo, diente por diente”.

Por esa consecuencia, se presume, el sujeto aprenderá a no volverlo a cometer y los demás sujetos, al conocer esa consecuencia, tampoco lo cometerán (teoría de disuasión).

En la justicia, el orden justo de cómo deben ser las cosas, será balanceado por la pena que pague quien lo cometió, y, además, incapacitará al delincuente para volver a cometer el delito, pues está encarcelado.

Esta línea argumentativa sostiene también que la severidad de la pena debe corresponder a la gravedad del error –o delito–. La justicia retributiva, o punitiva, son el marco teórico de nuestro Código Penal y del sistema carcelario que, a pesar de los intentos de transitar a una justicia más restaurativa y rehabilitadora, en el imaginario colectivo aún no es así.

Así mismo, en el imaginario de la mamá –y de la gran mayoría de mamás de mis estudiantes– si un compañero le pega a su hijo, este debe responder con un golpe más fuerte y “no dejarse pegar”.

Opera muy parecido a la venganza y es extremadamente popular.

Esta práctica, en la educación, deriva del condicionamiento conductual, que presume que cuando una conducta es reforzada, el ser humano probablemente la repetirá; si es castigada, no la repetirá. Por ejemplo: si al “Roca” le dan un dulce por pelear con un compañero, seguramente lo volverá a hacer, pero si le pega su mamá y lo castigan en el colegio, no lo hará.

Esto implica condicionar el comportamiento a motivaciones extrínsecas, externas a su fuero interno, y no motivaciones intrínsecas, por su propia consciencia. Por eso me insistían, y reprochaban, que cuando se portaran mal o no aprendían, yo ("la Seño") no los castigara; era esperado que debía hacerlo (incluso pegarle) para que se comportaran y/o aprendieran.

Una educación que se sostenga a punta de incentivos -castigos o premios- es insostenible, no solo por los recursos que ello implica, sino porque no desarrolla las habilidades socioemocionales para que la persona, autónoma y conscientemente, tome decisiones más acertadas y menos lesivas para quienes lo rodean. Niega la agencia.

Ya la humanidad, gracias a la psicología, sociología y todas las ciencias humanas y sociales han entendido que no funcionamos así.

¿Realmente la cárcel impide que el delincuente reincida en cualquier acto delictivo? ¿Realmente la amenaza de una pena inhibe al ser humano a cometerla? Solo para darles un dato, según el Inpec, en Colombia la reincidencia aumentó un 110 por ciento en el 2019. ¿Realmente una expulsión, o la amenaza de una mala nota, hace que un estudiante aprenda? ¿Realmente cumplir una pena como retribución al estado por infringir sus normas y/o a la víctima por causarle un daño, hará justicia para a esa víctima?

La respuesta no es tan blanco y negro y ha habido cualquier cantidad de tesis de maestrías y doctorados, estudios, investigaciones y teorías para intentar responderlas. No lo haré en esta columna.

Lo que sí sé, no por teoría ni investigación, sino por mi experiencia como educadora lo últimos cuatro años, es que ningún aprendizaje, o por lo menos ninguno significativo, deriva del castigo.

Pero sobre todo sé que si un estudiante le pega a otro, o no hace la tarea, o raya las paredes, o comete cualquier otra “falta”, castigarlo no solo no solucionará la causa o motivación de esa conducta, ni impedirá que lo vuelva a hacer, ni disuadirá a otros a cometerla, ni sanará a quién haya sido afectado, sino que invisibiliza la verdadera causa.

En vez de enseñar empatía, convivencia, manejo de emociones y que, en últimas, pegarle a otro compañero está mal por todas las razones que sabemos, enseñará que pegarle a mi compañero, y me pillan, seré golpeado/castigado, lo que no necesariamente me motivará a no hacerlo.

“El Roca” se metía en peleas aun si su mamá lo iba a “cocotear” de la brutal manera que lo hizo, aun si lo iban a castigar en el colegio o aun si significaría volver a repetir cuarto; él se metía en peleas por que era la única manera que sabía sobre cómo convivir y relacionarse, pues nunca le enseñaron otra, e incluso cuando lo castigaban, estaba recibiendo atención que necesitaba y estaba exigiendo, que de ninguna otra manera recibía.

La justicia no es sinónimo de castigo, así como castigar no es sinónimo de enseñar.

Todo este análisis es la antesala para hablar sobre el popular proyecto de ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad que radicó el presidente hace unas semanas. Tuvo tanta acogida y fue tan celebrada que, el Congreso al aprobarlo, se le olvidó que la cadena perpetua es inconstitucional y que en Colombia, como Estado Social de Derecho que ha ratificado tratados internacionales de Derechos Humanos, tal proyecto no tenía piso jurídico además de los vicios de forma. Pero ese no es lo que me indigna del proyecto; es la miopía y colectiva e histórica confusión entre justicia y castigo, venganza y justicia y la nefasta incomprensión de la verdadera causa de la sistemática violencia sexual.

No estoy de acuerdo aun si estuviera comprobado y megagarantizado que una pena más dura disuadiría a otros futuros violadores a cometer ese delito. La violencia sexual no se previene con penas más duras, la violencia sexual deriva de un sistema machista patriarcal que les ha enseñado a los hombres machos que tienen poder sobre el cuerpo de aquellos indefensos, que ha enseñado a ejercer su existencia y sexualidad desde la opresión, la dominación y la violencia. Y se los ha enseñado el ejercicio de la masculinidad de todo y todos lo que los rodea.

No hay pena ni castigo que contrarreste esa socialización sexual tan permeada e incorporada en nuestra sociedad.

¿Quiénes son los violadores de menores? Para el 2019, según el Dane, hubo en promedio 61 casos de abusos a menores al día. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó que los principales agresores de la niñez son sus parientes, siendo el 46 % de los casos. Les siguen los conocidos (22 %), otros (14 %), los amigos (11 %) y la pareja o expareja (7 %).

Según el más reciente informe del Dane sobre fecundidad, cada día 13 niñas entre los 10 y 14 años dan a luz. En este rango de edad se presume que fueron víctimas de violencia sexual según la legislación colombiana, y de nuevo, el agresor es en la mayoría de los casos (el 52,71 %) un familiar; en el 24,22 %, un conocido; en el 9,17 %, un amigo; en el 7,40 %, su pareja; en el 4,35 %, un desconocido, y en el 1,17 % es el encargado del cuidado.

Un hombre no deja de violar a algún menor porque tenga una pena. La amenaza de castigo no protege al menor. Si lo hiciera, la pena que ya tiene nuestro Código Penal fuera suficiente para “enseñar” que los menores no se les viola, pues hay que protegerlos.

Además, se supone que quienes están más interesados en proteger a menores son sus propios familiares, a quienes les compete, “por naturaleza”, su protección y cuidado. Pues no.

La cultura patriarcal machista es mucho más fuerte que el sistema penal y justifica, por encima de cualquier cadena perpetua, esa conducta, incluso para familiares.

Si denunciar implicara una pena tan dura, siendo el 86 % de los casos el agresor es un familiar, conocido, amigo o pareja/expareja, su víctima o quien esté encargado estaría inhibida de denunciar pues hay un lazo afectivo que lo impide. Hacerlo armaría un más complejo conflicto en la familia e incluso, conociendo el contexto colombiano, se expandiría en la comunidad.

Y, además, si lo denuncian y lo encarcelan, ¿repararía al menor? Perdería un familiar, quizás una fuente de ingreso y si todos los casos de agresores estuvieran efectivamente en la cárcel, resultaría en más hogares de mujeres cabeza de familia.

¿Por qué no hablamos de cómo prevenir esta conducta en vez de cómo reaccionar ante ella? ¿Por qué no proponemos proyectos educativos de nuevas formas de ejercer la masculinidad? ¿Por qué no diseñamos e implementamos, así como hay rutas de atención para víctimas de violencia sexual, también rutas de atención y acción para quienes agredieron para que puedan reparar, desaprender y aprender a vivir sin violencia? ¿Es realmente más barato y efectivo todo el desgaste administrativo de denuncia, investigación y proceso ante la Fiscalía, condena y manutención carcelaria que campañas, programas y/o intervenciones pedagógicas?

Cuántos menores protegeríamos de ser abusados, e incluso de que, en un futuro, aprendan a perpetuar esa violencia si dejamos de confundir el castigo con la justicia. Porque hay miles, miles de “rocas” entre nosotros, y seguirá habiendo si seguimos insistiendo en enseñarle a que “no se deje pegar”, y pegarle cuando pega, para que no pegue. Eso, ya sabemos, no ha funcionado.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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